Economía

El juez del caso Soboce puede ir 10 años a prisión

Proceso. La Contraloría lo denunció ante la Fiscalía

Producción. Las instalaciones de la cementera Fancesa en Sucre.

Producción. Las instalaciones de la cementera Fancesa en Sucre. La Razón-Archivo.

La Razón / Willy Chipana / La Paz

02:14 / 25 de mayo de 2013

La Contraloría General del Estado (CGE) dijo que el juez Fernando Rilberth Avilés, quien emitió un fallo a favor de la cementera Soboce, podría ser sancionado con una pena de entre 5 y 10 años de cárcel por el delito de prevaricato.

El subcontralor de Servicios Legales de la CGE, Edino Clavijo, explicó ayer que el proceso iniciado en la Fiscalía en contra del magistrado sucrense, quien omitió las normas que determinan que las entidades públicas están exentas del pago de costas, actuó sin competencia y que el proceso debería haberse ventilado inicialmente por la vía contencioso-administrativa.

“El Ministerio Público hará la investigación, y la responsabilidad penal de acuerdo al artículo 173 del Código Penal establece una privación de libertad de 5 a 10 años que será agravada cuando hay daño económico causado al Estado”, manifestó Clavijo.       

El 16 de abril, el juez 7° de Partido en lo Civil y Comercial, Fernando Rilberth Avilés, emitió una sentencia judicial que dispone que la Gobernación de Chuquisaca pague a la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce) $us 93,3 millones más multas e intereses por el 33,34% de las acciones que le fueron expropiadas en la Fábrica Nacional de Cemento (Fancesa).

La expropiación se hizo a través de un decreto supremo aprobado el 1 de septiembre de 2010.  El subcontralor indicó que la Gobernación de Chuquisaca también puede adherirse al proceso penal que se ha iniciado en contra de Avilés. “Todas las acciones que realiza la Contraloría están enmarcadas en la ley”, afirmó.

CGE auditará proceso que hizo Gobernación

Una vez que la Gobernación de Chuquisaca pague a la cementera Soboce por el 33,34% de sus acciones en Fancesa, la Contraloría General del Estado (CGE) iniciará una auditoría sobre las acciones u omisiones que hubieran cometido sus autoridades.

El subcontralor de Servicios Legales de la CGE, Edino Clavijo, señaló que los servidores públicos son responsables de las decisiones que asumen así como por la administración de los recursos de las instituciones estatales. “Una vez que ya se procese el pago (a Soboce) se realizará una auditoría y se analizará qué hicieron, qué no hicieron y cuáles han sido las consecuencias de sus acciones u omisiones. Si se hubiere causado un daño económico a la entidad, va a haber responsabilidades”, aseveró.

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