La Gaceta Jurídica

Estructura jurídica e institucional de la seguridad y defensa en el Estado Plurinacional

(Parte final)

Foto: seccionsegunda.blogspot.com

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La Gaceta Jurídica / Guehiza Zeballos Grossberger

00:00 / 14 de agosto de 2012

Es evidente entonces que nuestro país proscribe el uso o amenaza de la fuerza como instrumento de solución de diferendos, hecho que una vez más ratifica su estricto apego al principio de solución de controversias por medios pacíficos y el respeto y promoción de los derechos humanos interpretados de conformidad a los instrumentos internacionales en la materia ratificados por Bolivia y ahora incluidos en el bloque de constitucionalidad del ordenamiento jurídico nacional (1).

Asimismo el estado boliviano promueve la cultura de paz y derecho de paz, rechazando toda guerra de agresión como instrumentos de solución a los conflictos entre estados, reservándose sin embargo se reserva el derecho a la legítima defensa, derecho que será necesariamente ejercido por las Fuerzas Armadas del Estado en cumplimiento a su misión constitucional establecida en el artículo 244 de la Constitución Política del Estado (cpe) y el artículo 6 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas (lofa) (2), “las Fuerzas Armadas (ffaa) tienen por misión fundamental defender y conservar la independencia, seguridad y estabilidad del Estado, su honor y la soberanía del país; asegurar el imperio de la constitución garantizar la estabilidad del gobierno legalmente constituido y participar en el Desarrollo Integral del país”, por tanto, se entiende que las ffaa se constituye en la institución que tiene el uso legítimo y legal de la fuerza para la Defensa del Estado.

El artículo 9, inciso 2, indica que son fines y funciones esenciales del Estado garantizar el bienestar, el desarrollo la seguridad…” y complementado tal postulado el artículo 12, párrafo II, de la cpe establece que son funciones estatales la de Control, la de Defensa de la Sociedad y la Defensa del Estado.

Asimismo, entre las atribuciones conferidas al Presidente (a) se encuentra la de preservar la Defensa y Seguridad del Estado (artículo 172, inciso 16 de la CPE).

De igual forma, el texto constitucional establece instituciones encargadas de la Defensa y del Estado, como son la Procuraduría General (artículo 229), las Fuerzas Armadas (artículo 243) y la Policía Boliviana (artículo 251) y paralelamente el Ministerio de Defensa Legal del Estado (DS N° 29894) (3), instituciones que serán analizadas a detalle posteriormente.

En el marco de la distribución de competencias realizada según la organización territorial del Estado boliviano, es importante mencionar que la Seguridad y Defensa es competencia privativa del nivel central, así como la política exterior (artículo 298, numeral 6 y 8), siendo esta última considerada como un instrumento de carácter diplomático orientado a la defensa y consecución de los intereses nacionales en el ámbito internacional a cargo del Servicio de Relaciones Exteriores, cuya misión se halla legalmente establecida en el artículo 1 de la Ley 1444 (4) y artículo 9, numeral 9-I, que delega como una de las atribuciones principales el Ministerio de Relaciones Exteriores, velar por la Defensa de los intereses del Estado y formular los lineamientos fundamentales de la Política Exterior Boliviana.

Sin embargo, considero necesario aclarar por qué la política exterior puede estar inmersa en el subcampo de la seguridad y defensa, muy simple, la Política de Defensa del Estado es elaborada tanto a nivel interno como externo. En el ámbito externo puede darse excepcionalmente por la fuerza ante una inminente agresión y en uso del derecho a la legítima defensa, sin embargo, el derecho internacional insta a los estados a la utilización de medios pacíficos para la resolución de sus controversias (5) o la defensa de sus intereses nacionales; por tanto, la política exterior es y debe ser empleada como un instrumento capaz de defender los intereses del Estado ante la comunidad internacional, aceptando como única limitante los principios y normas (6) del derecho internacional moderno.

Por tanto, la estructura jurídica del subcampo de la seguridad y defensa se halla reconocida por los postulados constitucionales que establecen a este binomio como una de las funciones esenciales del Estado, a través de mecanismos legales políticos y militares en salvaguarda de los intereses nacionales; asimismo, la cpe reconoce como competencia privativa del nivel central la seguridad y defensa, consolidando para al efecto la institucionalidad del Consejo Supremo de Defensa del Estado Plurinacional (cosped) (7) que es el más alto organismo asesor en seguridad y defensa integral del país.

Estos postulados reconocen la validez del ordenamiento jurídico que regula la misión y ejercicio de las Fuerzas Armadas, el Servicio del Relaciones Exteriores, el Ministerio de Defensa Legal y la Procuraduría General del Estado; sin embargo, en el caso de la institución tutelar del Estado, es necesaria la adecuación de sus normas a los nuevos preceptos constitucionales, considerando que en su mayoría estas datan de años anteriores a la aprobación de la cpe vigente, la cual tiene por primera vez un carácter internacionalista al incluir entre las fuentes del derecho nacional a los tratados internacionales, otorgándoles una jerarquía superior a las leyes y normas inferiores (artículo 410, II,2)cuando se tratare de la defensa de los Derechos Humanos; asume además los principios imperativos del derecho internacional que rige las relaciones entre los estados (8) y regula los campos del Derecho Supranacional, Transnacional y Multi o Plurinacional (9).

Estructura institucional de la seguridad y defensa

Según Guillermo O’Donnell a nivel institucional la democracia liberal debe explicar la existencia de a) elecciones limpias y decisivas, b) un sistema legal ecuánime y c) organizaciones que se dediquen a proteger el interés general..” entendiendo este último como los más altos intereses del Estado y a las organizaciones como las ffaa, necesariamente subordinadas democráticamente (10). No obstante, como se estableció precedentemente la nueva visión de la Seguridad y Defensa del Estado Plurinacional parte de la corresponsabilidad civil-militar dirigida a la protección del Estado, donde la Seguridad es una condición que se logra como producto de actividades orientadas a atenuar o eliminar ciertas vulnerabilidades o amenazas internas o externas (11), en tal sentido, utilizando el enfoque de la seguridad y defensa concebido como un subcampo del sistema político boliviano legal y legítimamente reconocido por la sociedad y regulado por la norma suprema del Estado, queda describir la estructura institucional que organiza este subcampo.

Como establecimos anteriormente, el estado constitucionalmente reconoce atribuciones y competencias a varias instituciones que deberán actuar en pro de la defensa tanto de la sociedad como del Estado boliviano, sin embargo, para fines de delimitación únicamente haremos referencia a las instituciones encargadas de la Defensa Nacional del Estado a través de los mecanismos constitucionalmente reconocidos (legal, política y militar).

Por Defensa Legal podemos entender el empleo de normas jurídicas para promover, defender y precautelar los intereses del Estado a nivel nacional como internacional, en el marco del ordenamiento jurídico vigente y las normas y principios del derecho internacional, bajo esta lógica la Procuraduría General del Estado, reconocida como institución jurídica pública del Estado Boliviano, tiene el deber constitucional de defender judicial y extrajudicialmente los intereses del Estado, ante los tribunales que así lo requieran (artículo 231 cpe), en concordancia con dicha institución el Ministerio de Defensa Legal del Estado, tiene entre sus atribuciones a cargo de Ministro (a) del ramo, la de asumir la defensa técnico-legal de los intereses del Estado Plurinacional, en litigios nacionales e internacionales pero en materia de inversiones (artículo 43, DS N° 29894).

Al hacer referencia a la defensa por medios políticos, es importante recordar que el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, como máxima autoridad política y Capitán General de las Fuerzas Armadas (12), tiene entre sus atribuciones: a) preservar la Seguridad y Defensa del Estado, b) ejercer el mando de Capitana o Capitán General de las ffaa y disponer de ellas para la defensa del Estado, su independencia y la integridad del territorio (artículo 172, inciso 16 y 25), c) presidir el cosped y definir la política de seguridad y defensa nacional (artículo 21 lofa, inciso c), entre otras.

Sin embargo, al margen de ello, otro mecanismo político para la defensa de los intereses del Estado pero a nivel internacional es la Política Exterior que a cargo del Servicio de Relaciones Exteriores tiene como misión principal preservar y resguardar la soberanía e intereses de Bolivia ante la comunidad internacional…” (artículo 1, Ley 1444), este instrumento político, si bien se adecua a uno de los principios imperativos de relacionamiento entre los estados por su carácter eminentemente pacifista, debe además de procurar mantener relaciones de amistad y cooperación para el desarrollo de nuestro país, constituirse en un sólido y eficaz mecanismo de defensa de los objetivos e intereses nacionales en el escenario internacional.

Ahora bien, cuando hablamos de Defensa Militar, hacemos mención al uso o amenaza de la fuerza para la defensa de los intereses del estado, en este caso de aquellos que atentan contra la soberanía, independencia e integridad territorial, misión que constitucionalmente se halla encomendada a las Fuerzas Armadas, institución que asentada en principios de subordinación, jerarquía y disciplina (excepcionalmente) y ante una agresión ilegitima o temor de daño inminente) en uso del derecho a la legítima defensa consagrado en el artículo 10 de la cpe, recurrirá a las armas para precautelar la Seguridad Nacional del Estado Boliviano, pese a este mandato que habilita constitucionalmente el uso de la fuerza y respaldado por el artículo 51 de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas (onu) (13) y por las disposiciones normativas contenidas en la ley Orgánica de las Fuerzas Armadas (lofa) y demás reglamentos conexos, la Defensa Militar es un mecanismo que progresivamente pretende ser eliminado de los ordenamientos jurídicos de los estados a fin de cumplir eficazmente el propósito de las Naciones Unidas de mantener la paz y seguridad internacionales en el mundo.

No obstante, en tiempos de paz las ffaa cumplen otros mandatos constitucionales destinados a defender los intereses del Estado como ser el de a) garantizar la estabilidad del gobierno legalmente constituido b) ejercer acciones de control y defensa de las zonas de seguridad fronteriza (artículo 263 cpe), c) defender, controlar y conservar la integridad territorial, las aguas territoriales y el espacio aéreo, así como contribuir a la protección del medio ambiente, los recursos naturales y de todo el patrimonio nacional (artículo 6 lofa) y d) coadyuvar, en caso necesario, a la conservación del orden público y demás responsabilidades encomendadas para tal fin.

Se debe tener en cuenta que el Ministerio de Defensa es el organismo político y administrativo de las ffaa (artículo 246 cpe y 22 lofa), cuya misión fundamental es misión fundamental, la formulación y ejecución de políticas de seguridad y defensa, la gestión y administración del presupuesto de las Fuerzas Armadas, coordinando su participación en el desarrollo integral y garantizando su accionar en el mantenimiento de la independencia, seguridad, soberanía e integridad territorial del Estado Plurinacional de Bolivia (14), así también el Decreto Supremo N° 29894 que define la Estructura Organizativa del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional, determinada como una de las atribuciones del (la), responsable directo del Sector Defensa:

a) formular y proponer la política de Seguridad y Defensa al cosped,

b) garantizar el accionar efectivo de las Fuerzas Armadas en el mantenimiento de la independencia, seguridad, soberanía e integridad territorial del Estado Plurinacional y

c) formular y proponer políticas y acuerdos internacionales, destinados a promover la cultura de la paz y el derecho a la paz garantizando la defensa regional y seguridad hemisférica entre otras.

Paralelamente a la labor que emprenden estas instituciones, existe el Consejo Supremo de Defensa del Estado Plurinacional (cosped) que se cataloga como el organismo del más alto nivel de asesoramiento, planificación y coordinación en materia de Seguridad, Defensa y Desarrollo Integral del Estado cons- titucionalmente reconocido en el artículo 248, mismo que está presidido por el Capitán General de las ffaa y cuenta con la participación del Vicepresidente y Presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, el Ministro de Defensa, el Gabinete Ministerial, el Comandante en Jefe de las ffaa, los comandantes generales de Fuerza y la Secretaría Permanente del Consejo, además de comités técnicos y la Dirección del Inteligencia del Estado.

En caso de suscitarse conflictos internos, las ffaa en cumplimiento de su misión constitucional de garantizar la estabilidad del gobierno legalmente constituido, la vigencia de la constitución y los principios democráticos del Estado, pueden ser empleadas para la conservación del orden público interno, en aquellas situaciones en que los elementos policiales empleados sean rebasados por la magnitud de la violencia o cuando la escalada del conflicto hace prever la necesidad del empleo de unidades militares (15), excepcionalmente en estos casos las ffaa, a fin de preservar la seguridad y defensa nacional, intervienen en apoyo a la policía boliviana a través del uso de la fuerza incluyendo el empleo de armamento reglamentario en función a criterios de necesidad, proporcionalidad, racionalidad y discriminación  (16).

Es así como la defensa militar es empleada para asegurar el normal desenvolvimiento de las instituciones democráticas y el imperio de la ley en territorio, a fin de precautelar la seguridad nacional.

De lo expuesto, es evidente que la Defensa del Estado no se reduce únicamente al empleo de la fuerza armada, sino más bien a la aplicación de un sistema integral, que comprenda mecanismos administrativos, políticos, jurisdiccionales y militares correctamente armonizados y coordinados tendientes a garantizar los principios, valores e interés fundamentales del Estado Boliviano.

Bibliografía

Revista Doxa (17-18) 1995, artículo de Ricargo Guastini “Normas Supremas”.

Doxa 5 (1998), Traducción de Manuela Atienza “Sistemas Jurídicos, Principios Jurídicos y Razón Práctica”, Robert Alexy.

Instituto de Estudios Internacionales, Oscar Alba, Coor., Instrumentos Normativos del Sistema Jurídico Internacional. Ed. Kipua, 2010.

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Instituto de Estudios Internacionales, Alba Oscar y Castro Sergio, Manual de Derecho Internacional Público, Ed. Kipus, 2010.

Soria Galvarro Jorge, Relaciones Internacionales Política Exterior Política Interior, 2011.

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PRISFAS, FFAA, Democracia e Integración Regional, 2007.

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Anteproyecto de Ley de Seguridad y Defensa del Estado Plurinacional,2010.

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CHIHU, Aquiles P. La teoría de los campos en Pierre Bordieu.

Amézquita Constanza Quintana, Los campos político y jurídico en perspectiva comparada. Una aproximación desde la propuesta de Pierre Bourdieu. Universidad Nacional de Colombia, 2007.

Bobbio Norberto, Matteucci Nicola, Diccionario de Política. Tomo I. Ed. Siglo XI.

Notas

1. Artículo 410, CPE.

2. N° 1405 del 30 de diciembre de 1992.

3. Organización del Órgano Ejecutivo de febrero del 2009.

4. Ley del Servicio de Relaciones Exteriores de Bolivia.

5. Artículo 1 de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas.

6. Normas ius cogens. Ver libro “El litigio con chile”, Instituto de Estudios Internacionales. Ed. Kipus, 2011.

7. Artículo 248 de la CPE.

8. Resolución 2625 de la Asamblea General de la ONU.

9. Ver Relaciones entre el Derecho Internacional Público y el Derecho Interno del Estado Boliviano en Manual de Derecho Internacional Público, (Coor.) Alba, Castro, IDEI, 2010.

10. Ver cita textual en FFAA, Democracia e Integración Regional, PRISFAS, 2007, pág. 4.

11. Ministerio de Defensa, Bases para la Discusión de la Doctrina de Seguridad y Defensa del Estado Plurinacional de Bolivia”, 2010, pág. 55.

12. Artículo 21 Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas.

13. Ninguna disposición de esta Carta menoscabará el derecho inmanente de legítima defensa, individual o colectiva, en caso de ataque armado contra un Miembro de las Naciones Unidas…”, artículo 51 Carta de la ONU.

14. Página web: Ministerio de Defensa http://www.mindef.gob.bo/mindef/node/16

15. DS 27977, aprueba el manual de uso de la fuerza en conflictos internos, 2005.

16. Ibíd. Pág. 8.

Es abogada, DAEN, Magister en Seguridad, Defensa y Desarrollo Nacional, docente en la Escuela de Altos Estudios Nacionales.

Trabajo publicado en el Libro: La Seguridad y Defensa en el Derecho Internacional, IDEI, Ed. Kipus 2012.

Tomado de: Revista Nº 42, agosto de 2012, Instituto de Estudios Internacionales IDEI-Bolivia.

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