La Gaceta Jurídica

Apuntes sobre la Reivindicación Marítima en la Constitución

(Parte final)

Foto: jordiviajandoporelmundo.blogspot.com

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Las Gaceta Jurídica / Alan E. Vargas Lima

00:00 / 13 de abril de 2012

10. La Reivindicación Marítima en la Constitución Boliviana

Ciertamente –aunque resulte paradójico–, el tema marítimo, o de la reivindicación marítima como tal, no fue abordado o incorporado en ninguna de las reformas que se introdujeron a la Constitución Boliviana  (salvo por la reformas constitucionales efectuadas durante los años 1831, 1834 y 1839, en que se declaró expresamente que el territorio de la Nación Boliviana comprendía los Departamentos de Potosí, Chuquisaca, La Paz, Santa Cruz, Cochabamba y Oruro, así como las provincias Litoral y de Tarija).

Esto sucedió pese a ser un tema de constante actualidad en el transcurso de todos estos años y que constituye inclusive una de las bases de la Política Exterior Boliviana frente a Chile; ello, presumiblemente, en la confianza de que el asunto, en los inicios de la época republicana no requería mayor controversia, dado que la misma República de Chile, en sus Constituciones Políticas de 1822, 1823, 1826 y 1833,declaraba expresamente que los límites de ese país abarcaban “desde el despoblado de Atacama hasta el Cabo de Hornos...”.

Sin embargo, de esta grave omisión son rescatables algunas de las propuestas de reforma constitucional que se formularon hasta antes de la instalación de la Asamblea Constituyente en Bolivia.

Así, por ejemplo, una de las primeras propuestas específicas sobre el tema fue expuesta por Fernando Salazar Paredes, quien, fundamentándose precisamente en el hecho de que uno de los pilares de nuestra política internacional es el derecho que tiene Bolivia a retornar al Pacífico, argumentaba que –según su criterio–  “el punto de partida para alcanzar nuestra reintegración marítima es, consecuentemente, afirmar en lo interno y externo el derecho que tiene Bolivia a retornar al Pacífico”.

Este principio fue precisamente reconocido en el ámbito hemisférico de manera contundente en la Resolución de la Organización de Estados Americanos (OEA) de 22 de octubre de 1979, cuando unánimemente se expresó que “es de interés hemisférico permanente encontrar una solución equitativa por la cual Bolivia obtenga acceso soberano y útil al Océano Pacífico”, motivo por el cual dicho autor sostuvo que un precepto de esta naturaleza no puede estar ausente de nuestro texto constitucional.

A cuyo efecto propuso un nuevo artículo a ser inserto entre las Disposiciones Generales de la Constitución, que establezca: “El derecho eminente de Bolivia a un acceso propio, libre, soberano y útil al Océano Pacífico es imprescriptible”; e, inmediatamente después, un segundo artículo relacionado al anterior y basado en las Resoluciones, tanto del Consejo de Seguridad como de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que constituyen parte de la doctrina internacional, y que declare:

“Bolivia reconoce y aplica las normas del derecho internacional general y americano en la medida en que sus poderes públicos las hayan adoptado. Consagra el derecho de autodeterminación de los pueblos y el respeto a su soberanía. El principio de la no intervención constituye una norma invariable de la política internacional boliviana que no reconoce la conquista territorial por la fuerza de las armas”  (1).

Por otro lado, se debe mencionar que ciertamente en Bolivia, y después de las reformas constitucionales efectuadas durante los años 1994 y 2004, han sido pocas las innovaciones trascendentales que se han incorporado al texto constitucional, sin embargo –curiosamente–, en ningún momento se determinó incorporar una cláusula de rango constitucional que ponga en evidencia la situación de enclaustramiento en que se encuentra nuestro país a consecuencia de la invasión perpetrada al Litoral boliviano y la injusta Guerra del Pacífico.

Entonces, probablemente este aspecto sí pueda ser considerado uno de los méritos de la Constitución aprobada en enero de 2009, que dedica un Capítulo especial al tema de la Reivindicación Marítima, aunque, lamentablemente, tan solo lo desglosa escuetamente en dos artículos:

“Artículo 267.I. El Estado boliviano declara su derecho irrenunciable e imprescriptible sobre el territorio que le dé acceso al océano Pacífico y su espacio marítimo. II. La solución efectiva al diferendo marítimo a través de medios pacíficos y el ejercicio pleno de la soberanía sobre dicho territorio constituyen objetivos permanentes e irrenunciables del Estado boliviano”.

“Artículo 268. El desarrollo de los intereses marítimos, fluviales y lacustres, y de la marina mercante será prioridad del Estado y su administración y protección será ejercida por la Armada Boliviana, de acuerdo con la ley”.

Es importante tener presente que cuando se habla de Reivindicación Marítima se hace referencia precisamente al reclamo insistente de todo el pueblo boliviano para que vuelvan al dominio soberano de Bolivia los extensos territorios del Litoral boliviano y adyacentes que fueron usurpados por la prepotencia bélica, permaneciendo hasta la actualidad en poder de la República de Chile, desde la injusta guerra de conquista, asalto e invasión, perpetrados el año de 1879 en contra de Bolivia.

En este sentido, las citadas normas constitucionales pretenden poner en evidencia este funesto hecho al declarar el carácter irrenunciable e imprescriptible de la demanda marítima boliviana, a un acceso libre y soberano al Océano Pacífico y su espacio marítimo, con la aclaración de que Bolivia es partidaria de una solución al diferendo marítimo, siempre por medios pacíficos, antes que bélicos, ello en el marco del respeto y observancia de las reglas del Derecho Internacional, como corresponde a una nación civilizada.

Aunque, sin embargo, pretender “el ejercicio pleno de la soberanía sobre dicho territorio…”  es precisamente lo que ha provocado una reacción contraria y negativa por parte de las principales autoridades chilenas en este último tiempo (2) (principalmente porque contradice la política expansionista que ese país siempre ha sostenido), con el argumento de que no existiría problema limítrofe alguno y que el mismo habría sido “solucionado” por el Tratado de “Paz y Amistad” suscrito entre ambos países el año 1904 (con Chile tenemos paz, pero no amistad), lo cual no hace sino poner en evidencia la injusticia de un Tratado impuesto por la fuerza a un país vencido como consecuencia de una guerra de agresión injusta.

Asimismo, esta posición oficial no considera que cuando un Tratado, por el cambio de las circunstancias, llega a producir a una de las potencias contratantes un daño grave que no puede razonablemente preverse, obraría contra la equidad la otra potencia, insistiendo en su cumplimiento, conforme se ha dejado establecido en la doctrina del Derecho Internacional.

Por otro lado, se debe rescatar que lo que la Constitución quiere poner de relieve es que la República de Bolivia –ahora Estado Plurinacional de Bolivia– nació libre, independiente y soberana y que en la división política territorial contaba con el Departamento del Litoral, poseyendo una franja costera y marítima hacía el océano Pacifico.

Ello implica también que la República de Bolivia –ahora Estado Plurinacional de Bolivia– nunca renunció a reivindicar su Derecho Marítimo, sino que, de manera permanente, mantuvo vigente el reclamo ante organismos internacionales e instancias bilaterales y multilaterales sobre el derecho al acceso soberano a las costas marítimas usurpadas en 1879.

Precisamente esta situación, y las normas constitucionales antes detalladas, motivaron la emisión del  Decreto Supremo Nº 834, de 5 de abril de 2011, que tiene por objeto crear la Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima (como institución pública descentralizada, de derecho público, con personalidad jurídica propia, autonomía de gestión administrativa, financiera, legal, técnica y patrimonio propio, bajo tuición del Ministerio de Relaciones Exteriores).

También funda el Consejo Nacional de Reivindicación Marítima, que se constituye en el órgano superior de coordinación, presidido por el Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia (y en su ausencia por el Vicepresidente del Estado Plurinacional o por el Ministro de Relaciones Exteriores) y está encargado de la definición, planificación, desarrollo ejecución y evaluación de políticas referidas a la reivindicación marítima del Estado Plurinacional de Bolivia, de acuerdo a lo previsto por la Constitución Boliviana.

Además de lo anterior, a fin de sustentar la reivindicación marítima boliviana, se debe considerar como requisito imprescindible el agotamiento de todas las instancias jurídicas existentes, presentando documentación verídica y apropiada (desechando la que fuere dudosa o meramente literaria); así como invalidar los Tratados impuestos por la fuerza, haciendo valer de ellos únicamente la autoconfesión de que los territorios usurpados eran y son bolivianos, mucho más si se considera que en caso de una eventual exigencia de compensaciones, la explotación por parte de Chile del Ferrocarril Arica-La Paz, de las minas de Chuquicamata, de abonos, de tierras, de agua dulce, del mar y de aduanas, han cancelado en demasía, todo pago, gasto o compensación que quisieran alegar las autoridades chilenas, lo que debe ser necesariamente considerado en estricto derecho; todo ello como parte de la estrategia jurídica de la Demanda Marítima Boliviana (3).

Es importante dejar establecido que la reivindicación marítima no acaba con la mencionada declaración constitucional, tampoco empieza con la conmemoración del Día de la Reivindicación Marítima (el 29 de abril de cada año), sino que implica una estrategia política, institucional y de política exterior (constante y permanente) del Estado Plurinacional de Bolivia, encaminada a la discusión abierta, debate serio y consecución de propuestas concretas de solución al problema del enclaustramiento marítimo de Bolivia, situación política, económica y socialmente perjudicial que no puede ser perpetua, ni tampoco mantenerse invariable por más tiempo.

Este tema debe ser propuesto en la mesa de negociación de cualquier instancia regional y/o internacional por parte de Bolivia, debe ser el punto central de todo acuerdo de integración regional que involucre a los dos países, para que goce de especial y previo pronunciamiento como requisito indispensable para el desarrollo del país, a fin de que el clamor del pueblo boliviano no sea más desoído o simplemente ignorado y no sea soslayado o reemplazado por intereses momentáneos que no consulten las legítimas aspiraciones de un pueblo que tiene derecho a reclamar lo que fue, es y será siempre suyo: una costa marítima, con puerto libre, en el Océano Pacífico.

Finalmente, es importante entender que el Tratado de 1904 estableció la paz después de la guerra injusta, pero no así la amistad, es decir que no ha cerrado en definitiva el problema limítrofe que persiste entre Bolivia y Chile, sino que, por el contrario, es el motivo que ahora, más que nunca, determina la búsqueda de vías alternativas para que ambos Estados, a través de las voces de sus pueblos, encuentren la manera adecuada de reconciliar su hermandad y de esta forma reforzar su soberanía frente a influjos externos que tienden a distanciarlos, para ello debe tenerse como punto de partida la premisa básica consistente en la necesidad de hacer justicia a la demanda del pueblo de Bolivia.

Asimismo, cualquier proceso de integración, presente o futuro, entre nuestros pueblos se ve enormemente obstaculizado, no solamente por todos los sucesos históricos que han derivado en la situación actual, sino también por las realidades vigentes que crean desunión entre nosotros, y para concretar aquella aspiración, debemos buscar juntos una solución pacífica al injusto encierro geográfico de Bolivia, superando de una vez y para siempre las heridas del pasado, e imponiendo a su vez la voluntad real de los pueblos involucrados en este problema por la fuerza de las circunstancias históricas (Bolivia, Chile y Perú).

De otra manera, y sin ese convencimiento pleno, no podremos actuar con la lealtad que se requiere de manera indispensable para la convivencia pacífica entre naciones de un mismo continente. En homenaje al Litoral boliviano.

La Paz, 23 de marzo de 2012

NOTAS:

1.SALAZAR PAREDES, Fernando. Política Exterior, Relaciones Internacionales y Constitución. La Paz (Bolivia): Ediciones CERID, 1991. Págs. 122-123. En el mismo sentido, el profesor de la Universidad de Cochabamba, doctor Pablo Dermizaky Peredo, en su propuesta de Reformas a la Constitución Política del Estado de 1967 (vigente en ese entonces), planteó la necesidad de que la Constitución deba contener “un capítulo sobre el respeto a los principios de Derecho Internacional universalmente aceptados, como son el derecho de asilo, la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de las controversias, el derecho de los tratados, la integración regional y subregional, el no reconocimiento de adquisiciones territoriales por la fuerza, condena a la agresión, al colonialismo, neocolonialismo, racismo y toda forma de discriminación, etc.”.Constitución Política del Estado (con Introducción, Notas, Comentarios y Concordancias por el doctor Pablo Dermizaky Peredo). Segunda Edición. Cochabamba-La Paz (Bolivia): Editorial Los Amigos del Libro, 1992. Pág. 24.

2. En este sentido, el pasado 2011, el mismo Presidente de la República de Chile, Sebastián Piñera, sostuvo que la propuesta final es no ceder soberanía y que esa sería la propuesta definitiva ante el consenso político alcanzado en Chile (Fuente: Matutino La Razón. La Paz (Bolivia), 26 de febrero de 2011. Disponible en el Blog: Tren Fugitivo Boliviano).

3. El 2011 también se ha dado a conocer algunos argumentos y ejes principales que debería tener la estrategia para la Demanda Marítima Boliviana (Fuente: Matutino La Razón. La Paz (Bolivia), 27 de marzo de 2011. Disponible en el Blog: Tren Fugitivo Boliviano).

*    Es abogado, responsable del Blog Jurídico: Tren Fugitivo Boliviano http://alanvargas4784.blogspot.com/

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