Economía

Quiborax: Mesa replica que Arce, Navarro y Menacho deben responder por los $us 42,6 MM

El expresidente Carlos Mesa consideró "irracional" que se pretenda que una persona común pueda asumir este pago. Dijo que quedaría hipotecado hasta sus próximas cinco generaciones. Acusó a la administración del presidente Evo Morales de fomentar "impunidad" para proteger a los verdaderos responsables.

El ministro de Justicia, Héctor Arce; el ministro de Minería, César Navarro y el Procurador del Estado, Pablo Menacho.

El ministro de Justicia, Héctor Arce; el ministro de Minería, César Navarro y el Procurador del Estado, Pablo Menacho.

La Razón Digital / Rubén Ariñez / La Paz

14:15 / 23 de julio de 2018

Un día después de que el Gobierno revelara que el juicio impulsado en contra del expresidente Carlos Mesa apunta a recuperar los $us 42,6 millones que indemnizó el Estado por el arbitraje perdido en el caso Quiborax, el exmandatario replicó “indignado” que quienes deben honrar ese pago son los ministros Héctor Arce y Cesar Navarro, además del procurador Pablo Menacho.

El exgobernante defendió nuevamente su inocencia en el proceso en su contra, que considera "político". Remarcó que no cometió “ningún error” jurídico durante su mandato, destacó que el término “revocatoria” que observa el Ejecutivo como ilegal está consignado en la legislación boliviana y que la Superintendencia de Minas de ese entonces zanjó el conflicto con la anulación de las concesiones entregadas a Quiborax.

“Este elemento que demuestra mi absoluta acción correcta en términos legales como gobernante se contrasta con los delitos, y quiero subrayar delitos, cometidos por la Procuraduría y Defensa Legal del Estado”, afirmó.

Acusó a los funcionarios por los “delitos” y la “pésima defensa” que rodea al caso y denunció una práctica de impunidad y delitos como traición al país.

“El señor Arce y el señor Menacho son quienes deben responder por los 42 millones porque han cometido delitos, porque han hecho actos irregulares y porque han hecho una pésima defensa de nuestros intereses en el caso Quiborax”, indicó en un contacto con radio Compañera.

También apuntó a la exfuncionaria de la Procuraduría Carmiña Llorenti a quien el Gobierno indaga por filtrar documentos de la defensa.

En ese marco, puntualizó que el centro del debate no es cómo él pagará ese monto de dinero de hallárselo culpable, sino la forma en cómo protege la administración del presidente Evo Morales a los, desde su punto de vista, verdaderos responsables.

“El punto está primero en la irracionalidad de los 42,6 millones de dólares y la imposibilidad de hacer un pago de cualquier persona particular de ello, pero aquí no está en cuestión cómo pagas o en qué medida hay que quitarme todos los bienes habidos y por haber o que (me) hipotecarán por las próximas cinco generaciones o cualquier disparate de esa naturaleza. El elemento central de análisis es que quienes deben responder por estos delitos son el señor Héctor Arce, el señor Pablo Menacho, el señor César Navarro y la señora Elizabeth Arismendi porque yo he demostrado palmariamente que no solo no cometí ninguna irregularidad sino que actué apegado rigurosamente a la ley”, sostuvo.

Bolivia pagó a la firma extranjera $us 42,6 millones por un fallo emitido por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi). El Gobierno, a través de la Procuraduría, culpó a Mesa por un “procedimiento ilegal” con el que se la expulsó, en 2004, y se revirtieron las 11 áreas en el Salar de Uyuni que se le había concedido para la explotación de ulexita.

Mesa se refirió al asunto tras que el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Mario Guillén, en una rueda de prensa el domingo declarara que “básicamente los procesos que se han iniciado contra el expresidente van justamente en la recuperación de los 42 millones de dólares”.

“Esta vergüenza en la que las palomas tienen que disparar contra las escopetas es la que me tiene indignado y el señor Ministro de Economía se suma a esta complicidad vergonzosa de uno de los actos de mayor impunidad que yo ha visto en el Gobierno del presidente Evo Morales en término económicos”, reclamó Mesa.

El expresidente denunció en varias oportunidades las reuniones que sostuvieron funcionarios de la Procuraduría, entre ellos Llorenti, con los abogados chilenos para negociar la cesación de la denuncia penal en contra de los socios de la firma Quiborax por la falsificación de documentos que fueron usados para instalar el laudo.

A su juicio, hay una “complicidad demostrada a través de Carmiña Llorenti, a quien protegen de una manera muy sospechosa, de la Procuraduría con abogados chilenos”.

“Para decir lo mínimo, es un delito, para decir lo máximo podemos hablar de traición al Estado, para no hablar del uso ilegal de documentos que no pueden redactar las autoridades del Poder Ejecutivo que son potestad del poder Judicial”.

Para detener el proceso en su contra, el exgobernanante ha presentado seis memoriales a la Fiscalía General del Estado y tres al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

El titular de la Fiscalía, Ramiro Guerrero, a su juicio, “es un empleado del ministro de Justicia Arce” y sobre el TSJ, dijo que “todo parece indicar que es un brazo ejecutor de la decisiones del Gobierno”. (23/07/2018)

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