Economía

Jiménez: Industrias reciben subsidio de tarifas eléctricas

Las medidas que ha tomado el Gobierno son ‘totalmente responsables’, afirma Jiménez. Asegura que las tarifas en el sector industrial son las más bajas del país

Autoridad. La viceministra de Electricidad y Energías Alternativas, Hortensia Jiménez, en su despacho.

Autoridad. La viceministra de Electricidad y Energías Alternativas, Hortensia Jiménez, en su despacho.

La Razón / Edgar Toro / La Paz

04:36 / 23 de noviembre de 2013

El Estado boliviano subsidia la tarifa eléctrica del sector industrial, por lo que no debería ser una preocupación para los empresarios el cumplir con el pago de los dos aguinaldos, expresó el viernes la viceministra de Electricidad y Energías Alternativas, Hortensia Jiménez.

“Recuerden que existe una relación directa entre el gas natural y lo que es la tarifa del sector eléctrico”, señaló la autoridad en entrevista con la estatal radio Patria Nueva y ratificada a través de un boletín de prensa del Ministerio de Hidrocarburos y Energía.

“Si nosotros comparamos cuánto debería pagarse realmente en términos tarifarios, entre el precio del gas natural en el mercado interno versus el mercado de exportación que tenemos (Argentina y Brasil), la tarifa eléctrica debería ser 150% más y ése es un subsidio que está dando el Estado al sector industrial y a la población”, sostuvo la viceministra.

Por lo tanto, Jiménez fue enfática al manifestar que “no debiera ser una preocupación del sector industrial las medidas que toma el Gobierno”, porque “son medidas totalmente responsables”. “El Estado subsidia la tarifa eléctrica, les entrega energía mediante inversiones en la parte de generación y transmisión y les acompaña en su crecimiento”, aseguró.

Explicó que el crecimiento de la demanda de energía eléctrica del sector industrial en el periodo 2000-2005 era apenas del 3%, mientras que entre 2006 y 2012 el crecimiento fue del 11%.

“Este 11% es un reflejo de que está creciendo el sector, hay más industrias, otros están ampliando su industria y, por tanto, tienen mayor actividad productiva, mayores ingresos y mayores utilidades”, enfatizó la viceministra.

Empleo. Jiménez relievó que el sector industrial contribuya en la incorporación de fuentes de trabajo y en el crecimiento económico del país. Mientras tanto, “nosotros, como Estado, tenemos que acompañar, dándole insumos como la electricidad, la energía que ellos requieren para hacer funcionar las maquinarias”, expresó. Dijo que a medida que tienen mayor producción, los industriales incorporan más maquinaria y requieren mayor cantidad de energía. Por eso, añadió, es importante ver el esfuerzo y las inversiones que está haciendo el Estado para cubrir esta demanda.

El Estado boliviano, en el periodo 2010-2013, incorporó 324  megavatios (MW) al Sistema Interconectado Nacional (SIN), con una inversión total de $us 385 millones en seis proyectos.

La tarifa del país es una de las más bajas de la región, tanto en términos residenciales como en el sector industrial. Del 100% de la electricidad que consume el país, 30% va dirigida para el sector industrial y la minería. Éstos se benefician además con una tarifa menor a la del consumidor residencial. “Tenemos una tarifa residencial de Bs 0,60 por kilovatio hora (Kw/h) para el sector residencial, mientras que el sector industrial paga una tarifa de Bs 0,40 por Kw/h, por tanto, es otro beneficio que tiene el sector industrial para que sea más competitivo”.

Habrá cita con privados para definir reglamento

El ministro de Trabajo, Daniel Santalla, anunció el viernes que se reunirá la próxima semana con los empresarios para dialogar respecto al Decreto Supremo 1802 que autoriza el pago del doble aguinaldo a partir de esta gestión.

“Alguna vez, el presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, Daniel Sánchez, me dijo que como ningún (otro) Gobierno el nuestro tiene las puertas abiertas para los empresarios. En ese sentido, nos vamos a reunir con ellos la próxima semana”, expresó, sin precisar el día, en el noticiero matinal de Cadena A.

Los empresarios piden un plazo para cancelar este beneficio porque alegan falta de recursos, mientras que Santalla ratificó que el decreto es de cumplimiento obligatorio y que los empleadores tuvieron muchas utilidades este año que “deben compartir” con sus trabajadores. Éstos serán los temas de debate entre partes.

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