Economía

Dueños de casas de juego ilegales migran sus negocios a otras urbes

Según la AJ, en Bolivia solo hay un negocio legalmente establecido y está en Santa Cruz. Enriquecimiento ilícito con afectación al Estado, el delito por el que pueden ser enjuiciados.

Un operativo realizado en una casa de juegos.

Un operativo realizado en una casa de juegos. Foto: Eduardo Schwartzberg-Archivo

La Razón (Edición Impresa) / Angélica Melgarejo / Cochabamba

07:58 / 31 de julio de 2017

Debido a los operativos practicados en Santa Cruz, quienes pretenden sustraerse al control estatal, comenzaron a abrir  casas de juego ilegales en otros departamentos, como Cochabamba, alertó la Autoridad de Fiscalización y Control del Juego (AJ).

“Uno de los departamentos con más operativos de control es Santa Cruz, y debido a estos controles, las casas de juego estarían migrando a otras regiones”, destacó Jessica Saravia, directora ejecutiva de la entidad.

La noche del miércoles, por ejemplo, en la zona de la Chimba fue clausurado un establecimiento clandestino en el que se encontraron nueve equipos de computación a través de los cuales se hacían apuestas vía internet y se arrestó a tres personas.

“Desde el 10 de noviembre de 2016, es la tercera intervenida”.

En lo que va del año también se intervinieron establecimientos ilegales en Trinidad y La Paz.

Durante el primer semestre de este año, la AJ clausuró 30 negocios en Trinidad (Beni), Santa Cruz de la Sierra, La Paz y Cochabamba, y secuestró un millar de máquinas.

“Tenemos 10 personas sentenciadas, cinco de ellas en Santa Cruz. En La Paz y Chuquisaca estamos entrando a juicios, y esperamos que en Cochabamba se tenga el apoyo del Ministerio Publico”, agregó la autoridad.

Desde 2011 —cuando fue creada en aplicación de la Ley de Juegos de Lotería y Azar, sancionada en diciembre de 2015— la AJ llevó adelante más de 1.100 intervenciones a casas de juego clandestinas y decomisó 12.000 máquinas,  las que fueron destruidas.

Otro de los cambios detectados en los siete años de funcionamiento de la entidad es que si antes quienes estaban tras este negocios solían abrir “salones de juego”, hoy usan viviendas particulares y la tecnología para captar clientes.

Éste es el caso de La Chimba, donde la casa de juegos —que tenía ingresos diarios de Bs 39.000— funcionaba de una manera particular. En el lugar encontraron nueve computadoras, que eran utilizadas para jugar en línea, y  tenían instaladas juegos de azar que permitían efectuar apuestas a través de internet.

Tres personas estaban a cargo del sitio, dos eran encargadas de ayudar a la gente a apostar, y la tercera administraba el sitio. Los jugadores eran contactados a través de la aplicación de mensajería WhatsApp.  Según Saravia, es la primera vez que observa que estos establecimientos hacen “gestión con la gente. Aquellos que tienen el vicio (ludópatas) eran contactados y citados en diferentes esquinas de la zona para llevarlos a la casa”.

En la vivienda, que fue descubierta a denuncia de los vecinos, se encontraron números de cuentas bancarias de personas en Santa Cruz. El lugar no contaba con la autorización de la AJ, por ello fue calificada de ilegal y generadora de delitos, como el enriquecimiento ilícito con afectación al Estado. Sin embargo, en la intervención, los fiscales aseguraron que “no había ilícitos” por lo que no se pudo detener a nadie ni secuestrar documentos e información, denunció Saravia.

Los juegos de azar no están prohibidos en Bolivia, pero quienes quieren dedicarse a esta actividad tienen que solicitar permiso  y cumplir los 18 requisitos exigidos. Según la AJ, en el país existe una sola casa de juegos legalmente establecida, que está ubicada en Santa Cruz de la Sierra.

Algunos requisitos para abrir este negocio

  1. Testimonio de la escritura pública de constitución de sociedad comercial inscrita en el Registro de Comercio.
  2. Matrícula de Comercio actualizada emitida por el Registro de Comercio.
  3. Carnet o pasaporte del representante legal, directores, socios o accionistas.
  4. Certificado de inscripción en el Padrón Nacional de Contribuyentes de Impuestos Nacionales.
  5. Declaración jurada de socios o accionistas de que su patrimonio y capital no se encuentran vinculados a terceros.
  6. Certificado de solvencia fiscal de socios, accionistas, etc., de la Contraloría General.
  7. Certificado de solvencia fiscal de socios, accionistas, etc., emitido por la Contraloría General del Estado.
  8. Autorización otorgada por la Alcaldía, ya que la casa debe estar lejos de universidades, colegios y centros de salud.
  9. Declaración jurada notariada sobre el origen de los recursos financieros.
  10. Declaración jurada notariada sobre el patrimonio de los socios.
  11. Certificado del Registro Judicial de Antecedentes Penales de no tener sentencia ejecutoriada con condena de prisión corporal, de los socios o accionistas y otros.
  12. Proyecto de factibilidad económica.

Fuente. AJ (31/07/2017)

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