Economía

García afirma que el Ejecutivo no avalará la toma de minas

El Gobierno anunció ayer que no avalará ninguna toma de minas en el país y “hará respetar” los derechos de las empresas que se adjudicaron los proyectos mineros, salvo aquellas que “se metan en cosas raras”.

La Razón / Aline Quispe / La Paz

02:00 / 18 de julio de 2012

“Las tomas están penalizadas por ley y no van a ser avaladas por el Gobierno (...). Nosotros vamos a hacer respetar los derechos de las empresas que se hayan adjudicado (una concesión) o que estén trabajando (en ellas), a no ser de que las empresas se metan en cosas raras como sucedió en Mallku Khota”, aseguró el vicepresidente Álvaro García.

El Mandatario aclaró que si las firmas incurren en el último caso, “la titularidad del Estado se vuelve en la solución final a cualquier tipo de querella que pueda darse entre privados”. El 10 de julio, campesinos de Suk’awaña (del municipio de Sacaca, del norte de Potosí) ocuparon otro yacimiento minero, operado por la empresa brasileña Cerusita Andina Limitada, en demanda de proyectos sociales.

El secretario de Minería de la Gobernación de Potosí, Arnulfo Gutiérrez, indicó a la agencia de noticias EFE que el sector reclama “mayor atención social” de la compañía brasileña, que opera una mina de plomo y plata desde hace ocho años. Una fuente de la Embajada de Brasil en La Paz confirmó a la agencia que capitales de ese país invirtieron en la citada mina.

El gobernador de Potosí, Félix Gonzáles, informó que se envió una comisión a la región para dialogar con los campesinos sobre su pedido. Mientras, el Vicepresidente indicó que otra delegación del Órgano Ejecutivo se desplazó al lugar del conflicto.

Respecto al problema en la región de Teoponte, García precisó que personal del Ministerio de Gobierno se movilizó a la región. El viernes se registró un enfrentamiento entre afiliados a la Cooperativa Relámpago y vecinos del municipio de Teoponte.

Según los pobladores de esa región, los mineros explotan oro “ilegalmente” en el radio urbano de la población destruyendo casas y el hospital dejados por la empresa South American Placers Incorporated (SAPI).

En el hecho, diez personas resultaron heridas, reportó radio Larecaja de la Red Erbol. El presidente de la Federación de Juntas Vecinales, Narciso Choque, señaló que la población está en estado de emergencia y en vigilia. “Pedimos que el Gobierno instale una reunión en la población para solucionar el conflicto y se repongan los daños causados”, dijo a La Razón.

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