Bolivia suscribió 22 Tratados Bilaterales de Promoción y Protección de Inversiones (TBI) que establecen que en caso de existir un diferendo entre el inversionista público o privado y el Estado se acudirá a instituciones como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), el Tribunal de La Haya y las Cámaras de Comercio de París y Estocolmo, entre otros (ver infografía).

"Hay un plazo para denunciar estos TBI, pero no para renegociarlos", porque "cada uno tiene fechas de vigencia, por lo que el trabajo diplomático tiene que ser paralelo". Sin embargo, "todos (los TBI) están en plazo para adecuarlos y suscribirlos nuevamente", informó a La Razón el procurador general del Estado, Hugo Montero.

La Disposición Transitoria Novena de la Constitución Política del Estado (CPE) determina que los tratados internacionales que sean contrarios a la Carta Magna serán denunciados y, en su caso, renegociados en el plazo de cuatro años desde la elección del nuevo Órgano Ejecutivo (2009).

La aprobación del modelo de libre mercado en Bolivia (1985) —que otorgó a la inversión privada un rol fundamental en la economía—, recordó, permitió "al Banco Mundial (BM) condicionar" a los Estados " la concesión de créditos a cambio de la privatización de servicios y la suscripción de TBI".

Dos juicios concluidos

Alba-Unasur sustituirían al CIADI en la región

El procurador general del Estado, Hugo Montero, propuso que la solución de controversias de inversión entre una empresa pública o privada de la región y el Estado boliviano se efectúe a través de un sistema inserto en los acuerdos Alba-Unasur.

Aunque fueron originalmente diseñadas como árbitros imparciales, instituciones como el CIADI tergiversaron su propósito y se orientaron más a la protección de las empresas multinacionales, manifestó el Procurador.

"La sustitución de los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) por un sistema multilateral Alba-Unasur para el tratamiento y solución de conflictos es una lucha más política que legal; parte de una voluntad conjunta para renegociar todos los TBI y al mismo tiempo avanzar en un nuevo sistema que sea compatible con el desarrollo, la protección del medio ambiente y el reconocimiento de la participación social", dijo.