Economía

Ley amplía atribuciones de la Procuraduría y fija obligación de ser parte en procesos contra la MAE

El presidente Evo Morales promulgó la ley de modificación de la norma de la Procuraduría General del Estado. La nueva disposición legal crea, entre otros aspectos el Registro Obligatorio de Procesos del Estado (ROPE) para que las unidades jurídicas de la administración pública registren en el sistema informático todos los procesos judiciales a su cargo

La Razón Digital / Angel Guarachi / La Paz

19:14 / 17 de diciembre de 2015

La Procuraduría General del Estado intervendrá en procesos civiles, penales y coactivos fiscales en los que esté inmerso el Estado y será parte en demandas en contra de la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) como resultado de un informe de la Contraloría General del Estado, según establece la ley promulgada por el presidente Evo Morales.

La Ley 768 fue promulgada hoy y modifica la 064 de la Procuraduría General del Estado que, entre otros aspectos obliga a la institución a participar en “procesos civiles, penales y coactivos fiscales, por cuantía establecida mediante resolución procuradurial emitida al inicio de cada gestión”, según un boletín institucional.

La norma fue aprobada en sus estaciones en grande y detalle en Cámara de Diputados y Senadores. Contempla tres artículos, dos disposiciones transitorias, una disposición adicional, una disposición abrogatoria y derogatoria y dos disposiciones finales.

La Procuraduría, responsable de la defensa del Estado, ahora también participará cuando la demandada sea la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) de una institución, producto de un informe o dictamen aprobado o emitido por la Contraloría General del Estado por delitos cometidos en el ejercicio especifico de sus funciones.

El Presidente podrá solicitar de manera excepción su intervención en todos los procesos que tengan relación con la defensa de los intereses del país.

Además, la ley 768 crea el Registro Obligatorio de Procesos del Estado (ROPE) que obliga a todas las unidades jurídicas de la administración pública a registrar en el sistema informático todos los procesos judiciales a su cargo donde sea parte el Estado.

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