Economía

Senado sanciona norma para cerrar ‘hospital de empresas’

Recursos. Un informe señala que el Estado perdió Bs 206 MM

La Paz. Vista del edificio de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

La Paz. Vista del edificio de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). Pedro Laguna.

La Razón (Edición Impresa) / Miguel Lazcano / La Paz

02:04 / 06 de mayo de 2015

El pleno de la Cámara de Senadores sancionó ayer el Proyecto de Ley 004 que tiene por objeto establecer el cierre de los procedimientos de Reestructuración y Liquidación Voluntaria de Empresas establecidos en la Ley 2495 del 4 de agosto de 2003.

La norma regulará asimismo las competencias y atribuciones de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Empresas (Aemp).

Según una nota de prensa enviada a este medio por el Senado, la Aemp verificará el cumplimiento de los acuerdos de transacción en cuanto a vencimiento de plazos en cronogramas o planes de pago establecidos en el acuerdo de transacción y comunicará de ello a la junta de acreedores.

En la norma se hace hincapié en que el retraso en el cumplimiento del cronograma o del plan de pagos, importará la constitución en mora del deudor.

La Razón informó el 17 de marzo que el Estado boliviano sufrió un daño económico de Bs 205,7 millones por la condonación y el no pago de impuestos de nueve empresas que se acogieron al denominado “hospital de empresas”. Otras ocho firmas, que tienen deudas por unos Bs 85 millones, también piden una amnistía.

En esa ocasión, el entonces presidente de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Diputados, Javier Zavaleta, dijo que la Ley 2495 de Reestructuración y Liquidación Voluntaria de Empresas generaba una discriminación entre las firmas que cumplieron con sus adeudos y otras que no lo hicieron y que exigían un trato diferenciado para que se les condone pasivos que tenían con bancos privados en quiebra y otras deudas tributarias.

Con la norma, añadió, se generó una injusticia debido a que todas las compañías que se postulaban para obtener dicho trato diferenciado no podían hacerlo pues solo accedían aquellas que estaban vinculadas con el gobierno del entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada.  La Cámara de Diputados aprobó el 11 de marzo una minuta pidiendo al Gobierno que se inicie una investigación para determinar y procesar a los responsables de la aplicación, homologación y aprobación de la Ley 2495.

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