Economía

Empleados de YPFB crearon empresas para licitaciones

Juicio. La audiencia de medidas cautelares se suspendió para hoy

La Paz. Selva Camacho es abordada por los periodistas luego de prestar declaraciones en la FELCC.

La Paz. Selva Camacho es abordada por los periodistas luego de prestar declaraciones en la FELCC. Wara Vargas.

La Razón (Edición Impresa) / Jimena Paredes / La Paz

04:49 / 12 de diciembre de 2014

La Fiscalía investiga a dos funcionarios de YPFB y a tres personas particulares que crearon empresas para adjudicarse servicios de catering y publicidad de manera irregular para diferentes eventos de la petrolera estatal. La denuncia fue presentada por YPFB ante el Ministerio Público.

El fiscal que investiga el caso, Leopoldo Ramos, informó el jueves que los funcionarios son Ever Terán Flores, jefe de la Unidad de Comunicación de YPFB, y Selva Camacho Gonzales, que trabajaba en almacenes de YPFB Chaco. Las personas particulares son Erika Rojas Rivero, Guido Alarcón Terrazas y Yalile Bravo Espinoza.

“Lo que hacían era crear empresas publicitarias para adjudicarse servicios de YPFB de manera irregular o ilegal”, aseguró el fiscal Ramos, tras indicar que los hechos vienen de 2013. A los funcionarios se los acusa por uso indebido de influencias y de deberes, en tanto que a las personas particulares por actividad ilícita de particulares con afectación al Estado.

En el caso de Terán, la audiencia de medidas cautelares se realizó el 5 de diciembre y la jueza determinó su detención domiciliaria, informó el fiscal, quien indicó que tras lo sucedido la investigación se amplió a Camacho, Rojas, Alarcón y Bravo, quienes fueron trasladados en calidad de aprehendidos desde la ciudad de Santa Cruz hasta la ciudad de La Paz la noche del miércoles. Ayer prestaron sus declaraciones.

“Hemos pedido la detención preventiva en el penal de San Pedro (para Ever Terán), pero la jueza ha dispuesto eso. La jueza tiene cuatro posibilidades: aceptar, rechazar, aumentar o disminuir (la sentencia)”, señaló Ramos.

El daño económico por esos contratos irregulares aún no es preciso, pero se calcula que está en unos Bs 2,5 millones, complementó el fiscal. La toma de declaraciones a los cuatro aprehendidos se realizó la mañana de ayer en las oficinas de la División Económica y Financiera y la División Corrupción Pública de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de la ciudad de La Paz. Se prevé que la audiencia de medidas cautelas se realice este viernes.

Corrupción. La ministra de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Nardi Suxo, señaló que “por las primeras investigaciones que se realizaron habría una red de corrupción en esta Unidad de Comunicación de YPFB. El presidente Villegas nos hizo conocer, mediante una nota, esta denuncia y nosotros inmediatamente nos hemos apersonado a la misma, está trabajando el Viceministro de Lucha Contra la Corrupción, hemos tenido una reunión de coordinación con los abogados de YPFB para ver este tema”, publicó la tarde del miércoles Radio Fides en su página digital.

Mediante nota de prensa, YPFB señaló ayer que se desbarató un clan de familiares y amigos que conformaron varias empresas para favorecerse con licitaciones que fueron solicitadas por la Unidad de Comunicación de YPFB. Una de ellas se refiere a aproximadamente medio millón de dólares.  Una de las empresas que se conformó era Structura, cuya responsable legal era Ana Belén Camacho, y la persona de contacto, Selva Camacho.

La segunda firma era Bravo Espinoza Yalil. El responsable de ésta era Luis Alejandro Bell Camacho y el contacto, Yalile Bravo Espinoza. La tercera firma era Omnimedia, Comunicación y Eventos Corporativos, a cargo de Guido Alarcón Terrazas, y el contacto era Ana Belén Camacho. La cuarta empresa era Colibrí Agencia Publicitaria, a cargo de Erika Rojas Rivera, el contacto era Julio Cesar Bozo. La quinta empresa era Bell Comunicaciones, a cargo de Ana Belén Camacho. Terán sugería a estas empresas a cotizar los servicios para que éstas participen de procesos licitatorios, y luego una de éstas se adjudicaba para prestar sus servicios, según YPFB.

Defensores y acusados

Abogados

Mónica Irusta, abogada de Ever Terán, rechazó las acusaciones en contra de su defendido e indicó que en el caso de Omnimedia no existió favoritismo porque fue la más barata y cumplió con todo. Erwin Tapia, abogado de Selva Camacho, señaló que su cliente no tenía ninguna influencia al interior de YPFB.

Acusan a Villegas de acoso y éste lo niega

Selva Camacho, que desempeñaba funciones en Almacenes de YPFB Chaco, denunció ayer al presidente de YPFB, Carlos Villegas, de haberla acosado sexualmente cuando trabajaba como jefa de la Unidad de Comunicación. Desde YPFB se informó anoche que en septiembre, Villegas interpuso una querella contra Camacho por los delitos de difamación e injurias, previstos en los artículos 282 y 287 del Código Penal.

En declaraciones a los medios de comunicación, Camacho dijo que fue acosada en varias oportunidades por Villegas y que intentó violarla en dos ocasiones cuando fue citada en dos hoteles. Señaló que no lo acusó antes porque la tenía amenazada. “Me decía que si yo hablaba me iba a botar de mi trabajo”. Manifestó que todo esto se trata de una venganza del presidente de YPFB, por lo que pidió un careo con Villegas para demostrar su inocencia.

En un comunicado, Villegas, que está de viaje desde el lunes, señaló que las afirmaciones de Camacho son “falaces, atacan mi reputación, honor y honra, afectando no solamente a lo personal en cuanto a mi núcleo familiar, sino también profesional e institucional, dada las funciones ejecutivas que cumplo”.

Hugo del Granado Cosio: Debe haber control de la Contraloría

Cuando en una empresa se manejan cantidades de dinero muchas veces de manera discrecional, con poca transparencia, esos son los resultados. No se puede tener confianza en los empleados cuando los controles son deficientes. Ha habido varios casos de corrupción pero los más grandes han sido el de Santos Ramírez y el de Gerson Rojas, por lo de una planta de separación de líquidos, la de Río Grande, que fueron descubiertos de manera fortuita y no por controles internos, ni auditorías. Ha habido varios casos más en Santa Cruz, también en el distrito comercial de Cobija (...). Tiene que haber mejores controles, una participación más estricta de parte de la Contraloría General del Estado, pues los contratos que se firman son de mucho dinero, de muchos millones de dólares (...).

No solo son los hechos de corrupción los que se tienen que cuidar, sino también la eficiencia con la cual se emplean los recursos, los contratos con sobreprecios, son ya una irregularidad que tienen que ser fiscalizadas o monitoreadas por alguien que no sea de YPFB. De lo que se trata es de que puedan haber auditorías frecuentes sobre cada inversión y cada proyecto que se realiza para ver si éstas están en los precios de mercado, si no ha habido desvío de fondos. Hay que tomar en cuenta lo que ha pasado con Petrobras para poder ubicarse en lo que significa el manejo de ingentes cantidades de dinero con falta de controles.

Hugo del Granado Cosio es experto en hidrocarburos.

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