Editorial

Aires de río

La irresponsable codicia de empresarios y traficantes de tierras impide que la norma sea cumplida

La Razón (Edición Impresa)

23:40 / 26 de marzo de 2018

Durante la última temporada de lluvia, al menos seis municipios en diferentes puntos del país han sufrido la inclemencia del clima, con sendas inundaciones producidas por el desborde de ríos. En todos los casos el desastre se produjo porque las personas optaron por construir sobre aires de río, cuando no en el cauce mismo, desconociendo el peligro que corrían.

Los municipios afectados no por los ríos, sino por la imprudencia de quienes construyeron sus viviendas en sus márgenes y, sobre todo, de las autoridades que, sabiendo cuáles son las prohibiciones expresas de la ley al respecto, o no pudieron o no quisieron evitar que se erijan esas construcciones son El Alto, con los ríos Seco y Sek’e; Tiquipaya, con el río Taquiña; La Paz, con el caudal de Zongo; Monteagudo y el río Sauces; Tupiza, con el río homónimo; y Riberalta, con el río Beni.

Un estudio realizado por el Instituto de Investigaciones Geográficas de la Universidad Mayor de San Andrés (Iigeo) demostró que entre los factores que contribuyen a la aparición de “asentamientos peligrosos” (es decir, aquellas urbanizaciones que son vulnerables a desastres naturales como la crecida de los ríos) están la falta de planificación, la demanda habitacional y la aparente seguridad de los espacios colindantes a los ríos por las obras que allí se erigen.

Según explica el Director del Iigeo, por lo general “la lógica es echarle la culpa a la naturaleza: los tomadores de decisiones no pueden culpar a los afectados, la gente culpa al Gobierno (local, departamental o nacional), y éste desvía su responsabilidad hacia la naturaleza”. Los estudios de los geógrafos de la UMSA demuestran que esto viene sucediendo desde hace ya muchos años.

A su vez, el Decano de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes de la UMSA advierte que esta situación, que año tras año trae dolor y desgracia para muchas familias en el país, no se resuelve produciendo nuevas leyes, sino con un control más rígido de parte de los gobiernos locales. En efecto, según la Ley 482, de Gobiernos Autónomos Municipales, éstos son los únicos propietarios de “hasta 25 metros a cada lado del borde de su máxima crecida de riachuelos, torrenteras y quebradas, con sus lechos, aires y taludes hasta su coronamiento”. Desafortunadamente, la irresponsable codicia de empresarios y traficantes de tierras impide que la norma sea cumplida.

Urge que las autoridades de los tres niveles gubernativos comiencen a tomarse en serio esta temática, pues no se trata solo de lamentar año tras año estas desgracias o valorar la enorme solidaridad del pueblo boliviano, sino de reconocer que la planificación es la base de la prevención, y que al evitar nuevos asentamientos y, sobre todo, advertir a quienes corren riesgo, se están dando pasos importantes para dejar de sufrir una y otra vez las mismas desgracias. No será fácil, pero hay que hacerlo.

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