La defensa de Bolivia expuso en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) incumplimientos de inversión y aspectos normativos de la empresa Quiborax. Mientras que la firma chilena usó los “errores jurídicos” de la gestión de Carlos Mesa.

El ministro de Minería y Metalurgia, César Navarro, culpó a la gestión del expresidente Mesa por la deuda que contrajo el Estado tras perder el laudo en el CIADI, monto que alcanza los $us 57 millones, incluyendo los intereses y las costas.

“La inversión que desarrolló esta sociedad no llego a $us 500.000, no respetó las características ambientales socio laborales, tributarias e impositivas al Estado boliviano”, expuso Navarro, quien presentó una relación jurídica del caso en una conferencia de prensa.

Agregó que el origen de esta deuda es una “mala decisión jurídica” del expresidente de la Mesa  que “sin conocer los procedimientos” que la mismas normas bolivianas establecen determinó recuperar estas áreas a favor del estado cometiendo “aberraciones jurídicas”.