Economía

Senador solicita al Contralor General informe oral por el caso Taladros

El opositor Óscar Ortiz explicó que, en su comparecencia oral, Ara deberá explicar qué responsabilidades encontró en los 19 implicados en este caso.

El senador de UD, Óscar Ortiz, en conferencia de prensa. Foto: La Razón

El senador de UD, Óscar Ortiz, en conferencia de prensa. Foto: La Razón

La Razón Digital / Ángel Guarachi / La Paz

15:31 / 12 de septiembre de 2017

El senador de la opositora Unidad Demócrata (UD) Óscar Ortiz pidió ante la presidencia del Senado que el contralor General, Henry Ara, rinda un informe oral sobre el avance de las investigaciones en el proceso irregular de contratación de tres equipos de perforación para YPFB.

Según el legislador, desde el Ejecutivo se busca “cubrir de un manto de silencio” al caso Taladros tal como ocurrió en el fondo indígena, ya que no se tienen mayores avances de la investigación que se inició desde el Ministerio Público y desde la Contraloría.

“Por eso he decidido presentar esta petición de informe oral, que ya está presentada, ante la directiva del Senado, para exigirle al Contralor General del Estado, que dado que hasta tiene guardado en un cajón el caso de los taladros, se vea obligado a venir al Senado”, sostuvo.

El opositor explicó que, en su comparecencia oral, Ara deberá explicar qué responsabilidades encontró en los 19 implicados en el caso taladros, quienes tendrían indicios de procesos penales y qué acciones efectuaron desde su despacho.

Hasta el momento son siete las personas procesadas por el caso. Se trata de los abogados Gizel Siles, Félix Bustos y Julio Kjari, pertenecientes a la Unidad Jurídica de YPFB; el director interino de Operaciones de Perforación, Bismarck Serrano y el gerente de Perforación Corporativa, David Pérez.

Además de la exgerente Legal de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Cynthia Novillo, que se encuentra en el Centro de Orientación Femenino de Obrajes y el expresidente de la estatal petrolera, Guillermo Achá, quien tiene detención domiciliaria.

A principios de agosto, la Contraloría presentó una demanda penal ante el Ministerio Público como producto del informe de supervisión que inició tras revelarse en marzo el caso del supuesto proceso irregular al proceso de contratación de los equipos valuados en $us 148 millones.

El 1 de septiembre, la justicia rechazó la apelación a la detención preventiva de cinco exfuncionarios encarcelados de YPFB y los mantuvo con detención preventiva. (12/09/2017)

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