Economía

Desbloqueo en Challapata deja a dos policías con heridas de bala

Operativo. Gobierno denunció que en la zona actúan bandas con ametralladoras

Conferencia. El viceministro Pérez muestra los cerros desde los que dispararon los comunarios.

Conferencia. El viceministro Pérez muestra los cerros desde los que dispararon los comunarios.

La Razón / Aline Quispe / La Paz

01:39 / 20 de octubre de 2012

La intervención policial que despejó ayer el bloqueo reinstalado por los comunarios de Challapata en la carretera Oruro-Potosí dejó dos policías heridos de bala y 20 personas detenidas. El Gobierno ratificó que en esa población orureña actúan “bandas armadas con ametralladoras”.

El viceministro de Régimen Interior y Policía, Jorge Pérez, denunció ayer un “atentado criminal” contra efectivos policiales que fueron atacados “con disparos de ametralladora” por “grupos y clanes delincuenciales llamados chuteros, a 30 kilómetros de Challapata”, durante el operativo que efectuaron para desbloquear de nuevo la carretera que une Oruro con Potosí.

Producto del hecho, informó que resultaron heridos de bala los policías Nelson Mamani Quispe (22), que tiene una herida de bala de 0,5 centímetros de diámetro en la región parietal izquierda, y Moisés Zapata Castro (27), que tiene una herida de bala “con orificio de entrada y salida” en el muslo izquierdo. Ambos están internados en el hospital San Juan de Dios de Challapata y están fuera de peligro.

Añadió que se detuvo a 20 personas de Challapata y de otras comunidades cercanas que “formaban parte de estos grupos criminales”. Apuntó que en el operativo participaron dos fiscales y cuatro se sumarían para efectuar la investigación y recolectar indicios y tomar las declaraciones. Detalló que personal de balística irá al lugar para analizar los casquillos y determinar el tipo de ametralladora que se utilizó.

El jueves, la Policía despejó los cuatro puntos de bloqueo en dicha ruta instalado por los comunarios de Challapata en demanda de la nacionalización de vehículos indocumentados y la entrega de placas provisionales de circulación. La medida de presión fue reactivada ayer en la mañana. El viceministro lamentó que grupos de contrabandistas usaran de forma indiscriminada ametralladoras con las cuales dispararon por los costados de los cerros en contra de la humanidad de los efectivos policiales.

Pérez dijo que luego del ataque con armas de fuego a los efectivos policiales éstos tuvieron que desplazarse a los costados de la carretera para proteger su integridad. El hecho se dio mientras los policías hacían una ronda para verificar el estado de la vía. Lo hacían “sin portar armas de fuego”. “Ahora nos estamos enfrentando a bandas organizadas que están armadas con ametralladoras que no les importó disparar en contra de la integridad física de los policías”, afirmó.

Frente a esta situación, indicó que en Challapata y en las inmediaciones de la vía Oruro-Potosí fueron desplazados 450 efectivos. Aseguró que la Policía no se retirará del lugar y que se reforzará el contingente con otros 100 policías y que hoy se sumarían otros más. Resaltó además que el grupo táctico policial que está en Challapata está tomando los recaudos y realiza trabajos intensos de Inteligencia.

Operativo en talleres de chuteros

El 9 de octubre se efectuó un operativo policial-militar en Challapata comandado por la Aduana para intervenir 15 talleres donde había vehículos chutos.

Dueños de chutos tienen 18 días más para pagar

La Aduana Nacional de Bolivia (ANB) amplió el plazo para que los propietarios de los vehículos nacionalizados realicen hasta el 7 de noviembre el pago de los tributos y multas por la legalización de sus automotores. Así lo informó ayer la presidenta de la ANB, Marlene Ardaya, quien dijo que se asumió dicha determinación debido a que algunos propietarios de los vehículos no alcanzaron a cancelar “una o dos cuotas” del plan de pagos para la legalización de los coches.

La Ley 133 del Programa de Saneamiento Legal de Vehículos Indocumentados dispone que los dueños podían pedir a la ANB un plan de pagos de tributos y multas para la nacionalización de sus vehículos por un periodo de hasta un año, el cual venció en julio. La norma ordena que vencido el plazo de la vigencia del programa de saneamiento de los chutos, que concluyó el 7 de noviembre de 2011, se procederá a la confiscación de dichos motorizados.

La Aduana anuncia que decomisará chutos

La Aduana anunció que decomisará vehículos indocumentados que se encuentran en 15 talleres y garajes precintados el 9 de octubre en Challapata. Se identificó que en la población existen más de 400 coches ilegales. También denunció que los motorizados están siendo ocultados o desmantelados para evitar su confiscación.

“Hay una segunda fase del operativo que será encabezado por la Fiscalía, donde ingresarán el COA (Control Operativo Aduanero), la Policía y las Fuerzas Armadas a Challapata para que se proceda a la incautación de los vehículos indocumentados que serán llevados a un recinto aduanero”, señaló ayer la presidenta de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), Marlene Ardaya.

Afirmó que se espera la intervención del Ministerio Público, “ya que hay información de que los contrabandistas optaron por ocultar la ilegalidad enterrando sus vehículos o desmantelándolos por partes”. Dijo que tras la incautación de los coches se establecerá un puesto aduanero en Challapata, de forma conjunta con el Ejército.

El miércoles, pobladores instalaron un bloqueo en la carretera Oruro-Potosí en demanda de la nacionalización de los vehículos chutos y la entrega de placas provisionales de circulación. Sin embargo, Ardaya afirmó que no habrá una nueva legalización de estos motorizados. “El tema (la nacionalización) no se discute, hay una orden del presidente Evo Morales (...) Ellos piden la nacionalización de los 400 vehículos que admiten que están dentro” del lugar.

El 10 de octubre, Ardaya reveló que, según un reporte de Inteligencia, en Challapata hay más de 400 vehículos ilegales. Insistió en que aún los dueños de los chutos pueden acogerse al arrepentimiento eficaz para evitar procesos judiciales.

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