La Gaceta Jurídica

Acerca del Estatuto Autonómico Departamental de La Paz

Apunte legal

Alan E. Vargas Lima

00:00 / 09 de septiembre de 2015

Nos encontramos en vísperas de asistir a las urnas para la aprobación o rechazo del nuevo Estatuto Autonómico Depar- tamental de La Paz, aprobado en grande y en detalle por la Asamblea Legislativa Departamental y que ya fue sometido a control previo de constitucionalidad conforme a lo establecido por la Constitu- ción Política del Estado (cpe).

Sin embargo, el ambiente que rodea dicho instrumento no es del todo satisfactorio, dado que hace algunos meses se conoció, por ejemplo, que la Bancada de los Pueblos Indígenas, Naciones Originarias y Afrobolivianas de la Asamblea Departamental había expresado su total rechazo, disconformidad y desconocimiento al proyecto estatutario, acusando la existencia de ciertos vacíos jurídicos, además de presuntas vulneraciones a los derechos de los pueblos indígenas, originarios y afrobolivianos, incluyendo los derechos de la Madre Tierra.

En ese sentido, se ha sostenido que el proyecto de Estatuto “invisibiliza la existencia de los ayllus, markas y suyus en tierras altas, así como de capitanías y corregimientos territoriales en tierras bajas”; “no determina las competencias del Gobierno Autónomo Departamental entre el Órgano Ejecutivo y el Legis- lativo”; “discrimina y vulnera el derecho a la participación directa de los pueblos indígenas originario campesinos” y que “carece en establecer los derechos de la madre tierra, derecho a la consulta para el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos originarios”, etc.

Sin embargo, se debe recordar también que el Estatuto Autonómico, como norma institucional básica del departamento, ya ha sido sometido a consulta sobre su constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (tcp), teniendo en cuenta que, de acuerdo a lo previsto por el artículo 120 del Código Procesal Constitucional, el tcp podrá declarar la inconstitucionalidad del proyecto de estatuto autonómico o carta orgánica o de alguna de sus cláusulas, debiendo al efecto, disponer que el órgano deliberante adecúe el proyecto a los valores, principios o preceptos de la cpe, cuyo cumplimiento, que debe abarcar a la totalidad de las normas sujetas a control, permitirá someter al proyecto normativo a referéndum a- probatorio por parte de la ciudadanía de la respectiva unidad territorial.

Así, por ejemplo, el Preámbulo del Estatuto señala claramente que “la diversidad cultural de pueblos y naciones es parte de la identidad de La Paz, sin discriminación…” y que, además, “la cultura de los pueblos in- dígena, originarios campesinos, co- munidades interculturales y afrobolivianos, desde el altiplano, valles, yungas hasta la amazonia del departamento de La Paz, es nuestra mayor riqueza y orgullo. (…)”.

En consecuencia, el documento no constituye ninguna forma de “invisibilización” de los pueblos indígenas de tierras altas y tierras bajas del departamento de La Paz, más aún si se considera que todos los pueblos indígenas del país han alcanzado un reconocimiento a nivel constitucional, sin ninguna exclusión u olvido.

En todo caso, el Estatuto declara y reconoce expresamente que “el departamento de La Paz, a la aprobación del presente Estatuto, cuenta con veinte provincias y está ubicado al oeste del Estado Plurinacional de Bolivia”, asimismo, “el Gobierno Autónomo Depar- tamental de La Paz respeta el uso de los símbolos banderas e himnos de las naciones y pueblos indígena originarios y campesinos, provincias y municipios”; con todo lo cual queda confirmada y reconocida la existencia de los pueblos indígenas, originarios y afrobolivianos del departamento de La Paz.

Así también, el Estatuto establece que “las Naciones y Pueblos Indígena Originarios y Campesinos, ejercen sus prerrogativas de representación en la Asamblea Legislativa Departamental de acuerdo a la Constitución Política del Estado”; texto que no constituye ninguna forma de discriminación y/o vulneración del derecho a la participación directa de los pueblos indígenas originario campesinos, más al contrario, consagra la representación política de los pueblos, siempre de conformidad a lo establecido por la Constitu- ción, que constituye la fuente de garantía para todos sus derechos.

Por otro lado, respecto a los derechos de la Madre Tierra, hay que hacer notar que el Estatuto Autonómico tiene un Título especialmente dedicado a la Madre tierra y a los recursos naturales renovables (que abarca los artículos 82 al 92 del documento) y, precisamente, comienza declarando expresamente que la Madre Tierra es el espacio donde se desarrolla la vida, tiene el derecho a que se respete integralmente su existencia, mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos; a cuyo efecto, toda persona, colectividad, nación y pueblo indígena originario y campesinos podrá exigir al Gobierno Autónomo Departamental de La Paz la conservación, protección y garantía del cumplimiento del derecho de la Madre Tierra y, asimismo, el Gobierno Autónomo Departamental de La Paz incentivará la conservación y protección de la Madre Tierra y promoverá el respeto a todos los elementos que conforman el ecosistema.

De igual manera, el Estatuto Autonómico tiene un título específico dedicado a establecer las Competen- cias del Gobierno Autónomo Depar- tamental de La Paz, declarando que el Gobierno Autónomo Departamental ejerce, de acuerdo a lo previsto por el artículo 300 de la cpe, las competencias exclusivas con sus facultades legislativas, reglamentarias y ejecutivas sobre diversas materias competenciales, entre ellas, elaborar y modificar su Estatuto de acuerdo a los procedimientos establecidos en la cpe y la Ley, así como la iniciativa y convocatoria de consultas y referendos departamentales en las materias de su competencia, debiéndose considerar, además, que el constituyente ha previsto, tanto a las cuatro entidades territoriales autónomas, como al nivel central, la distribución de competencias establecidas en un catálogo competencial que se en- cuentra desarrollado en los artículos 298 al 304 del texto constitucional (así lo citó la scp (Sentencia Constitucional Plurinacional) 2055/2012).

Por tanto, no es evidente que el Estatuto omita establecer las competencias, observación ésta que, además, resulta ilógica, porque ésta es una temática que hace a uno de los contenidos esenciales de este instrumento como norma institucional básica del departamento.

En consecuencia, antes de plantear observaciones o acusar probables omisiones normativas en el Estatuto Autonómico Departamental de La Paz, habrá que informarse acerca de sus contenidos modificados y sometidos a previo control de constitucionalidad, habiendo sido aprobados mediante declaraciones constitucionales plurinacionales Nº 0042/2014, de 25 de julio, y Nº 0044/2014, de 5 de septiembre, por las cuales se ha asegurado su plena compatibilidad con la CPE.

Es abogado maestrante en Derecho Constitucional (UMSA) y responsable del blog jurídico Tren Fugitivo Boliviano, http://alanvargas4784.blogspot.com

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