Economía

Chuteros aumentan presión por la nacionalización y activan alerta en el Gobierno

“Nosotros entendemos que tenemos que hacer cumplir esa política, pero también nos preocupa el área social, nos preocupa la situación social", declaró la ministra Amanda Dávila. Los propietarios de vehículos indocumentados de San José de Chiquitos dieron un ultimátum para que se apruebe una nueva nacionalización y los de Caranavi piden $us 5.000 para entregar sus motorizados.

Cochabamba. Un efectivo del COA vigila los motorizados chutos incautados entre el miércoles y jueves.

Un efectivo del COA vigila motorizados chutos incautados en Cochabamba. ANB.

La Razón Digital / Paulo Cuiza / La Paz

12:44 / 28 de agosto de 2014

La presión contra el Gobierno por la nacionalización de autos indocumentados (chutos) aumentó en las últimas horas con amenazas y exigencias de este sector, lo que provocó preocupación en el Ejecutivo, según admitió hoy la ministra de Comunicación, Amanda Dávila.

El Comité de Defensa de Vehículos Indocumentados de San José de Chiquitos emitió ayer un ultimátum dando a las autoridades un plazo de diez días para la legalización, mientras en Caranavi los propietarios de estos motorizados exigieron la renuncia de la presidenta de la Aduana, Marlene Ardaya, y pidieron $us 5.000 dólares por entregar sus motorizados.

Dávila recordó que “ la política del Gobierno es una política de no a la nacionalización de los chutos”, aunque dijo que el gabinete económico debe ser el que analice los planteamientos que realiza este sector.

“Nosotros entendemos que tenemos que hacer cumplir esa política, pero también nos preocupa el área social, nos preocupa la situación social porque entendemos que hay algunos que con mucho sacrificio han traído su vehículo y lo utilizan en las áreas rurales …es un uso en una localidad y no salen de esa región”, declaró la autoridad a Radio Compañera.

Carmelo Gómez, presidente del Comité de Defensa de Vehículos Indocumentados de la provincia San José de Chiquitos, en el departamento de Santa Cruz, anunció que si no reciben respuesta del Gobierno en diez días se declarará paro cívico en la región y “de seguir persistiendo esto habrá un bloque general en toda la chiquitania para hacer escuchar nuestra voz”.

De acuerdo con el comité, se estima que al menos 15.000 vehículos chutos transitan por San José de Chiquitos, que el miércoles fue sede de una reunión de dueños de este tipo de motorizados. El alcalde de este Municipio, Germain Caballero, se declaró defensor de la gente que tiene una opción de trabajo honesta. “No puedo pensar en que nuestra gente tenga afectación a su herramienta de trabajo”, sostuvo en un reporte de la red ATB.

La Aduana Nacional comunicó la anterior semana que al primer semestre de este año se decomisaron más de 800 vehículos indocumentados a nivel nacional dentro de una campaña conjunta con la Policía Boliviana. Ayer, el director regional de la Aduana en Santa Cruz, William Castillo, descartó una nueva nacionalización por tratarse de  vehículos de contrabando y anunció que en cualquier momento se procederá a la incautación de los motorizados ilegales. “La Presidente (de la Aduana) ha reiterado de que va haber nacionalización”, insistió.

Desde Caranavi, el dirigente de la asociación de vehículos indocumentados, Humberto Silvestre, afirmó en Cadena A, el miércoles por la noche, que están dispuestos a entregar sus vehículos si el Gobierno les compensa con al menos 5.000 dólares. Éste advirtió que su sector pidió la renuncia de Ardaya ‘por su incapacidad’ para atender las demandas del sector. “Tenemos la predisponibilidad de entregar nuestros autos pero nos han costado 5.000 dólares promedio”.

Roly Campos, propietario de un auto chuto en San José de Chiquitos, aseguró que en esa zona uno puede adquirir un vehículo ilegal hasta con 400 dólares. “Es nuestra herramienta de trabajo”, añadió otro dueño de un vehículo ilegal, Carlos Céspedes. “Este (carro) lo compré en 2.500 dólares y hago transporte hasta la colonia menonita”, dijo otro titular de un chuto.

Datos de la Aduana Nacional estiman que en el país existen al menos 33.697 vehículos indocumentados.

Las regiones del país donde existe mayor número de vehículos chutosidentificados por la Aduana son Challapata, en Oruro; el Chapare, en Cochabamba; y los Yungas, en La Paz, que son traídos desde Brasil, Chile, Argentina y Paraguay. En el trópico cochabambino, dueños de al menos 2.000 vehículos chutos exigieron la nacionalización de éstos.

Entre las gestiones 1994-2005 se ejecutaron siete programas de regularización de automóviles indocumentados que ingresaron por la vía del contrabando al país. La última nacionalización concluyó en noviembre de 2011 con más de 90.000 vehículos saneados que reportó un ingreso de más de 1.300 millones de bolivianos.

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