Economía

Jindal pide al Gobierno garantías y una reunión en ‘sitio neutral’

Demanda. La empresa india exige seguridad para sus empleados y bienes en Bolivia

control. Desde el viernes 20 de julio, militares resguardan las oficinas de Jindal en Puerto Suárez.

control. Desde el viernes 20 de julio, militares resguardan las oficinas de Jindal en Puerto Suárez.

La Razón / Aline Quispe - La Paz

00:00 / 22 de julio de 2012

Tras el allanamiento de sus oficinas, Jindal pidió al Gobierno “garantizar la seguridad de sus bienes y de sus empleados”. Afirmó que el Ejecutivo tiene la intención de “amedrentar” a la firma y sus personeros. Planteó una reunión con la ESM en un sitio neutral o por videoconferencia.

“La acción del Ejecutivo muestra que el Gobierno boliviano está recurriendo a los procedimientos penales y su intención es la de amedrentar a la empresa y a sus empleados”, señala un comunicado emitido en Nueva Delhi (India) por Jindal Steel & Power Limited (JSLP), difundido por el diario estadounidense The Wall Street Journal (WSJ) y  traducido por La Razón.

El viernes, el Ministerio Público allanó las oficinas de Jindal Steel Bolivia (JSB) en La Paz, Santa Cruz y Puerto Suárez, como parte del proceso judicial en contra de cuatro de sus ejecutivos por ser presuntos responsables del delito de incumplimiento de contrato para la industrialización del Mutún. En ese marco, la siderúrgica india pidió al Gobierno boliviano “garantizar la seguridad de nuestros empleados y activos (bienes) que legalmente nos pertenecen”, difundió WSJ.

JSPL también dijo al diario estadounidense que el ministro de Minería, Mario Virreira, se comunicó con sus ejecutivos para tener una reunión extraordinaria para resolver las discrepancias entre ambas partes; y “viendo las circunstancias actuales, la firma ha propuesto la celebración de la reunión en un lugar neutral o por medio de una videoconferencia”.

El viernes, al menos 30 policías militares intervinieron el Complejo Siderúrgico del Mutún, ubicado en Puerto Suárez (Santa Cruz). Con una orden judicial emitida desde La Paz, el fiscal Sergio Tarquino procedió a cerrar las oficinas administrativas de JSB.

Los policías resguardaban los ingresos a la planta y al cerro del Mutún, terreno donde están las chancadoras que procesan el mineral. Ningún personero de Jindal se quedó en las instalaciones luego del desalojo.

WSJ, en su edición digital, publicó que un vocero de Jindal detalló que en Puerto Suárez dos gerentes de JSB fueron detenidas en su casa, luego interrogadas y más tarde liberadas. El personero señaló que las acusaciones del Gobierno fueron “frívolas” y que la “intención de dicha acción” se hizo para “intimidar a los empleados”.

Sobre el proceso en contra de los ejecutivos de JSB, ese vocero expresó que la firma niega las acusaciones y que se actuó de buena fe y culpó al Ejecutivo boliviano de “no proporcionar la cantidad comprometida de gas”. El 16 de julio, JSB decidió terminar el contrato de riesgo compartido suscrito con la estatal Empresa Siderúrgica del Mutún. El contrato dispone que ambas partes concilien diferencias.

JSPL ratificó que la decisión de rescindir el contrato es por “la falta de voluntad de parte del Gobierno” para abastecer el suministro de gas en los plazos fijados al proyecto de la acería.

En Santa Cruz, el fiscal Aldo Ortiz, que inició de oficio la investigación, anunció que ocho personeros fueron citados a declarar. En La Paz, se incautaron dos CPU de computadoras y “algo” de documentación.

JSB indicó que envió una carta al ministro de Relaciones Exteriores de la India, S.M. Krishna, sobre el problema, pero aún no recibió respuesta. Seguimiento desde PerúUn vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores de la India dijo que la “embajada y la Embajada de Perú (que también cubre Bolivia) está ayudando    y hará un seguimiento en conjunto con el Gobierno boliviano sobre los últimos temas”. Empleados de Jindal  anuncian protestasJorge Quispe

Al menos 150 trabajadores de Jindal Steel Bolivia se movilizarán a partir de mañana en Puerto Suárez, ante el cierre de la empresa india y el allanamiento de sus oficinas, informó  el dirigente Sandro Rejas.

“El lunes tomaremos decisiones porque no podemos permitir que nos echen de nuestros trabajos. ¿Ahora quién nos va a pagar?, ¿quién nos va a dar nuestras indemnizaciones?”, protestó Rejas conmovido por el cierre de Jindal.

El gigante asiático el 16 de julio anunció su salida del país, ante el incumplimiento del Estado, dijo, en la provisión de gas para el proyecto siderúrgico. Una orden judicial desde La Paz, ordenó el allanamiento de las instalaciones por incumplimiento de contrato y contratos lesivos al Estado.

“Ya no podemos hacer nada, la Jindal tendrá que entenderse con el Estado en el tema legal, pero ahora toca luchar por nuestras fuentes laborales y porque nos paguen”, insistió Rejas.

Ellos ya se reunieron la noche del viernes y lo harán nuevamente el lunes, mientras esperan que la Asamblea de la Porteñidad y el municipio se pronuncien a su favor. “Nosotros los apoyaremos en todas sus decisiones”, adelantó el cívico José Luis Santander.

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