Economía

Futura ley coloca un candado a la nacionalización

Todas las empresas que fueron nacionalizadas durante la actual administración gubernamental no podrán volver a ser privatizadas en el futuro, señala el anteproyecto de Ley de Promoción de Inversiones.

La Razón / W. Chipana / La Paz

01:29 / 01 de febrero de 2013

Todas las empresas que fueron nacionalizadas durante la actual administración gubernamental no podrán volver a ser privatizadas en el futuro, señala el anteproyecto de Ley de Promoción de Inversiones. Los sectores estratégicos de la economía también estarán protegidos.

“Los activos, las inversiones y las actividades resultantes de los procesos de nacionalización realizados por el Estado para la recuperación de los recursos naturales y su uso, así como de los sectores estratégicos, no podrán ser privatizados bajo ninguna modalidad”, indica el parágrafo I, artículo 17 de la referida norma.

Desde mayo de 2006 hasta diciembre de 2012, el gobierno del presidente Evo Morales nacionalizó tres empresas mineras, una del sector de telecomunicaciones, cinco petroleras y seis de electricidad. La suma de todas las expropiaciones realizadas hasta el momento alcanza a 15. 

El parágrafo II del artículo 17 del anteproyecto de ley también señala que “toda acción de terceros que perjudique el normal desenvolvimiento de las actividades de las inversiones estatales, será pasible a sanción penal y civil, según corresponda”.

El analista económico Julio Alvarado señaló que el artículo 17 del referido anteproyecto de ley no representa un candado para asegurar que las nacionalizaciones realizadas no serán revertidas, porque un próximo gobierno las puede cambiar con otra ley que gestione ante la Asamblea Legislativa Plurinacional.

“No hay candados definitivos, porque toda ley se la puede derogar a través de un procedimiento en la Asamblea Legislativa Plurinacional, o sea aquí no hay cosas que son determinantes. Un próximo gobierno puede venir y puede modificar la Ley de Inversiones, en eso no hay ningún problema”, insistió Alvarado.            

Posición. El presidente de la Cámara Departamental de Industria de Cochabamba, Luis Laredo, mencionó ayer a La Razón que el Gobierno se equivocó con la redacción del artículo 17, porque en lugar de que sea un candado para las nacionalizaciones realizadas, significará una traba para que el país se desarrolle.

“El Gobierno se ha equivocado y no debería haber ningún candado, pero sí normas claras. Un candado a la nacionalización no permitirá un desarrollo, porque estamos viendo mucha corrupción en las entidades estatales. Sin embargo, con el sector privado puede haber una mejor administración y condiciones para el desarrollo”, señaló el ejecutivo.  El representante de los empresarios cochabambinos mencionó que este artículo no ayuda a atraer inversión extranjera al país.

Privados reservan su opinión

El vicepresidente de la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb), Guillermo Pou Mont, dijo que no emitirá una opinión sobre el anteproyecto de Ley de Promoción de Inversiones hasta que su sector lo haga de manera oficial y con observaciones.

Controversias se someterán primero a leyes bolivianas

La resolución de las controversias que surjan por las inversiones que se realicen en el país estará sometida a la jurisdicción, a las leyes y a las autoridades bolivianas. “Las inversiones que se realicen con el Estado deberán considerar lo establecido en el Parágrafo II del Artículo 320 de la Constitución Política del Estado (CPE) y la Ley de Conciliación y Arbitraje para inversiones”, señala el Parágrafo II del Artículo 26 del anteproyecto de Ley de Promoción de Inversiones.  

En el citado parágrafo de la Carta Magna se indica que “toda inversión extranjera estará sometida a la jurisdicción, a las leyes y a las autoridades bolivianas, y nadie podrá invocar situación de excepción, ni apelar a reclamaciones diplomáticas para obtener un tratamiento más favorable”.

El anteproyecto de Ley de Promoción de Inversiones indica que antes de que las partes recurran a tribunales arbitrales o jurisdiccionales deberán agotar las instancias de conciliación en Bolivia.  Añade que las controversias entre el Estado inversionista y el inversionista extranjero se solucionarán en las formas establecidas en los estatutos o en los documentos contractuales en el ámbito de la jurisdicción boliviana.

Se sancionará con cárcel daños al Estado

El anteproyecto de Ley de Promoción de Inversiones establece que las personas que invadan, ocupen o destruyan bienes públicos de entidades o empresas estatales, causando daño económico al Estado, serán sancionadas con la privación de libertad de uno a ocho años. La propuesta redactada por el Órgano Ejecutivo, en caso de ser aprobada por la Asamblea Legislativa, será incorporada al Código Penal.

El presidente de la Cámara Departamental de Industria de Cochabamba, Luis Laredo, propuso ayer que no sólo se debería sancionar a las personas naturales o jurídicas que causen daño económico al Estado, sino también a todos los que realizan tomas de predios privados.

“En el anteproyecto de ley debería estar algún artículo que prive de libertad cuando alguien atente contra la propiedad privada, porque hay gente que invade y destruye predios privados y nadie hace nada”, manifestó el empresario a este diario.

El analista económico Julio Alvarado expresó su duda de que la actual administración haga cumplir esta disposición cuando se trate de grupos afines al Gobierno, y sugirió que la propuesta sea mejorada.  “La experiencia nos demuestra que los cooperativistas mineros que tomaron la mina Colquiri el año pasado no han sido procesados, aunque hubo daño comprobado al Estado”, manifestó Alvarado.

El 29 de agosto de 2012, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Óscar Calle, y el vicepresidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), Mario Yaffar, denunciaron en conferencia de prensa que al menos 100 propiedades y complejos mineros, administrados por empresas privadas en distintas regiones del país, fueron “avasallados” en los últimos meses.

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