Economía

Nueva ley tratará el problema de los avasallamientos

Minería. La Comibol reveló que existen propuestas del Ejecutivo y otros sectores

La Razón / Wálter Vasquez / La Paz

01:30 / 06 de enero de 2012

La nueva Ley de Minería contemplará medidas “explícitas” en contra de avasallamientos impulsados por intereses políticos a proyectos mineros. La Comibol señala que esta situación se minimizaría con una presencia efectiva del Estado en el país.

Según el presidente de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), Héctor Córdova, la problemática de los avasallamientos surge a consecuencia de la falta de infraestructura y servicios para la población de las regiones donde se ubican “ricos” yacimientos mineros y proyectos de explotación públicos o privados. 

Sin embargo, admitió, existen avasallamientos que se generan por el interés individual de algunos dirigentes. “Los proyectos de interés público son prioritarios: una persona no puede oponerse al interés colectivo. La Ley Minera debe tener algo explícito sobre este punto (los avasallamientos) para que el operador minero esté seguro de su operación y que el dueño del territorio tenga las reglas bien claras”, sostuvo.

“Hay propuestas (sobre el tema) que se han manejado desde el Ministerio de Minería y de las organizaciones laborales, indígenas y campesinas”, agregó. No obstante, indicó, “es posible” evitar este tipo de situaciones —antes de iniciar una operación minera— a través de un diálogo que contemple no sólo a la dirigencia de la población cercana al área de influencia, sino al conjunto de la misma.

Además, dijo, las empresas mineras “deben cumplir los compromisos asumidos con las comunidades” para evitar futuros problemas. “Hay gente que sabe manejar esto (carencias y compromisos incumplidos) y que propicia las intervenciones a las operaciones mineras. Entonces, lo que se debe hacer es cortar la causa. El Estado debe estar presente en estas áreas y precautelar que el excedente (regalía) generado por el proyecto genere beneficios para la población del lugar”, manifestó.

Observación. A decir de Córdova, “la empresa minera se dedica a hacer el papel del Estado en muchas comunidades que carecen de sistemas de riego, canchas o antenas de comunicación: el Estado en sus distintos niveles debe intervenir corrigiendo esta situación que propicia los avasallamientos”.

La consulta y participación será una herramienta que “defina” la responsabilidad del municipio, Gobernación o Gobierno central y donde se alcancen acuerdos “que hagan sostenible la operación minera”, aseveró.

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