Economía

Ley refuerza control en la venta de hidrocarburos

La norma establece que “toda la información generada por la Agencia Nacional de Hidrocarburo será compartida en línea con el Ministerio de Gobierno.

Costo. Una persona vende gasolina y diésel en Challapata a Bs 6 el litro.

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La Razón Digital / La Paz

12:55 / 01 de agosto de 2012

Con la vigencia de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, “Para una vida segura”, La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) tiene la facultad legal  para implementar en las estaciones de servicio del país el Sistema Boliviano de Autoidentificación y Control de Combustibles (B-Sisa), que permitirá mejorar el control en la venta de carburantes, así como el colocado de etiquetas de autoidentificación (Tag) en todos los vehículos que circulen en territorio nacional.

Pedro Ugarte, abogado de la ANH, explicó que el artículo 49 de la norma promulgada ayer por el presidente Evo Morales establece “claramente” esos dos aspectos.

“El uso del Tag, de acuerdo a la Ley, será de uso obligatorio en los automotores particulares, del servicio público, estatales, diplomáticos y los que ingresen a territorio nacional y sin esa etiqueta no se podrá cargar combustible”, explicó el abogado de la institución reguladora.

El B-SISA utiliza la tecnología RFID  (Autoidentificación por Radiofrecuencia) e interconectará a las 700 estaciones de servicio que hay en todo el territorio nacional con la ANH.

Se prevé que la instalación de equipos RFID -que ya está a prueba en un programa piloto en Cobija, La Paz y El Alto- estará  lista hasta fin de año y contará con antenas receptoras que identificarán al vehículo que carga combustible, el software leerá la información de una etiqueta de autoidentificación (Tag) pegada en el parabrisas de cada automotor y la transmitirá a un servidor central del ente regulador.

Ugarte señaló que la norma establece que “toda la información generada por la Agencia Nacional de Hidrocarburos, producto de la implementación del sistema, será compartida en línea con el Ministerio de Gobierno” y que, además, el ente regulador podrá coordinar con otras instituciones públicas competentes para mejorar el funcionamiento de la plataforma tecnológica.

“El Tag se pegará en el parabrisas de los vehículos de forma gratuita y éste será un elemento indispensable para que el usuario que empadrone su motorizado pueda realizar transacciones en las estaciones de servicio del país”, remarcó el asesor jurídico.

De esa forma, cada vez que un vehículo ingrese a una estación a cargar combustible, la información será transmitida en tiempo real a un servidor de la ANH en el cual se registrará todas las transacciones a nivel nacional.

La nueva Ley surgió, de acuerdo con el ministro de Gobierno, Carlos Romero, del consenso entre el órgano Ejecutivo, los gobiernos departamentales y municipales, la Policía boliviana y la sociedad representada por sus instituciones.

Romero indicó que ahora el Estado deberá otorgar una frecuencia radioeléctrica para el uso exclusivo de los sistemas de seguridad.

La Ley de Seguridad Ciudadana, de 72 artículos, siete disposiciones transitorias, una abrogatoria y cuatro disposiciones finales, tiene, además, la facultad de fortalecer a la Policía Nacional e implementar políticas y programas de prevención contra la delincuencia.

El artículo 49 sobre Tecnología de Autoidentificación por Radio Frecuencia de la Ley de Seguridad Ciudadana señala textualmente:

I-La Agencia Nacional de Hidrocarburos implementará un Sistema de Información de Comercialización de Combustibles, a través de la instalación de tecnología de autoidentificación por radiofrecuencia en todas las estaciones de servicio, así como el colocado de etiquetas de autoidentificación en todo vehículo automotor que circule en territorio nacional, las mismas que serán de uso obligatorio y otorgadas de manera gratuita por primera vez.

II- Toda la información generada por la Agencia Nacional de Hidrocarburos, producto de la implementación del sistema, será compartida en línea con el Ministerio de Gobierno y se coordinará con las instituciones públicas competentes, con la finalidad de compartir información para mejorar el funcionamiento del mencionado sistema, que estará sujeto a reglamentación.

 

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