Economía

Procuraduría destina $us 495.714 a peritaje económico para responder a demanda por nacionalización de SABSA

La Procuraduría General del Estado lanzó la convocatoria internacional para contratar una consultoría y responder en un arbitraje internacional a las pretensiones de Abertis, de la que SABSA es filial. La empresa demanda el pago de 86 millones de dólares.

La Razón Digital / Carlos Corz / La Paz

10:33 / 14 de abril de 2014

La Procuraduría General del Estado destina 495.714 dólares para la contratación de una consultaría a fin de realizar un peritaje que responda en un arbitraje internacional a la pretensión económica de la empresa  de la española Abertis Infraestructuras por la nacionalización de acciones del Servicio de Aeropuertos de Bolivia S.A. (SABSA).

La convocatoria fue lanzada el 29 de marzo bajo el título de ‘Contratación de un servicio especializado de consultoría por resultados obtenidos, para el arbitraje internacional de inversiones caso CPA Nro 2011-14 Abertis Infraestructuras  S.A. contra el Estado Plurinacional de Bolivia’.

Los contratados deben presentar un primer informe para responder “con detalle” al análisis y modelo de daños presentado por la empresa de capitales extranjeros en mayo de 2013 y preparar un segundo que “responda y refute” a la respuesta del demandante. Además tiene que defender en el Tribunal Arbitral los informes económicos.

El Gobierno de Evo Morales nacionalizó el 18 de febrero de 2013 el paquete accionario del SABSA con el argumento de que no hubo inversiones en las terminales aéreas de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. También denunció que la empresa pagó en 1997 Bs 26.050 para administrar las tres terminales principales valuadas en $us 430 millones.

“En fecha 9 de mayo de 2013, Abertis presentó el memorial de Demanda Reformulada que contiene reclamos por la nacionalización, violación del TBI y reclamos históricos  en el marco del arbitraje internacional de inversiones”, establece parte de la convocatoria internacional publicada en la página web de la Procuraduría.

En diciembre pasado, la empresa española demandó una indemnización de 86 millones de dólares, que fue rechazada por la administración boliviana.

La Procuraduría estableció como precio referencial de la contratación 495.714,28 dólares o su equivalente al tipo de cambio actual (6,6 bolivianos) de 3.450.171,38 bolivianos. El peritaje económico deberá, según la convocatoria, contar con elementos como una proyección de las tasas de inflación y los tipos de cambio futuros a partir de la nacionalización.

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