Editorial

Injusticia

El sistema penal desprecia los derechos de quienes han sido sindicados de haber cometido algún delito.

La Razón (Edición Impresa) / Editorial

10:36 / 19 de agosto de 2018

Semanas atrás se supo del caso de un hombre en el penal de San Sebastián, Cochabamba, que había permanecido por 14 años detenido sin sentencia. Días después, en Palmasola, Santa Cruz, se supo de un hombre que permaneció 13 años detenido, sin pruebas, de un delito cuya pena es de ocho años. Los casos son muchos más y la injusticia campea en los penales bolivianos.

A instancias de la Representación Departamental de la Defensoría del Pueblo en Santa Cruz se descubrió que solo en Palmasola hay al menos 14 personas encarceladas sin pruebas y que podrían recuperar su libertad sin mayores dificultades. El problema tiene base en la negligente actuación del Ministerio Público y de Régimen Penitenciario que, literalmente, desprecian e ignoran los derechos de las personas sindicadas de haber cometido algún delito; “se cometen excesos y actos de negligencia”, dijo el representante de la institución nacional de Derechos Humanos.

Tómese como ejemplo el caso de una mujer detenida en el penal cruceño desde 2012, acusada de un crimen cuyas evidencias nunca han sido encontradas y que no pudo recobrar su libertad por simple carencia de dinero; la Defensoría del Pueblo brindará el apoyo legal y económico necesario. Y hay más casos como ese.

El Defensor del Pueblo informó que su equipo en Santa Cruz visitó Palmasola y detectó “aproximadamente 14 casos que ya podrían tener libertad inmediata”.

Agregó que para estos casos se tiene el apoyo jurídico de la Defensa Pública que buscará extinguir las causas penales. Asimismo, se está recurriendo a acciones de libertad. En todos los casos, lo que se percibe es una deficiente administración de justicia.

Según datos oficiales, en las cárceles de Bolivia hay casi 19.000 personas privadas de libertad, lo que en los hechos significa un hacinamiento del 270%. Del total de personas que permanecen tras las rejas, apenas 5.500 tienen sentencia y el restante 71% son detenidos preventivos. Es obvio que entre esas casi 14.000 personas que no tienen sentencia pero han perdido la libertad hay muchísimos casos en los que ni la Fiscalía ni la Defensa Pública ni Régimen Penitenciario están haciendo bien su trabajo.

Al respecto, el Ministro de Gobierno reconoció que Régimen Penitenciario, que depende de su despacho, es una de las entidades “más débiles” y “con mayores fracasos” en los últimos años. Días atrás, el Consejo Consultivo 2018 de esa repartición concluyó con recomendaciones de ampliar la infraestructura y mejorar la coordinación en el sistema judicial.

Es obvio que no se trata de construir más cárceles, sino de tener, alguna vez, un sistema que administre justicia y no el sistemático desorden que hoy campea en todas las instituciones vinculadas con el sistema penal boliviano. Urge, pues, que todas las ideas para eliminar la injusticia que hoy caracteriza al sistema penal comiencen a ser puestas en práctica.

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