Economía

García respalda eliminar la compensación económica

El vicepresidente considera que es más importante que haya inversión social porque se convierte en inversión productiva, por su lado los guaraníes no aceptaran sólo la inversión social.

Pozo. Perforación del Ingre X-2 en el área reservada de Huacareta.

Pozo. Perforación del Ingre X-2 en el área reservada de Huacareta. YPFB.

La Razón / Jimena Paredes / La Paz

09:00 / 28 de diciembre de 2012

El pedido de YPFB, de eliminar la compensación económica para los pueblos indígenas por la realización de actividades hidrocarburíferas y a cambio ejecutar la inversión social en proyectos de desarrollo, fue apoyado ayer por el vicepresidente Álvaro García.

“La propuesta que hace (YPFB) sobre que no haya compensación, sino que haya inversión social nos parece correcta —es mejor que el dinero que sale de una consulta y de una autorización— (porque) se convierte inmediatamente en inversión productiva, en inversión, en hospital en lo que las comunidades decidan”, respondió el Mandatario ante una consulta de La Razón sobre dicha solicitud.

El miércoles, durante su informe de gestión a la prensa, el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Carlos Villegas, exhortó a los ministerios de Hidrocarburos y de Medio Ambiente efectuar cambios a la actual Ley de Hidrocarburos para agilizar la obtención de licencias ambientales que se retrasan por las peticiones “exageradas” de compensación económica de parte de organizaciones sociales e indígenas en el país cuando se les hace las consultas para la realización de un proyecto.

Respecto a los cambios a la Ley 3058, informó que hay un borrador de una nueva norma que aún no llegó al gabinete ministerial, pero que será discutido en unas semanas más en el marco del respeto de los derechos de los pueblos indígenas y también de la necesidad estatal de desarrollar proyectos hidrocarburíferos. La obtención de licencias ambientales para proyectos petroleros demora hasta 18 meses.

El argumento del Vicepresidente para respaldar el reemplazo de la compensación económica por inversión social es que en otros gobiernos la única manera en que las “empresas privadas” se acercaban a los pueblos indígenas “era con dinero”, que no precisamente beneficiaba a las comunidades afectadas con la realización de proyectos, sino a dirigentes.

El presidente de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), Faustino Flores, indicó ayer a La Razón que “rechazarán la eliminación de la compensación económica” por la “inversión social”, como pretende el Gobierno, porque son logros ya constituidos.

Derechos. “Para nosotros, esto es un derecho que se ha venido practicando con las empresas transnacionales  y no puede ser que ahora la empresa nacional (YPFB) quiera eliminar la compensación. La inversión social también deber estar inserta en la ley junto con la compensación”, afirmó el dirigente guaraní.

Para diferenciar ambas figuras, indicó que en la compensación  se paga por un daño ambiental donde la capitanía (dirigencia de un sector) dispone realizar un proyecto específico en base a lo que la comunidad decida. En cambio la inversión social son recursos que en este caso otorga YPFB para ejecutar proyectos de manera directa a través de una consultora donde la capitanía no participa, explicó Flores.

El artículo 199 de la Ley 3058, referido a las compensaciones, dice que “cuando las actividades hidrocarburíferas se desarrollen en tierras comunitarias de origen, comunales, indígenas o campesinas, tituladas o no, todo impacto socioambiental negativo directo, acumulado y a largo plazo, que las mismas produzcan, debe ser compensado financieramente por parte de los titulares de las actividades hidrocarburíferas, de manera justa, respetando la territorialidad, los usos y costumbres de los afectados, tomando como base, el Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental y otros medios que permitan valorar los daños no cuantificables”.

El artículo 120 de la norma añade que se procederá a una “indemnización por daños y perjuicios emergentes de las actividades, obras o proyectos hidrocarburíferos que afecten a tierras comunitarias de origen, comunales, indígenas o campesinas (...)”. Para que se respete la compensación, la APG presentará una propuesta que pretende ser incluida en la nueva ley del sector.

En 2013 se hará nueva certificación

Con el fin de que haya una mayor inversión, principalmente en la búsqueda de petróleo en el país, la estatal YPFB informó el jueves que en 2013 habrá una nueva certificación de las reservas hidrocarburíferas con los nuevos descubrimientos efectuados en 2010 en los campos Aquio e Ipati.

“Hay una cuantificación que realiza YPFB y además una certificación. Vamos a hacer una certificación de reservas hasta el 31 de diciembre de 2013. Ya se tomó esa decisión porque hay descubrimiento de nuevas reservas particularmente el caso de Ipati y Aquio”, anunció el titular de la petrolera estatal, Carlos Villegas.

Los resultados del estudio de cuantificación de reservas de gas natural, efectuado al 31 de diciembre de 2009 por la estadounidense Ryder Scott, indicaban que el país cuenta con 19,9 trillones de pies cúbicos (TCF-siglas en inglés) del energético: 9,94 TCF de reservas probadas, 3,71 TCF de probables y 6,25 TCF de posibles.

El 23 de agosto, en la clausura del 5º Congreso Internacional Bolivia Gas & Energía 2012, desarrollado en Santa Cruz, el vicepresidente Álvaro García vaticinó que con la nueva certificación de reservas se llegará a 15 o 16 TCF y que éstas estarían garantizadas para unos 13 o 15 años más para cubrir el mercado interno y externo.

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