Los empresarios privados calificaron el contenido del anteproyecto de Ley de Promoción de Inversiones que el Gobierno les entregó como “razonable” y “bueno”. La CEPB manifestó que se deberían mejorar al menos cinco artículos para que no exista una mala interpretación.

El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Daniel Sánchez, señaló ayer que con el anteproyecto de ley se contará con un marco legal sobre el cual deberán regirse las leyes de hidrocarburos, minería y los códigos tributario y laboral que se proyectan aprobar.

“No es una mala ley, es una norma corta, razonable y buena. Lo que hay que hacer es mejorar tres o cinco artículos en la redacción del anteproyecto (de ley) y hay que profundizar en algunos temas”, señaló. El miércoles, el presidente Evo Morales entregó el anteproyecto de Ley de Promoción de Inversiones al empresariado privado para que realice un análisis técnico y presente sus observaciones y sugerencias.

Según Sánchez, en la norma se debería aclarar el alcance de la Disposición Adicional Cuarta sobre la aplicación de cárcel de uno a ocho años a las personas que causen daño económico al Estado por la invasión o destrucción de bienes públicos.

Daño. “Hay que clarificar qué cosas se contemplan como daño al Estado, porque de pronto una empresa extranjera quiere pasar por una línea de producción, un gasoducto, un tendido eléctrico o por alguna población donde haya algún riesgo de daño por un tema arqueológico”, señaló. 

Ayer, La Razón informó que con la futura Ley de Promoción de Inversiones el Gobierno ejercerá un control a la inversión extranjera que ingrese al país, porque la misma deberá registrarse en el Banco Central de Bolivia (BCB) “en formatos específicos que garanticen la captura de información referida a los aportes y modalidades de inversión establecidas”. Al respecto, Daniel Sánchez señaló que la medida “es un aspecto positivo y no está mal”, porque el Estado va a realizar un seguimiento detallado a las inversiones extranjeras.

Privados tienen sus propuestas

Predios

El presidente de la CEPB, Daniel Sánchez, señaló que en el anteproyecto de Ley de Promoción de Inversiones debería incorporarse la cárcel para las personas que toman predios privados.

Sugerencia

Sánchez indicó que el presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García deberán viajar al exterior una vez “se haya aprobado la Ley de Inversiones o mientras esté en tratamiento”, para atraer capitales foráneos. Dijo que se debe mostrar a Bolivia como un país amigable para las inversiones.

Conamype pide ser incluida

La Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa de Bolivia (Conamype) lamentó que el Órgano Ejecutivo no los haya incluido en los alcances del anteproyecto de Ley de Promoción de Inversiones. Por ese motivo, el presidente de la Conamype, Víctor Ramírez, indicó que su sector pedirá al Gobierno y al Legislativo participar de la redacción y modificación de los artículos del anteproyecto de ley junto a los empresarios privados.

“Estamos pidiendo al Gobierno que en el proyecto de ley se tome en cuenta las preferencias tributarias para que los microempresarios tengan una tarjeta de registro para que paguen un impuesto reducido y un régimen laboral especial, porque el pago no es mensual, sino por producto”, señaló.   Ramírez dijo que con la futura ley, la Aduana Nacional de Bolivia y las alcaldías deben trabajar para fomentar la producción.

Empresarios aceptan arbitrajes en el país

El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Daniel Sánchez, sostuvo que el sector privado está de acuerdo en que la resolución de controversias se la ejecute en tribunales de arbitraje que estén sometidos a leyes y autoridades bolivianas, siempre que exista imparcialidad en los procesos.

Las declaraciones hechas por Sánchez se deben a que en el parágrafo II del artículo 26 del anteproyecto de Ley de Promoción de Inversiones se indica que las inversiones deberán considerar lo establecido en el parágrafo II del artículo 320 de la Constitución Política del Estado (CPE) y la futura Ley de Conciliación y Arbitraje.

En el citado parágrafo de la CPE se señala que “toda inversión extranjera estará sometida a la jurisdicción, a las leyes bolivianas y a las autoridades bolivianas, y nadie podrá invocar situación de excepción, ni apelar a reclamaciones diplomáticas para obtener un tratamiento más favorable”.

Este medio consultó a Sánchez si está de acuerdo en que los arbitrajes se sometan a leyes y autoridades bolivianas, como establece el anteproyecto de ley, a lo que éste respondió: “Es bueno en tanto y en cuanto se garantice la imparcialidad del arbitraje. Si uno tiene una justicia creíble —que no es el caso boliviano— deberíamos trabajar en quiénes van a ser esos árbitros en las controversias”. También dijo que si hubiera confianza en la Justicia no habría la necesidad de acudir a un arbitraje.

El inciso a) del parágrafo II del artículo 26 del anteproyecto de ley indica que las controversias entre el Estado boliviano y el inversionista extranjero se solucionarán en las formas establecidas en los estatutos o en los documentos contractuales en el ámbito de la jurisdicción boliviana.