La Gaceta Jurídica

Acciones penitenciarias

…mientras los reclusos peligrosos y cabecillas de bandos podrían ser neutralizados con aislamientos adecuados y traslado a otros recintos, permanece la duda en los uniformados que puedan caer en conductas deshonestas.

La Gaceta Jurídica / Editorial

00:00 / 06 de septiembre de 2013

La tragedia de la cárcel de Palmasola, que dejó el saldo de 34 muertos y alrededor de 60 heridos el 23 de agosto, tuvo como producto (si se puede calificar de tal) movilizar de manera urgente e, incluso, operativa a autoridades departamentales y nacionales para encarar seriamente la crisis penitenciaria, provocada en especial por tres ingredientes fundamentales que se entrelazan inextricablemente: el hacinamiento de reclusos en casi todos los centros de encarcelamiento, la retardación de justicia y la corrupción combinada entre algunos vigilantes y reclusos.

En este espectro, lo fundamental identificado por los representantes del gobierno central, de algunas gobernaciones y de municipios durante el encuentro “Por una estructuración integral del Régimen Penitenciario”, realizado el lunes en Santa Cruz, es que estos factores deben ser eliminados del sistema penitenciario para que se recupere la presencia estatal dentro de ellos y se cumpla con los objetivos de rehabilitación y reinserción social que se tenía demarcados para este prestación estatal.

Al respecto, los encargados de poner en marcha las determinaciones para esta reestructuración deben tener al frente la constatación de que la retardación de justicia provoca gran parte del hacinamiento y que éste es el caldo de cultivo para la corrupción.

Al mismo tiempo, es fundamental que el balance para iniciar acciones tome en cuenta las condiciones en las que se encuentran los reos y reas en el país, pues los centros de reclusión mantienen detrás de sus rejas a personas adultas mayores que ya no deberían estar cumpliendo condena y enfermos y enfermas terminales o con males incurables que requieren otras condiciones de encierro.

Por otra parte, no es desconocido para las autoridades del régimen penitenciario que las influencias y recursos económicos mantienen a algunas personas –en especial acusadas de delitos de narcotráfico– con sólido dominio sobre guardias e internos, lo que genera bandos enfrentados por la hegemonía de actividades dentro de los recintos como la distribución de drogas y alcohol y la dotación de medios de comunicación, alimentos y diversos productos.                   

Las particularidades deben ser identificadas de manera exacta para que estas personas sean ubicadas en lugares adecuados para su estado de salud o para su peligrosidad y comportamiento. Si bien esto y el hacinamiento pueden ser solucionados con la construcción de más recintos carcelarios y de centros de rehabilitación que fueron anunciados en ese evento, lo que queda pendiente y requiere de acciones particularmente individuales es el tema de corrupción combinada, pues, mientras los reclusos peligrosos y cabecillas de bandos podrían ser neutralizados con aislamientos adecuados y traslado a otros recintos, permanece la duda en los uniformados que puedan caer en conductas deshonestas.

En todo caso, el anuncio de un nuevo indulto presidencial, esta vez orientado a los privados de libertad en estado de detención preventiva, es otro esquema de avance en la búsqueda de soluciones, sin embargo, el mecanismo deberá tener mejores resultados que el lanzado a fines de 2012, que, pese a los logros que pudo haber alcanzado, fue criticado por varios carices de su aplicación y efectividad, especialmente en las variables de cobros, accesibilidad y grado de burocracia.

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