Economía

Procuraduría pide la anulación del fallo que favorece a Soboce

La Procuraduría General del Estado (PGE) pidió al Órgano Judicial la anulación del proceso legal sobre el cual se basó el juez Fernando Avilés para emitir un fallo que benefició a Soboce.

Sucre. Un trabajador embolsa cemento en la planta industrial de Fancesa.

Sucre. Un trabajador embolsa cemento en la planta industrial de Fancesa. Andrés Rojas-Archivo.

La Razón / Willy Chipana / La Paz

02:09 / 05 de junio de 2013

La Procuraduría General del Estado (PGE) pidió al Órgano Judicial la anulación del proceso legal sobre el cual se basó el juez Fernando Avilés para emitir un fallo que benefició a Soboce. La PGE se sumó de esta manera a los juicios que le siguen al magistrado otras dos entidades.

“La PGE pidió que se eleve en consulta ante el superior en grado para que, previa revisión exhaustiva de los actuados procesales, en especial la falta de competencia en razón de materia con la que actuó el juez Fernando Rilbert (Avilés), se disponga la nulidad de todo lo obrado, incluida la ilegal sentencia dictada sin competencia, condenando a un exorbitante monto en detrimento de los intereses del Estado”, señala el boletín de prensa de la Procuraduría.

El 15 de abril, el juez 7° de Partido en lo Civil y Comercial del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, Fernando Rilbert Avilés, determinó que la Gobernación de esa región debe cancelar a la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce) $us 93,35 millones más el 6% por daños y perjuicios por el 33,34% de acciones que tenía en Fancesa y que le fueron expropiadas el 1 de septiembre de 2010

La PGE también indicó que, a instancias de esa entidad, el juez admitió —en fecha 23 de mayo— la ilegal imposición de costas por el pago de honorarios de los abogados de Soboce por más de $us 18 millones que no correspondían. La Procuraduría aclaró que el artículo 39 de la Ley 1178 señala que los procesos administrativos y judiciales, en ninguna de sus instancias, “darán lugar a condena de costas y honorarios profesionales en contra del Estado, corriendo éstos a cargo de las respectivas partes del proceso”.

Curso. El 22 de abril, el gobernador de Chuquisaca, Esteban Urquizu, anunció que apelará el fallo del juez Avilés ante el Tribunal Supremo de Justicia por el que se obliga a la Gobernación pagar $us 93,3 millones a Soboce. En esa ocasión, manifestó que no tenía ningún problema en llegar a instancias legales para evitar el pago en favor de la cementera. 

El 24 de mayo, el subcontralor de Servicios Legales de la Contraloría General del Estado (CGE), Edino Clavijo, dijo que se interpuso una denuncia en contra del magistrado ante la Fiscalía por el delito de prevaricato al haber dictado sentencia al margen de sus competencias y ocasionar daño económico al Estado. “El Ministerio Público hará la investigación. (Sin embargo), la responsabilidad penal, de acuerdo al artículo 173 del Código Penal, establece una privación de libertad de cinco a diez años, que será agravada cuando hay daño económico causado al Estado”.

A estos procesos iniciados se suma la denuncia interpuesta por la PGE ante la Fiscalía General del Estado en contra del juez por el delito de prevaricato. “En fecha 17 de mayo de 2013, la Procuraduría General del Estado presentó una denuncia penal ante el Fiscal General por el delito de prevaricato” contra Avilés por emitir la sentencia 18/2013, “codenando al pago de costas al Gobierno Autónomo de Chuquisaca, en desmedro de los intereses nacionales”.

El gerente general de Soboce, Armando Gumucio, indicó ayer que no emitirá una opinión respecto al tema porque está relacionado a instituciones públicas. “No podemos emitir criterio sobre disposiciones judiciales, ni sobre acciones que realicen las instituciones públicas. Sin embargo, consideramos que este tema no afecta a la sentencia mencionada”, añadió.

Plazo para pago de las acciones

El 1 de septiembre de 2010, el presidente Evo Morales aprobó el Decreto 616 que dispone la transferencia del 33,34% de las acciones de Fancesa que pertenecían a Soboce a favor de la Gobernación de Chuquisaca. La norma legal establece que en un plazo de 180 días se realizará el pago previa valuación.   

Los privados piden pagar la deuda

El 26 de abril, el presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, Daniel Sánchez, pidió a las autoridades de la Gobernación Autónoma de Chuquisaca cumplir con el fallo judicial que favorece a Soboce, porque su tardanza genera una mala señal para los inversionistas extranjeros y nacionales.

Judicial. La CGE y la Gobernación le iniciaron otros juicios al juez Avilés

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