La Gaceta Jurídica

Acerca de la accidentada vigencia de los “Códigos Morales”

…es de esperarse que, ante el mandato legal, los operadores de justicia (juezas y jueces) hayan tomado conciencia del importante rol que deben desempeñar en la implementación y puesta en práctica de los nuevos códigos y sus disposiciones normativas, muchas de ellas novedosas.

La Razón (Edición Impresa) / Alan E. Vargas Lima*

00:00 / 20 de enero de 2016

En la primera semana de este año, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (tsj) informó que el próximo 6 de febrero entrarán en vigencia plena el Código Procesal Civil (cpc) y el Código de Familias y del Proceso Familiar, siendo que se habría concluido el trabajo del mapa judicial y la asignación de nuevas competencias.

La primera autoridad judicial indicó también que los encargados del proceso de socialización de los nuevos códigos hacia la población son el Ministerio de Justicia, el Consejo de la Magistratura y el tsj en los nueve departamentos a través de actividades públicas y difusión masiva de los documentos normativos.

Esto implica que los operadores de justicia de los nueve departamentos están obligados a poner en práctica estos dos códigos en los procesos que son sometidos a su conocimiento.

Recordemos que en agosto de 2015, en atención al pedido de varios jueces, la Asamblea Legislativa postergó por segunda vez la vigencia plena del cpc con el fin de que sea adecuadamente socializado, siendo que esta norma legal debía regir desde el 6 de agosto último, habiéndose diferido su vigencia por seis meses hasta el próximo febrero, según lo dispuesto en la Ley Nº 719 de 6 de agosto de 2015.

En aquella oportunidad se reconoció que hubo un descuido de quienes debían hacer el trabajo de socialización y de capacitación del nuevo Código Procesal Civil y que, obviamente, en esas condiciones no se podía ejecutar dicha norma que, a pesar de ser benéfica para la población, iba a provocar perjuicios.

Asimismo, la presidenta de la Asociación de Magistrados de Chuqui- saca reconoció que los jueces no estaban suficientemente capacitados para comenzar a aplicar el cpc, dado que el Consejo de la Magistratura no los capacitó oportunamente y solo hubo un curso de formación, por lo que es lamentable que las autoridades del Consejo solamente hayan promovido un curso teórico cuando la capacitación tiene que ser también práctica.

En todo caso, se trataba de una responsabilidad compartida entre el Órgano Judicial (a través del Consejo de la Magistratura), el Ministerio de Jus- ticia y la Asamblea Legislativa Plu- rinacional como tarea de hacer una socialización adecuada y capacitación suficiente para que, a partir de febrero de este 2016, entren en vigencia los nuevos “Códigos Morales”.

Lo interesante del caso es que la citada Ley Nº 719 que modificó la entrada en vigencia plena de los nuevos códigos contiene, además, un Anexo que establece la Agenda Común de implementación del cpc y del Código de las Familias y el Proceso Familiar y que, en un plazo no mayor a treinta (30) días a partir de la publicación de la citada Ley de Modificación, el Ministerio de Jus- ticia, el tsj y el Consejo de la Magistra- tura, en coordinación con las universidades públicas, debían desarrollar programas académicos intensivos de diplomado o especialidad.

Estos debían estar dirigidos a funcionarias y funcionarios judiciales de los nueve departamentos del Estado Plurinacional de Bolivia respecto a las competencias requeridas para la implementación del cpc y el Código de las Familias y del Proceso Familiar, haciendo énfasis en la oralidad procesal y el desarrollo del proceso por audiencia, señalando, además, que, de manera obligatoria, las y los funcionarios judiciales debían cursar y aprobar los programas académicos mencionados.

Entonces, es de esperarse que, ante este mandato legal, los operadores de justicia (juezas y jueces) hayan tomado conciencia del importante rol que deben desempeñar en la implementación y puesta en práctica de los nuevos códigos y sus disposiciones normativas, muchas de ellas novedosas, aunque algunas otras no muy nuevas pero con alguna diferencia en sus alcances.

Asimismo, el mencionado Anexo establecía que el Ministerio de Justicia, el tsj y el Consejo de la Magistratura, a partir de la publicación de la citada ley, deberían iniciar un proceso de socialización dirigido a las y los ciudadanos en los nueve departamentos del Estado Plurinacional de Bolivia a través de actividades públicas y la difusión masiva de los documentos normativos, mostrando las bondades del nuevo sistema procesal civil y familiar.

Sin embargo, no parece haber sido tan notable la socialización dirigida a las y los ciudadanos, dado que, en la ciudad de La Paz, me parece que han sido muy pocos los eventos organizados al efecto o, al menos, personalmente los desconozco.

No obstante lo anterior, se había establecido también muchas tareas institucionales para llevar adelante a fin de preparar la implementación de los nuevos códigos. Así, por ejemplo, según el mismo Anexo, el Ministerio de Justicia, el tsj y el Consejo de la Magistratura, en un plazo no mayor a treinta (30) días a partir de la publicación de la Ley Modificatoria de las Vigencias Plenas del Código Procesal Civil y del Código de las Familias y del Proceso Familiar, debían elaborar la proyección de simulación de carga procesal, de acuerdo a estadísticas actuales y fidedignas, a fin de establecer la cantidad de juzgados públicos civiles, oficinas judiciales y conciliadores por departamento.

Lo anterior parece haberse establecido principalmente con el fin de que el Consejo de la Magistratura, de conformidad al numeral 5 de la Disposición Adicional Primera de la Ley Nº 439 de 19 de noviembre de 2013, Código Procesal Civil, y el inciso e) del Pará- grafo I de la Disposición Adicional Primera de la Ley Nº 603 de 19 de noviembre de 2014, Código de las Familias y del Proceso Familiar, a partir de la publicación de la Ley de Modificación a las Vigencias Plenas del Código Procesal Civil y de Código de las Familias y el Proceso Familiar, debería proceder a la adecuación de la infraestructura física y tecnológica de los despachos, salas de audiencias y demás servicios, de manera que aseguren la originalidad, seguridad e integridad de la información producida en sede jurisdiccional.

Estas actividades establecidas en el Anexo debieron ser puestas a conocimiento de la “Comisión de Seguimiento e Implementación del Código Procesal Civil”, creada por el Parágrafo I de la Disposición Adicional Segunda de la Ley Nº 439 de 19 de noviembre de 2013, que aprueba el nuevo cpc.

Por tanto, esperemos que realmente se haya tomado todas las previsiones mínimas y los recaudos indispensables para llevar a delante la ardua labor de implementar una nueva normativa, tanto en el ámbito civil como en lo familiar; pero es de lamentar que únicamente se haya acelerado la aprobación de la norma adjetiva civil, descuidándose las normas sustantivas, vale decir, el Código Civil que continúa vigente desde 1975 y que requiere una actualización de sus contenidos, que ahora, necesariamente, deben ser compatibilizados con el nuevo cpc, a fin de evitar desfases o confusiones al momento de aplicar las nuevas normas a los casos concretos.

Entonces, aun queda mucho camino por recorrer en esta primera fase preliminar de implementación de la nueva normativa boliviana.

*    Es abogado maestrante en Derecho Constitucional (UMSA) y responsable del blog jurídico Tren Fugitivo Boliviano, http://alanvargas4784.blogspot.com

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