Economía

Declaran cuarto intermedio en lío por Río Grande

Proyecto. La construcción de la planta continúa paralizada por el sitio indígena

La Razón / Wálter Vasquez / La Paz

02:16 / 19 de enero de 2012

El primer acercamiento entre el Ejecutivo y la APG Takovo Mora no logró suspender el sitio indígena que impide la construcción de la planta de Río Grande. YPFB, a su vez, confirmó que la agrupación pidió $us 37 millones para dar curso al proyecto. 

Funcionarios de los ministerios de Hidrocarburos y Energía, Desarrollo Rural y Tierras, y Medio Ambiente y Aguas se reunieron ayer con la dirigencia de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) Takovo Mora para explicar el por qué se otorgó la licencia ambiental al proyecto sin necesidad de realizar la consulta y participación a la población del lugar.

“Hemos entrado a un cuarto intermedio hasta mañana (por hoy), porque los tres ministerios tenemos que hacer consultas de orden legal para esclarecer algunas dudas de la APG Takovo Mora sobre el tema de fondo que es la consulta y participación. Confiamos en que mañana en la tarde alcanzaremos una solución favorable y definitiva”, informó a La Razón el ministro de Hidrocarburos, José Luis Gutiérrez.

La autoridad evitó adelantar propuestas de solución que contemplen posibles compensaciones económicas para la APG, aunque aclaró que una vez solucionado el tema de la consulta se podrá abordar otras alternativas. 

El 5 de diciembre de 2011, el Tribunal Agrario falló a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), rechazando la impugnación de Takovo Mora a la construcción de la planta de Río Grande. La decisión dio luz verde a la obtención directa de la licencia ambiental para el proyecto, dando así continuidad a las obras civiles de la planta.

La dirigencia de esa APG expresó su desacuerdo con la medida iniciando desde el lunes un sitio a los predios del proyecto. El presidente de YPFB, Carlos Villegas, confirmó ayer que la agrupación pidió una compensación de $us 37 millones por el convenio de validación, la compensación económica, el pago de servidumbre, la inversión social y el monitoreo socioambiental para dar curso al proyecto.

“Un mayor retraso al sufrido (tres meses) hubiera ocasionado multas a YPFB”, recordó.

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