La jueza 1° de Instrucción Anticorrupción, Cinthia Delgadillo, dispuso la detención preventiva de Selva Camacho, Luis Alejandro Bell, Yamile Bravo y Erika Rojas, implicados en la red de corrupción denunciada por la empresa estatal YPFB. 

En la audiencia de medidas cautelares que duró más de ocho horas, la jueza determinó la medida preventiva que fue solicitada por el fiscal Leopoldo Ramos. La autoridad indicó que los delitos que concurrieron fueron asociación delictuosa, enriquecimiento ilícito con afectación al Estado y cohecho.

Esta “red de corrupción” fue denunciada por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) la pasada semana. Apuntaba a los empleados Ever Terán, que cumple arresto domiciliario, y Camacho.

Según la denuncia, ellos integraban un grupo, con vínculos familiares, de cuatro empresas que se han beneficiado de contratos vinculados e ilícitos. Camacho, exfuncionaria de Almacenes de YPFB Chaco, guardará detención en el penal de Palmasola, en Santa Cruz, según la resolución que fue leída hasta las 00.25 de este martes por la jueza Delgadillo.

Antes de ser trasladada a celdas policiales, Camacho anunció ante los medios de prensa que hoy formalizará una denuncia por corrupción en la que supuestamente está implicada una pariente del actual presidente de YPFB, Carlos Villegas.

Para Luis Alejandro Bell, hijo de Camacho, se dispuso la detención en el penal de San Pedro. Él era representante legal de la empresa Bravo, identificada como una de las beneficiadas en este caso. En tanto, Yamile Bravo, quien es propietaria de esta compañía, guardará detención en el penal de Miraflores.

Erika Rojas, propietaria de la empresa Colibrí en Santa Cruz, fue trasladada al penal de mujeres de la zona de Obrajes. Otro implicado, Guido Alarcón, fue enviado a San Pedro la pasada semana.  En la audiencia de ayer, los acusados denunciaron la participación de otros funcionarios de YPFB en el caso.