Economía

Ejecutivo alista cambios para central de riesgos de la banca

Ley evitará que usuarios en la ‘lista negra’ sufran ‘abusos’

Evolución del indicador en la banca

Evolución del indicador en la banca

La Razón / Wálter Vásquez / La Paz

01:48 / 26 de agosto de 2013

El Gobierno avanza con la reglamentación de la Ley de Servicios Financieros pues terminó con la evaluación de las modificaciones que se aplicarán a la Central de Información de Riesgo Crediticio (CIRC) que utilizarán las entidades del sistema bajo el marco de la nueva norma.

El miércoles, el presidente Evo Morales promulgó la Ley 393 de Servicios Financieros, que entre sus principales disposiciones tiene la protección de los usuarios del sistema financiero y la regulación de tasas de interés para los créditos productivos y de vivienda, así como para las tasas de ahorro.

“Ya ha habido una evaluación de las modificaciones que se van a hacer a la CIRC”, que será empleada por los 13 bancos comerciales, los cuatro fondos financieros privados (FFP), las ocho mutuales de ahorro y crédito, y las 26 cooperativas de ahorro, informó a La Razón una fuente del Ejecutivo.

Casos. La CIRC que utilizan las entidades financieras registra la mora o el incumplimiento de los prestatarios de los créditos, asignándoles categorías en función al tiempo de retraso en el pago de sus obligaciones. 

Según una nota de prensa de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi), entre las modificaciones a esta central de información está el registro de información de “los buenos pagadores”, con el objetivo de que las entidades otorguen beneficios e incentivos que mejoren las condiciones de financiamiento para estos clientes con buen desempeño de pago.

El artículo 479 de la ley señala que la “Asfi reglamentará la aplicación” de estos beneficios e incentivos en un plazo de 90 días y verificará también el cumplimiento de los mismos.

Estos “premios” podrán estar relacionados, entre otros, con una tasa de interés más atractiva (con excepción de los créditos productivos y de vivienda, que serán regulados por decreto) y periodos de gracia más amplios, los que a su vez podrán reportar un mayor beneficio a los usuarios a través de la competencia entre las entidades financieras que quieran contar con ese “buen pagador”, explicó la fuente.

Asimismo, la normativa permitirá que los usuarios que se encuentran en la “lista negra” de la central de riesgos no sean objeto de excesos por parte de las entidades financieras, agregó.

Actualmente, por ejemplo, si una persona está registrada en la CIRC por haber garantizado a otra que no cumplió con el pago oportuno de sus obligaciones, la entidad financiera puede “sancionar” al garante elevando la tasa de interés de cualquier crédito que pueda requerir por encima de lo establecido en el mercado o, finalmente, le niega el préstamo.

Para evitar este tipo de “abusos”, la norma prevé la creación de la Defensoría del Consumidor Financiero, en la que estos prestatarios podrán presentar un reclamo que será atendido por los funcionarios de esa unidad, los que controlarán que el banco, mutual, cooperativa o FFP “hayan hecho una correcta evaluación” de cada caso denunciado, señaló la fuente. La Asfi, por su parte, subraya que “el registro de cualquier prestatario en la CIRC no limita el acceso a nuevos créditos”.

Para el analista económico Armando Álvarez, en estos casos “lo importante es la capacidad de pago, independientemente del pasado del usuario financiero como garante”.

Ayer, el ministro de Economía, Luis Arce Catacora, subrayó que la nueva ley terminó con la “dictadura de los bancos sobre los usuarios”.

Hasta abril de este año, la mora en todo el sistema financiero estaba en 1,5% y representaba  la más baja de la historia, informó el subgerente de Política Económica Interna del Banco Central de Bolivia, Fernando Escóbar.

Se fijará límites para cartera

Las entidades financieras tendrán que intensificar la compra de deudas crediticias y ofertar menores tasas de interés a los usuarios del sistema para alcanzar los niveles de cartera que se fijarán mediante un decreto supremo, informó ayer el Gobierno, según ABI.

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