Economía

Mafias usan 7 zonas para el tráfico ilícito de combustible

Ilegal. Tres de ellas están en La Paz, dos en Pando, una en Santa Cruz y la última en el departamento de Tarija.

Secuestro. Un militar resguarda combustible decomisado a contrabandistas en Guaqui, La Paz. Foto: La Razón / archivo

Secuestro. Un militar resguarda combustible decomisado a contrabandistas en Guaqui, La Paz. Foto: La Razón / archivo

La Razón (Edición Impresa) / Jorge Quispe / La Paz

05:43 / 24 de agosto de 2015

En 2014, en Virupaya, Puerto Acosta, la Dirección de Operaciones de Interdicción de Hidrocarburos (DOIH) descubrió un puente clandestino por el que pasaban vehículos con combustible boliviano a Perú. Esa unidad identificó al menos siete ferias ilegales y zonas en las que operan estas bandas.

La DOIH ya tiene controlada Virupaya, zona fronteriza con Perú, pero aún preocupan otras como la de Chejepampa en Pelechuco, y Patamanta en Pucarani, La Paz, y no pierden la vigilancia en Puerto Suárez, Santa Cruz; además de Cobija y Sena, en el departamento de Pando. “Estas ferias ilegales se abocaban exclusivamente al uso ilícito de hidrocarburos destinado a otras actividades”, explicó a La Razón Jaime Cuéllar, director de la DOIH, unidad que depende de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).  

Y si bien la atención está centrada en las fronteras con Perú y Brasil, el  7 de agosto se descubrió lo que podría ser una nueva ruta de desvío de carburantes. Los equipos de interdicción de la ANH detectaron a través del sistema de video de vigilancia instalado en una estación de servicio a una cisterna que estaba transportando por Villa Montes, Tarija, 10.000 litros de combustible a territorio paraguayo.

Con esta nueva ruta, suman siete las zonas desde donde saldría el contrabando de carburantes rumbo a Perú, Brasil y ahora Paraguay.

En Bolivia, el tráfico ilícito de carburantes está penado por la Ley 100 de Desarrollo y Seguridad Fronteriza  que prohíbe el transporte de combustibles líquidos y gas licuado de petróleo (GLP) en vehículos no autorizados, ni almacenar el carburante en tiendas, depósitos o en domicilios particulares. Mientras que el artículo 226 del Código Penal sanciona con la privación de libertad de tres a seis años a las personas que almacenen o comercialicen carburantes sin autorización, además de la confiscación de los bienes e instrumentos para cometer ese delito.

CONJUNTO. La DOIH, que entró en acción desde 2013, no trabaja sola. En esa tarea de lucha contra el tráfico ilícito de hidrocarburos intervienen además la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico, la Aduana Nacional de Bolivia, el Ministerio Público y la Agencia para el Desarrollo de las Macrorregiones y Zonas Fronterizas (Ademaf), entre otras instancias.

Con ese apoyo se realizaron operativos en Wilakala, municipio de Mocomoco, Patacaile en Puerto Acosta y Ulla Ulla en Pelechuco. “Desbaratamos ferias ilegales que estaban destinadas solamente al contrabando de combustible. Secuestramos entre tres y cuatro cisternas, y más de 20 vehículos entre pesados y livianos”, apuntó.

Esta Dirección no solo opera en carreteras, también lo hace en lagos y ríos, por eso hubo secuestros de barcazas en Beni y Pando, pero también en el lago Titicaca en La Paz.

Durante la reunión binacional entre Perú y Bolivia, que se realizó en junio en Puno, la DOIH a través de la ANH firmó también un acuerdo de intercambio de información con el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería, de Perú. Gracias a ello, el lunes 3 de agosto fue secuestrado un tráiler que llevaba combustible con un valor cercano a $us 180.000 y un vehículo de $us 15.000. “La ley prevé que estos vehículos, como medios de perpetración, una vez secuestrados y pasado el proceso penal, pasan a favor del Estado”, aclaró.

Las mafias corren todo tipo de riesgos e incluso van armadas para burlar los controles de la DOIH y las otras entidades que luchan contra este tráfico, ya que una vez que su cargamento con carburante boliviano cruza la frontera, triplican su inversión, por lo que es un negocio ilícito altamente rentable.

550.000 l de carburantes secuestrados hasta junio

Jorge Quispe

Durante el primer semestre de este año, la Dirección de Operaciones de Interdicción de Hidrocarburos (DOIH) secuestró 550.000 litros de combustible, informó su director Jaime Cuéllar.

Los operativos continúan en todo el territorio nacional, particularmente en las fronteras. En 2014, este brazo operativo de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) había decomisado 816.000 litros de combustible, entre gasolina y diésel, que pretendían ser sacados del país de forma ilegal. Esa cantidad fue menor a los 2.759.720 litros de 2013.

Cuéllar pidió a la población llamar al número gratuito 800-10-6006 para denunciar el contrabando de carburantes. La DOIH identificó que las mafias utilizan éstos para actividades ilícitas, como la minería y la explotación forestal ilegal en la frontera entre ambos países.

Unos 250 vehículos fueron decomisados

Jorge Quispe

Desde 2013, la Dirección de Operaciones de Interdicción de Hidrocarburos (DOIH), de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, secuestró 250 vehículos utilizados en la perpetración del ilícito de tráfico de carburantes, según informó su director Jaime Cuéllar.  

“Son los medios de perpetración del ilícito de hidrocarburos y aplicamos la Ley 100, así generamos la presencia del Estado a lo largo y ancho del país”, señaló. La Ley 100 de Desarrollo y Seguridad Fronteriza prohíbe el transporte de combustibles líquidos y gas licuado de petróleo (GLP) en motorizados no autorizados, mientras que el artículo 226 del Código Penal confisca a los delincuentes los bienes e instrumentos para cometer este delito.

Uno de esos grupos delincuenciales eran los integrantes del clan Nina, que organizaban las ferias ilegales en el altiplano paceño. La DOIH tiene secuestrados hasta 13 coches de este clan.

La DOIH secuestró el año pasado en el sector de Virupaya, dentro del municipio de Puerto Acosta, 12 vehículos que transportaban combustible boliviano a territorio peruano.

Por otro lado, esta Dirección desbarató también asociaciones de vendedores de combustible en diferentes pueblos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. “En el oriente los llaman bimboneros, en el Chapare bolseros. En algunos casos vendían hasta 2.000 litros, por eso desbaratamos estas agremiaciones, porque no pueden almacenar carburantes, como dice la Ley 100”, puntualizó.

La Razón constató en 2014, en el camino a La Asunta, Yungas, que los lugareños venden en tiendas la gasolina sin ningún problema.

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