Economía

Pesquisa en caso YPFB se amplía a otras 10 personas

Corrupción. Incluyen a cuatro funcionarios de la petrolera estatal

La Paz. Selva Camacho (c.), junto a su hijo Luis Alejandro Bell (der.), en la audiencia realizada el lunes.

La Paz. Selva Camacho (c.), junto a su hijo Luis Alejandro Bell (der.), en la audiencia realizada el lunes. Miguel Carrasco.

La Razón (Edición Impresa) / Jimena Paredes / La Paz

01:50 / 17 de diciembre de 2014

La investigación por la adjudicación ilegal de contratos en YPFB se ampliará a diez personas más, cuatro de la petrolera estatal y seis particulares. Las citaciones para que éstas declaren serán entregadas en estos días, informó el martes el fiscal asignado al caso, Leopoldo Ramos.

El fiscal dijo que esta ampliación se debe a que en la audiencia de medidas cautelares realizada la noche del lunes a Erika Rojas, Selva Camacho, Luis Alejandro Bell y Yamile Bravo, implicados en este caso de corrupción, se dieron más elementos para citar a otras personas a las que se investigará.

“La señora Erika Rojas ha empezado a nombrar a algunas personas y ahora lo que tiene que hacer es sentarse para prestar una declaración informativa y con ese texto de la declaración vamos a ir viendo la materia justiciable”, argumentó Ramos, tras señalar también que en esa audiencia la implicada informó sobre el modus operandi de la red de corrupción al interior de la petrolera estatal.

El fiscal complementó que a Rojas se le secuestró una computadora y algunos documentos donde se muestran las acciones de esa red de corrupción, por lo que ahora se le brindará protección para darle seguridad. Rojas es propietaria de la empresa Colibrí en Santa Cruz, una de las que  supuestamente se benefició con los contratos irregulares de YPFB. La jueza 1° de Instrucción Anticorrupción, Cinthia Delgadillo, pidió su detención en el penal de mujeres de la zona de Obrajes de la ciudad de La Paz.

En la audiencia, Rojas pidió al fiscal que haga una exhaustiva investigación de las llamadas entrantes y salientes de su celular para que den con las otras personas que le pedían coimas para adjudicarse contratos. Añadió que entre YPFB Corporación y algunas de sus subisidiarias a las que su empresa Colibrí prestó servicios le deben más de un millón de bolivianos.

“Usted tiene mi celular, yo no escondo nada, porque yo no tengo malicia, ahí pueden verificar que me dan el número de cuenta, dónde tengo que pagar, qué porcentaje tengo que pagar, lo tenía en mi celular, está todo ahí, todas las personas involucradas”, declaró Rojas en la audiencia.

También resaltó que Colibrí es un emprendimiento propio y mencionó a Alba Chirinos, funcionaria de YPFB Transporte como el contacto para adjudicarse contratos en la petrolera estatal. “Ella me dijo que trabajemos, que las cosas se hacían así, que tenía que dar un adelanto por el trabajo que me concedían, me dijo que tenía que depositar a una cuenta registrada de Marco Arguedas, esos pagos me lo pedían por adelantado antes que el trabajo salga y no solamente me lo exigía ella, me lo exigían otras personas más”. Estas personas también fueron mencionadas el lunes por el presidente de YPFB, Carlos Villegas Quiroga.

Víctima. El abogado de Rojas, Alain de Canedo, dijo ayer que su defendida es víctima de la red de corrupción conformada por algunos funcionarios de YPFB, junto a amigos y familiares. “Ella ya se asume como víctima, ella al prestar servicios llega un momento en que se apersona a YPFB y le piden coima para adjudicarse algún servicio, y eso le ocurre a decenas de empresas”, dijo Canedo y precisó que su cliente ya trabajaba con YPFB hace  aproximadamente dos años, por lo que pedirá garantías para ella, además la cesación de su detención preventiva.

Los delitos por los que la jueza 1° de Instrucción Anticorrupción, Cinthia Delgadillo, determinó enviar a distintos penales a los implicados en el caso de corrupción en YPFB fueron por asociación delictuosa, enriquecimiento ilícito con afectación al Estado y cohecho pasivo y activo, dijo el fiscal.

A Selva Camacho se la envió al penal de Palmasola de Santa Cruz; a Luis Alejandro Bell, hijo de Camacho, al penal de San Pedro de La Paz. Éste era representante legal de Bravo Servicios Integrales y Comunicación; y a Yalile Bravo, persona de contacto de esa compañía, se la mandó a la cárcel de mujeres de la zona Miraflores de La Paz, informó el fiscal asignado al caso.

Principal implicado

Detención

Ever Terán, exjefe de Comunicación de YPFB, fue el primer investigado por la adjudicación irregular de contratos y guarda detención domiciliaria desde el 5 de diciembre tras su audiencia de medidas cautelares en La Paz.

Crearán comisión de fiscales

Tras los hechos de corrupción en YPFB, se conformará una comisión de fiscales para reforzar la investigación que realiza en este caso el fiscal Leopoldo Ramos. El anuncio lo hizo ayer la fiscal departamental de La Paz, Patricia Santos. La decisión fue asumida toda vez que Ramos indicó que ampliará la investigación en los contratos de adjudicación irregulares en la petrolera estatal a otras diez personas, entre funcionarios y personas particulares.

“Estamos viendo que es un tema complejo, entonces el Ministerio Público va a reforzar al doctor Ramos conformando una comisión de fiscales. No se tiene todavía el número pero vamos a conformar y les vamos a hacer conocer (...) seguramente hasta mañana (hoy) con qué fiscales va a trabajar el doctor Ramos”, señaló la Fiscal departamental.

Ramos investiga a Ever Terán desde el 5 de diciembre y la jueza determinó su detención domiciliaria. Tras sus declaraciones, la investigación se amplió a Selva Camacho, Erika Rojas, Guido Alarcón y Yalile Bravo, quienes fueron trasladados en calidad de aprehendidos desde la ciudad de Santa Cruz para declarar en la ciudad de La Paz.

Según datos del fiscal y de YPFB, estas personas conformaron una red de corrupción desde la Unidad de Comunicación de la petrolera estatal, porque crearon empresas en pocos días para adjudicarse contratos para la realización de grandes eventos sin tener experiencia.

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