Economía

CGE abre proceso contra Suárez por obra aeroportuaria

Contraloría. Se detectó irregularidades en la terminal aérea de Rurrenabaque

La Razón / Iván Condori / Santa Cruz

03:34 / 09 de noviembre de 2013

La Contraloría General de Estado (CGE) suma un nuevo proceso penal contra el exgobernador del departamento del Beni Ernesto Suárez por supuestas irregularidades en la construcción y supervisión del aeropuerto de Rurrenabaque.

El contralor general del Estado, Gabriel Herbas, informó a La Razón que en la gerencia departamental del Beni se recepcionó una denuncia de irregularidad en la construcción de la terminal aérea de Rurrenabaque. 

A decir del titular de la Contraloría, existen múltiples denuncias sobre supuestas irregularidades en la edificación del aeródromo. Muestra de ello, afirmó, es que la infraestructura presenta enormes deficiencias.  

“Cuando revisamos el proceso de contratación se detectó que hay una relación entre la empresa ejecutora y la compañía supervisora de la obra. Esto es una irregularidad porque es ilegal que los funcionarios a cargo de la edificación sean los mismos que fiscalicen”, subrayó.

La autoridad señaló que la irregularidad fue catalogada como una denuncia de carácter penal sobre este tema. “El daño está plasmado en el corto periodo de vida que tiene este aeropuerto, es de conocimiento del pueblo que la pista de aterrizaje presenta fallas y requiere un permanente mantenimiento”.

Reiteró que existió concomitancia entre la compañía ejecutora de la obra y la supervisora, hecho que violenta las normas que señalan que no pueden ocurrir estas situaciones. “La ilegalidad está en el proceso de contratación, porque la constructora no puede ser juez y parte, pues esto quita la independencia de la calidad de la obra, entonces los delitos son de carácter penal”, añadió la autoridad.

Posición. La Razón intentó conocer vía telefónica la versión del exgobernador del Beni Ernesto Suárez Sattori, pero éste tenía apagado su teléfono móvil. En otro caso, Suárez enfrenta un proceso penal seguido por la Contraloría por supuesta malversación de fondos, resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado (CPE) y a las leyes, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.

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