Economía

Legislativo acusa ante la Fiscalía a Sánchez de Lozada, Doria Medina y otras 11 exautoridades por privatización y capitalización

El vicepresidente Álvaro García presidió la última sesión del pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional 2010-1015, donde se viabilizó procesos contra exautoridades del proceso de privatización y capitalización. Entre la exautoridades también están Alfonso Revollo, Reynaldo Peters, Fernando Illanes y Jaime Villalobos

La Razón Digital / C.Corz/A.Guarachi / La Paz

18:54 / 13 de enero de 2015

La sesión plenaria de la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó y remitió hoy a la Fiscalía dos proposiciones acusatorias para la investigación y procesamiento de 13 exautoridades, entre ellas el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y los exministros Carlos Sánchez, Fernando Illanes, Reynaldo Peters y Alfonso Revollo, por daños económicos derivados de la privatización y capitalización en dos los casos Fundapro y Enfe-Red Andina.

El vicepresidente Álvaro García instaló hoy la sesión en la que se informó de las conclusiones de la investigación sobre el proceso de privatización y capitalización que abarcó las administraciones de Jaime Paz, Gonzalo Sánchez de Lozada, Hugo Banzer y Jorge Quiroga. Un equipo de diputados y senadores inició el trabajo en 2013.

Una de las proposiciones acusatorias aprobada y enviada para su tramitación a la Fiscalía es contra el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y las exautoridades Carlos Sánchez Berzaín, Fernando Illanes, Reynaldo Peters, Samuel Doria Medina, Arturo Beltrán y Flavio Escóbar por los delitos de conducta antieconómica, contratos lesivos al estado e incumplimiento de deberes en el caso Fundapro. Esa empresa recibió 21 millones de dólares en calidad de préstamo del Estado, que debían ser destinados a proyectos de crédito productivo.

La segunda es contra Sánchez de Lozada, Sánchez Berzaín, Gonzalo Afcha, Reynaldo Peters, Alfonso Revollo, Jaime Villalobos, Fernando Candia, José Luis Landívar y Rolando Suárez. Ambas proposiciones acusatorias fueron remitidas a la Fiscalía para su investigación e inicio del proceso penal correspondiente por delitos de contratos lesivos al estado, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes por el caso de la capitalización de Enfe-Red Andina.

La empresa de ferrocarriles fue subvaluada al momento de ser capitalizada, ya que tenía un valor en libros de 137 millones de dólares.

García destacó la investigación porque mostró los daños económicos de la privatización y capitalización, ya que –aseguró- Bolivia tuvo que financiar con 444 millones de dólares esos procesos anunciados para generar recursos públicos. Cuestionó, principalmente, el papel de Doria Medina, hoy uno de los opositores a la administración de Evo Morales.

“Estamos ante un asaltante de los recursos públicos”, afirmó al referirse al líder de Unidad Nacional (UN), quien viabilizó, añadió, la entrega a privados de 35 empresas públicas.

Doria Medina cuestionó el informe a través de su cuenta de Twitter. “Linera en la ALP hace de fiscal y juez, hace de su discurso un proceso y dicta condena, nuestra verdad frente a la mentira, al abuso #NoMAS”, afirmó y sostuvo que hay intereses políticos en la acción encaminada por el oficialismo.

La comisión especial fue conformada en julio de 2013 para investigar el proceso de privatización en Bolivia en el período: 1990 – 1993, 1993 – 1997 y 1997 – 2001, que incluye los gobiernos de Jaime Paz, Gonzalo Sánchez de Lozada y Hugo Banzer, quien dimitió un año antes de concluir su mandato viabilizando la sucesión constitucional de Jorge Quiroga.

García explicó que el proceso comprende a los responsables de dos procesos puntuales.

“Son dos casos muy puntuales, donde la investigación ha logrado recabar la totalidad de las pruebas”, afirmó el también presidente del Legislativo y anunció que los legisladores del nuevo período legislativo formar otra comisión para seguir avanzando en la investigación de los procesos que los consideró como ‘traición a la patria’.

Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín radican en Estados Unidos, a donde huyeron tras la revuelta social de 2003 que acabó con más de 60 muertos y la dimisión del presidente. El Estado tramita la extradición de las exautoridades para que rindan cuentas en la Justicia.

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