Demanda Marítima

Diputados chilenos plantean una agenda sin exclusiones

Los legisladores aclararon que el documento no tiene efecto jurídico ni legislativo y que ya fue enviado a Piñera, quien es libre de acatarlo o ignorarlo.

Entidad. Una sesión del pleno de la Cámara de Diputados de Chile.

Entidad. Una sesión del pleno de la Cámara de Diputados de Chile. Foto: elnuevopais.net

La Razón (Edición Impresa) / Luis Mealla / La Paz

10:24 / 11 de abril de 2019

Legisladores de Chile explicaron a La Razón que la resolución aprobada por la Cámara de Diputados de ese país, para restablecer el diálogo con Bolivia, eventualmente plantea una agenda sin la exclusión de temas, entre ellos la reivindicación marítima.

“Ambos países no pueden estar eternamente en conflicto; estamos abiertos a conversar todos los temas con Bolivia, no hay temas vetados, incluso el tema del mar porque no se trata de condenar a Bolivia a una situación difícil. Habrá que buscar fórmulas  para resolver problemas relevantes como ese”, afirmó el diputado Jaime Naranjo, del Partido Socialista (PS), uno de los 10 legisladores que impulsó la resolución.

“Será importante elevar nuestra relación a nivel de embajadores y eso va a contribuir al fortalecimiento de la diplomacia de los pueblos (...); ese es el llamado que hemos hecho al presidente Sebastián Piñera (...). Creemos que no debe haber absolutamente ningún tema vetado en las relaciones entre los países, somos pueblos hermanos”, sostuvo el diputado por el Frente Amplio (FA) Tomás Hirsch, quien también lidera el Partido Humanista de ese país, que en reiteradas oportunidades manifestó su respaldo para que Bolivia tenga una salida al océano Pacífico.

Hirsch y Naranjo forman parte de un grupo de 10 legisladores que desde noviembre de 2018 impulsaron la Resolución 364, cuyo objetivo es “el restablecimiento de las  relaciones diplomáticas” con Bolivia, rotas desde 1962, cuando el país vecino desvió de forma unilateral las aguas del río Lauca, un afluente de curso internacional.

Propuesta. Tras cinco meses, el documento fue considerado y aprobado por el pleno de Diputados de Chile; 65 legisladores votaron a favor, 24 en contra y 31 se abstuvieron. Esa entidad legislativa está integrada por 155 miembros.

Este guiño para el restablecimiento de las relaciones bilaterales ocurre luego de que en octubre del año pasado la Corte Internacional de Justicia (CIJ) rechazara la demanda boliviana de obligar a Chile a negociar una salida soberana al Pacífico, en función de los ofrecimientos que hizo el país vecino a lo largo de la historia para resolver el enclaustramiento marítimo, que derivó de la Guerra del Pacífico (1879-1883) y del Tratado de 1904, que definió los actuales límites entre ambas naciones. 

No obstante, la Corte definió que el fallo no debe ser tomado como un impedimento para que los dos países reanuden sus conversaciones para tratar la centenaria reivindicación boliviana.

Con todo, la Resolución 364, en la parte de “vistos y considerandos”, señala que el pedido se refiere al inicio de un diálogo político y diplomático, pues en función al fallo de la CIJ “Chile no tiene obligaciones jurídicas pendientes con Bolivia”; aunque en otra parte aclara que si bien entre ambos países hay “problemas políticos y jurídicos”, “los primeros siguen sin resolverse en la medida que no restablecemos con ellos (Bolivia) el diálogo político internacional”. 

“Esta situación abre la oportunidad de iniciar una nueva fase en las relaciones políticas” entre ambos países, proceso que debe comenzar con el “restablecimiento de nuestra embajada en dicho país”, agrega otra parte del documento. Bolivia y Chile solo tienen relaciones a nivel de consulados.

“En el Parlamento existe la voluntad de avanzar en reconfigurar una relación, respetando el pronunciamiento de organismos internacionales respecto al mar, sobre los cuales se debe iniciar conversaciones; eso quiere decir que coloquemos entre los pueblos una puerta abierta para los intercambios, sociales, económicos, culturales y educacionales que son parte de la integración”, expresó el diputado Diego Ibáñez, del Movimiento Autonomista.

Los legisladores aclararon que el documento no tiene efecto jurídico ni legislativo y que ya fue enviado a Piñera, quien es libre de acatarlo o ignorarlo.

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