Al rechazo a la Ley de Empresas Sociales ahora se sumó la Confederación Nacional de Micro y Pequeñas Empresas (Conamype) que se declaró en estado de emergencia y convocó a un ampliado para el próximo 8 de mayo en Cochabamba. En esa reunión se definirán las medidas de presión a asumir por la abrogación de la norma.

La polémica norma que, también es cuestionada por los empresarios, fue sancionada el 1 de mayo por el presidente Evo Morales en ocasión al Día Internacional del Trabajo. Ese día también se promulgó el decreto que establece el 5,5% de incremento al haber básico y el 3% al salario mínimo nacional.

Germán Canaviri, presidente de la Conamype, expresó su preocupación tras haberse aprobado la ley que –según dijo– no fue consensuada con su sector y pone en riesgo la propiedad privada de las cerca de 600.000 actividades productivas del país.

• CEPB advierte con medidas legales para demandar respeto a la propiedad privada y libertad de empresa

“Nosotros como pequeños y grandes empresarios estamos preocupados porque en este momento y ya no hemos declarado en estado de emergencia; esta vez nos vamos a organizar para ya ejecutar medidas de presión porque no soportamos esta clase de humillación al sector”, advirtió el dirigente quien confirmó el ampliado para el martes.

La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) anunció asumir medidas legales como un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) en contra de esa ley y convocó a un congreso nacional extraordinario donde se analizará la actual situación.

El secretario de Actas de la Conamype, Wilson Chambi, consideró que la Ley de Empresas Sociales es un “abuso total a la propiedad privada” por lo que demandó la abrogación de la norma.

• Empresarios prevén baja inversión y descartan pago del segundo aguinaldo

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Marco Antonio Salinas, aseguró que en la ley hay algunos artículos que son inconstitucionales e incluso son “expropiatorios de la propiedad privada”. Estimó que en un plazo de tres semanas ya estará listo el recurso legal y será presentado ante el TCP.

“Con este tipo de leyes no aconsejamos trabajar mucho en Bolivia ya que se espanta la inversión extranjera y tiene un efecto nocivo para el inversor”, aseguró el ejecutivo. (4/05/2018)