La Gaceta Jurídica

Cambio de Constitución, sin cambios de civilización

Las propuestas elevadas por los pueblos indígenas a la Asamblea Constituyente presentan las ideas para organizar el país de acuerdo a un nuevo modelo plurinacional. Aquí examinamos las propuestas de organización del Estado Plurinacional tal cual fueron planteadas, manipuladas y modificadas por el Parlamento y por el gobierno del mas.

La Gaceta Jurídica / Pablo Regalsky

00:00 / 10 de enero de 2012

Los indígenas no propusieron un cambio brusco y radical que pudiera llevar a un enfrentamiento directo con quienes aún tienen el poder, tampoco propusieron una utopía irrealizable.

La propuesta indígena originaria del Pacto de Unidad (no del mas) es realista y al mismo tiempo tiene elementos como para iniciar ese camino hacia una nueva civilización. Esos principios reconocen una realidad actual, la de las instituciones de autogobierno con las cuales los propios pueblos indígenas y originarios se rigen en la vida cotidiana y manejan sus formas de convivencia. No la inventan, la reconocen.

Esas formas de convivencia existen pese a sufrir la continua presión y a veces también agresión del Estado en diferentes administraciones y gobiernos y al continuo ataque de las multinacionales, oligarquías terratenientes, sectores racistas de la sociedad y al desconocimiento por parte de las instituciones académicas. Aun contra todo eso, las formas de convivencia indígena originaria campesina se mantienen vivas y constituyen una alternativa.

La Constitución de 2009

La Constitución Política del Estado (cpe) contiene 144 modificaciones efectuadas en el Parlamento en octubre de 2008. Esas modificaciones ilegales e ilegítimas son resultado del Pacto entre el gobierno del mas y los prefectos representantes de la “media luna” en sus negociaciones de Cochabamba. Negociaciones que fueron avaladas por todos los partidos políticos del sistema parlamentario.

Pese a que ese Pacto introdujo arreglos muy favorables a los intereses capitalistas depredadores y contrarios al movimiento indígena y popular, se han salvado ciertos principios fundamentales que vienen de la propuesta original del Pacto de Unidad. Esos principios fueron respetados en el texto aprobado en la sesión final de la Asamblea Constituyente del 9 de diciembre de 2007. Esos aportes están planteados en el Capítulo Primero de la Primera Parte de la Constitución (Bases Fundamentales del Estado).

El artículo 1 de la cpe, discutido y aprobado en plenaria final y luego por el Parlamento y refrendado por el Referendum, dice: “Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país”.

Este artículo parecería reunir diferentes doctrinas y concepciones del Estado, a veces contrapuestas, que luego toman forma con el complemento de otros. La propuesta del Pacto de Unidad plantea que el Estado boliviano es a la vez Unitario y Plurinacional. Desde otras propuestas se han añadido términos como el de “Social de Derecho” que proviene del derecho constitucional alemán. La idea de que es descentralizado y con autonomías cualifica el término “Plurinacional”. Es que Plurinacional implica autogobiernos coasociados en una empresa común, “descentralizado” implica un estado que deja caer unas monedas a los niveles bajos de gobierno. Nada que ver lo uno con lo otro.

El núcleo de la propuesta indígena originaria para Estado Plurinacional propone un Estado refundado, en cuya refundación ya no participarían solo descendientes criollos del colonizador, sino todas las naciones y pueblos que conforman Bolivia. Eso no ocurrió y las razones las damos en el siguiente acápite de este artículo.

Un Estado Plurinacional ya no se trataría del Estado colonial vigente que impone su modelo cultural y a la vez establece una estructura política uniforme donde solo existe una identidad con una sola cultura general. En cambio un Estado Plurinacional –aún por construir– reconoce la existencia de varias naciones y pueblos que vienen desde antes de la Colonia y de la República y que mantienen control sobre sus territorios a través de sus propias instituciones.

“Artículo 2. Dada la existencia precolonial de las naciones y pueblos indígena originario campesinos y su dominio ancestral sobre sus territorios, se garantiza su libre determinación en el marco de la unidad del Estado, que consiste en su derecho a la autonomía, al autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones y a la consolidación de sus entidades territoriales, conforme a esta Constitución y la ley.”

Este artículo es categórico. “se garantiza su libre determinación en el marco de la unidad del Estado… que consiste en su derecho a la autonomía, al autogobierno, etc.”.

El texto no deja duda, sumado al artículo 1, sobre el Estado “de Derecho Plurinacional”, que se funda en el pluralismo político, económico, jurídico, etc. Esto implica que existen las naciones y pueblos (no necesariamente reducidas al ámbito rural) que tienen su propia institucionalidad política y jurídica, sistema económico, sistemas legales y de autoridad, los cuales deben ser respetados en el marco de la consolidación de sus entidades territoriales.

El pluralismo jurídico, al cual se refieren los artículos primero y segundo, son detallados en el capítulo IV de la Jurisdicción Indígena Originaria Campesina (artículos 190 a 192). El pluralismo jurídico es la expresión de la existencia de una institucionalidad política y jurídica propia y separada de cada uno de los pueblos y naciones originarias.

El pluralismo jurídico implica diversos sistemas legales amparados por la Constitución. Esto no se refiere simplemente a formas de arreglos internos sobre delitos menores. Se refiere a que en los territorios indígenas existe un ordenamiento jurídico y una institucionalidad política diferente y separada de aquella del Estado, que se refiere a todos los órdenes de la vida humana, su reproducción y a la relación con la naturaleza, es decir, a la actividad productiva.

Según el texto constitucional, ya no tiene existencia legal (o ya no debería existir) un solo sistema judicial, una sola armazón jurídica bajo la cual están todos los ciudadanos. Pues hasta ahora la normativa constitucional solo reconocía como actores políticos a los ciudadanos y a los partidos políticos que los representan. La Constitución reconoce personería política con derecho al ejercicio de jurisdicción y legislación propia a los pueblos y naciones que conforman Bolivia. Esos sujetos colectivos que son los pueblos y naciones indígena originario campesinos tienen derecho a la libre determinación y cada uno de los ellos es reconocido con su propio sistema de autoridad política, jurídica y sus propias instituciones.

Esto no significa que el Estado boliviano deja de ser unitario. El sentido que le quiso dar el movimiento indígena originario al término “unitario” es que preserva la unidad del Estado. Unidad no significa “homogeneidad”, podemos ser diferentes, estar unidos e interactuar.

Ahora bien, ¿cómo se ha puesto en marcha el “Estado plurinacional”? El sistema actual trata más bien de una “asamblea plurinacional” elegida por voto universal y secreto. Ninguno de los representantes es elegido por usos y costumbres y todos han debido formar parte de listas o planchas presentadas por partidos políticos ante la Corte o “poder” Electoral.

El sistema de voto universal y secreto es la clave de un sistema de democracia liberal y neocolonial dominado por el monopolio de representación que ejercen los partidos políticos. Es el sistema que permite desintegrar la sociedad en individuos que solo son responsables ante sí mismos de su voto, todos dejamos de “pertenecer”, ya sea a una clase, a una comunidad, a un barrio, a una nación oprimida.

Este sistema de representación, en el cual el pueblo pierde el derecho de soberanía que pasa a ser depositado en los mecanismos de representación del Estado, es clave para el sistema de dominación colonial global.

No hay ninguna nación, pueblo u organización representada en la Asamblea Legislativa Plurinacional (alp). Solo están los partidos que representan “la ciudadanía” homogénea e indiferenciada de una “población”. Cuando los diputados indígenas pretenden separarse del mas y organizar su propio bloque son amenazados de que les aplicarán la ley del “transfugio”. La organización actual de la ALP desconoce el sentido fundamental de la Constitución y lo viola a través de la utilización de artículos y resoluciones secundarias.

El texto constitucional declara roto el monopolio de los partidos sobre la representación y relativiza el voto universal y secreto como única expresión de la voluntad del pueblo, pues asume que el pueblo ejercerá soberanía en forma directa, asamblearia, tal cual dice la actual Constitución en el artículo 7:

Artículo 7. La soberanía reside en el pueblo boliviano, se ejerce de forma directa y delegada. De ella emanan, por delegación, las funciones y atribuciones de los órganos del poder público; es inalienable e imprescriptible.

El ejercicio directo de la soberanía por el pueblo es el principio revolucionario establecido en este artículo y que por supuesto el gobierno del mas no cumple. El ejercicio directo de soberanía implica que cuando el pueblo, el barrio o la comunidad elijen una autoridad le están dando un mandato explícito que cumplir, no le dan una carta firmada en blanco como sucede en el sistema “representativo” y con duración fija de cargos. Cuando la asamblea del pueblo, el barrio, la comunidad o la ciudad entera ven que el mandato no se está cumpliendo, lisa y llanamente eso da lugar a la Revocatoria del Mandato, la autoridad es destituida y se la cambia. Esa es la democracia directa, completamente viable en la medida que el pueblo está movilizado.

El gobierno del mas se burla de la Constitución al impedir el ejercicio directo de la soberanía por el pueblo. Viola la constitución en forma directa al desconocer la libre determinación de naciones y pueblos indígenas.

Las leyes aprobadas por la mayoría abrumadora de dos tercios que dispone el mas en la “Asamblea plurinacional” impiden la puesta en marcha del principio de ejercicio directo de la soberanía por el pueblo y el principio de libre determinación. Impiden en particular el ejercicio de la representación directa de los pueblos indígenas a través de sus propias instituciones políticas, en el ejercicio del pluralismo político y jurídico. Ese es el resultado del pacto nacional logrado entre el gobierno del mas y los prefectos de la media luna.

Las leyes transitorias del Poder Electoral, de la Descentralización y autonomías y la Ley de Deslinde Jurisdiccional desconocen esos principios constitucionales e impiden que se elija las representaciones indígenas y originarias campesinas por medio de sus usos y costumbres y que las instituciones políticas indígena originarias tengan sus propias competencias. Impiden la organización de jurisdicciones electorales en los territorios indígenas (ahora denominados tioc) y reduce el número de jurisdicciones electorales a una completa irrelevancia.

¿Qué dicen esos artículos modificados?

El inciso VII agregado al artículo 146 dice: “Las circunscripciones especiales indígena originario campesinas, se regirán por el principio de densidad poblacional en cada departamento. No deberán trascender los límites departamentales. Se establecerán solamente en el área rural, y en aquellos departamentos en los que estos pueblos y naciones indígena originario campesinos constituyan una minoría poblacional. El Órgano Electoral determinará las circunscripciones especiales. Estas circunscripciones forman parte del número total de diputados.”

De esta manera, si quedaba alguna duda de la violación del principio de devolución de la soberanía al pueblo, aquí queda despejada. Las limitaciones para que se establezcan circunscripciones “especiales” indígenas son tales que, en los departamentos donde hay mayoría indígena, es decir todos los departamentos de la región andina, no está permitida la elección de representantes por usos y costumbres.

Aun allí, donde los pueblos indígenas son minoritarios, es decir en las tierras bajas, la ley electoral también ha impedido que la elección de representantes sea por usos y costumbres y ha impuesto la elección a través de partidos políticos y por voto universal y secreto, impidiendo el ejercicio de las instituciones políticas propias indígenas.

A esto se agrega el hecho de que se impide la constitución de circunscripciones indígenas que trasciendan los límites departamentales. Las disposiciones de carácter reglamentario de este inciso agregado ilegalmente vulneran los artículos fundamentales 1, 2, 7, 276, 296 y otros.

Tomado de: bolpress.com

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