Economía

Norma revocará adjudicación de viviendas sociales por anomalías

Proyecto. Se identificó a 3.000 personas que vendieron, alquilaron las casas y otros

El Alto. Vista de los bloques de viviendas sociales del condominio Wiphala, entregados en febrero.

El Alto. Vista de los bloques de viviendas sociales del condominio Wiphala, entregados en febrero. APG.

La Razón (Edición Impresa) / Aline Quispe / La Paz

02:20 / 24 de marzo de 2016

Con el proyecto de Ley de Pérdida de Beneficio, el Gobierno busca establecer el marco jurídico para revocar la adjudicación de las viviendas sociales dotadas por el Estado, debido a que algunos beneficiarios las habrían abandonado, alquilado, vendido o no estarían pagando sus créditos.

La norma elaborada por el Órgano Ejecutivo fue remitida el 9 de marzo a la presidencia de la Cámara de Diputados para su respectivo tratamiento.

El viceministro de Vivienda y Urbanismo, Bony Morales, explicó ayer que el proyecto de “Ley de Pérdida de Beneficio” pretende garantizar que las familias que se beneficiaron de viviendas sociales otorgadas por el Estado cumplan la función social porque “hay muchas familias que no están ocupando las viviendas pues las habrían transferido, o las están alquilando y esta ley corregirá estas distorsiones registradas en los planes de vivienda”. Añadió además que muchas viviendas se entregaron a través de un crédito, pero los beneficiarios no están cancelando las cuotas del préstamo.

La norma tiene el “objeto de establecer el marco jurídico referente a la revocación del beneficio o vivienda social otorgado por el nivel central del Estado o la resolución contractual como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones contraídas por parte del beneficiario en el marco del régimen de vivienda social”.

En el proyecto de ley se indica que se entiende como función social para el régimen de vivienda social concedida por el Estado al uso efectivo, tenencia, posesión pacífica y continua de buena fe a la que está destinada la vivienda social y que debe ser ejercida por el beneficiario o su núcleo familiar.

Irregularidad. El viceministro afirmó que no se tiene la cantidad exacta de las personas que recibieron viviendas sociales entregadas por el Estado y que no estarían cumpliendo con la función social, aunque dijo que preliminarmente se identificó “entre 2.500 y 3.000” adjudicatarios. Por ello, manifestó, debe efectuarse un censo.

La norma se aplica a personas naturales o jurídicas que habiendo recibido una vivienda social otorgada por el Estado con recursos provenientes del régimen de vivienda social, han incumplido las obligaciones contraídas en el marco de ese régimen.

En la exposición de motivos del proyecto de ley se revela que “actualmente se incrementa el número de viviendas sociales abandonadas entregadas por el Estado o que las mismas fueron vendidas, generando un lucro para los beneficiarios cuando alquilan, venden o realizan cualquier otra disposición con fines económicos con dicha vivienda”. Incluso, dice que hay casos en que las viviendas fueron entregadas a crédito y los beneficiarios no procedieron al pago oportuno de las cuotas, mermando los recursos de los aportes del régimen de vivienda social.

Finalidad  de la norma

El proyecto de ley establece que su finalidad es “precautelar el cumplimiento de la función social del beneficio o de la vivienda social” entregada por el Estado.

Se restringe la venta o hipoteca del inmueble

El proyecto de Ley de Pérdida de Beneficio dispone que la vivienda social otorgada por el Estado no puede ser vendida, enajenada, hipotecada y otros dentro de los 10 años siguientes de ser entregada, con el propósito de poder garantizar la función social.

La Disposición Final Quinta señala que dicha determinación debe estar establecida en el documento de entrega de la vivienda social que establece tales restricciones. “Lo que queremos es que los programas de vivienda actuales y futuros beneficien a la gente que cumple los requisitos, y cuando acceda a las viviendas se garantice el fin social. Una vivienda social no se puede alquilar o vender, y eso es lo que ha estado ocurriendo”, afirmó el viceministro de Vivienda, Bony Morales. En la norma se ordena que la generación de cartera de los programas de vivienda social requerirá verificación previa del fin social.

Casos en los que se aplicará la ley

El proyecto de Ley de Pérdida de Beneficio establece que el Gobierno podrá recuperar las viviendas sociales de los beneficiarios que incumplieron el fin social cuando la titularidad de la propiedad esté a favor del Estado o cuando las familias no hayan pagado el total del inmueble para lograr su derecho propietario, entre otros casos.

“En el proyecto hay procesos administrativos que se podrán instaurar a las familias que no están cumpliendo con el fin social de las viviendas”, dijo el viceministro de Vivienda y Urbanismo, Bony Morales.

La norma dispone que se procederá a la revocación de la adjudicación de la vivienda social o entrega realizada por acto administrativo efectuado por la autoridad administrativa competente o institución facultada cuando la titularidad siga a favor del Estado o de un tercero interviniente en programas o proyectos de vivienda social.

También se efectuará la revocación de la vivienda social cuando afecte únicamente a los beneficiarios que no hayan efectuado la cancelación total del beneficio para la consolidación de su derecho propietario. La norma dispone que la revocación tendrá como consecuencia la recuperación del beneficio a favor de la entidad estatal competente o del patrimonio autónomo del que emergió el financiamiento, concluido el procedimiento administrativo.

Además, ordena que la resolución contractual por incumplimiento a las obligaciones contraídas procederá cuando los beneficiarios siendo titulares del derecho propietario no hayan hecho ningún pago por la adquisición del terreno o construcción de la casa. También cuando el Estado mediante sus programas “sea titular de un derecho real sobre cosa ajena en el inmueble”.

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