La Gaceta Jurídica

El principio de la irretroactividad de la ley

Realidades jurídicas

La Gaceta Jurídica / Gabriel Paláez G.

00:00 / 16 de noviembre de 2012

Un reciente fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (tcp) ha originado un debate –para nosotros innecesario– en torno al principio constitucional de la irretroactividad de la ley.

Pensamos que, en buena parte, aquél debate se origina en la forma en que fue finalmente redactado el texto constitucional sobre el tema. El que corresponde a la Constitución abrogada nos parece que era más expreso y claro, lo que no ocurre con el texto actual.

El artículo 33 de la Constitución abrogada decía: “La Ley sólo dispone para lo venidero y no tiene efecto retroactivo (ESTE ES EL PRINCIPIO BÁSICO), y añadía, “excepto en materia social cuando lo determine expresamente y en materia penal cuando beneficie al delincuente” (ÉSTAS ERAN LAS EXCEPCIONES).

En cambio, el actual artículo 123 de la Constitución Política del Estado (CPE) indica: “La ley sólo dispone para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo”. Hasta aquí total coincidencia.

Pero añade, “excepto en materia laboral cuando lo determine expresamente a favor de las trabajadoras y trabajadores: en materia penal cuando beneficie a la imputada o al imputado” y –nuevo añadido– “EN MATERIA DE CORRUPCIÓN PARA INVESTIGAR, PROCESAR Y SANCIONAR LOS DELITOS COMETIDOS POR SERVIDORES PÚBLICOS CONTRA LOS INTERESES DEL ESTADO Y EN EL RESTO DE LOS CASOS SEÑALADOS POR LA CONSTITUCIÓN”.

Veamos algunos casos de la legislación comparada que sólo son similares al esquema que estaba establecido en la Constitución abrogada. La constitución de España consagra que “nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no constituyan delito… según la legislación vigente en aquél momento”.

La Constitución de Venezuela dice: “Ninguna disposición legislativa, tendrá efecto retroactivo, excepto cuando imponga menor pena”.

La Constitución de Ecuador: “Nadie podrá ser juzgado por un acto u omisión que en el momento de cometerse no esté tipificado como infracción penal, administrativa o de otra naturaleza… Tampoco se podrá juzgar a una persona, sino conforme a leyes preexistentes…”.

Y la Constitución de Colombia: “Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes pre existentes al acto que se le imputa”… “En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará con preferencia a la restrictiva o desfavorable”…

Todos son textos constitucionales muy concretos y perfectamente comprensibles, siguiendo, además, en este ámbito patrones universales.

Pero, en el caso nuestro había el propósito de INNOVAR, de destacar algo que fuese inédito, que causara IMPACTO A NIVEL MUNDIAL.

Y se lo hizo añadiendo excepciones a la regla, o sea, al principio de la irretroactividad de la ley, que sólo debería haber admitido las excepciones que han sido tradicionales y reiteradas. Las que correspondan por decisión expresa de ley especial, en materia laboral y en material penal, la que beneficie al delincuente, como podría ser, por ejemplo, el haberse suprimido la tipificación como delito de una acción determinada o haberse rebajado la pena, en ese u otro caso.

Con eso era suficiente. Por eso decíamos que también fue suficiente el texto contemplado en la Constitución abrogada. Pero se inventaron otras excepciones y se hicieron añadidos. En materia laboral se afirma que la excepción será cuando la ley o la determinación expresa de la misma sea a favor de los trabajadores. Este es un añadido innecesario, porque decir “CUANDO LA LEY LO DETERMINE EN FORMA EXPRESA” era una redacción más conveniente y que podía abarcar muchísimos casos. ¿Quién califica si una ley determinada es realmente FAVORABLE o NO a los trabajadores? ¿Es el mismo Gobierno? ¿Qué debe entenderse por FAVORABLE?

Pero donde la Constitución se enreda totalmente es en cuanto entra, supuestamente, a precisar términos en materia penal. Hemos señalado que el anterior texto constitucional se limitaba a señalar en este campo que la ley podrá ser retroactiva cuando estuviere beneficiando al delincuente, lo que puede ocurrir de muy diversas maneras.

Pero, en el texto constitucional actual se habla de aquél extremo cuando beneficie al IMPUTADO solamente. ¿Qué pasa en el caso de los que tienen otra categoría procedimental dentro del respectivo juzgamiento? ¿Quedan fuera de la disposición constitucional? Habrá que suponer que sí?

También se extiende la correspondiente excepción constitucional, a lo que el artículo 123 de la actual Constitución llama MATERIA DE CORRUPCIÓN.

¿Qué se entiende como tal? Es decir, finalmente, ¿quién es corrupto, legalmente hablando? Porque en el lenguaje coloquial es fácil determinar a quién se debe o se puede calificar de CORRUPTO. Pero nuestro Código Penal no tipifica ningún delito que se llame CORRUPCIÓN.

Pero, además, aquél artículo habla de procesar y sancionar “los delitos cometidos por servidores púbicos contra los intereses del Estado…”. El Código Penal nos habla de los “delitos cometidos por funcionarios públicos” (un total de quince).

En estos casos, la ley puede ser retroactiva para “su beneficio”, o se trata de lograr el efecto contrario, o sea que se mantenga la retroactividad dentro del propósito general de LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN. No es más bien esto último. Entonces, ¿dónde aparece aquí el principio de la IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY? Es algo muy poco claro y por eso decíamos que esta nueva redacción del artículo 123 de la CPE lo único que ha hecho es enredar el tema.

Es abogado, analista constitucional y ensayista.

Ediciones anteriores

Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
28 29 30 31

Suplementos

Colinas de Santa Rita, Alto Auquisamaña (Zona Sur) - La Paz, Bolivia