La Gaceta Jurídica

Acerca de las autonomías para “vivir bien”

Discusiones fundamentalesEs indudable que la demanda de autonomías junto con la de inclusión social forma parte de la demanda social del último decenio en Bolivia, pero también constituyen los pilares sobre los cuales debe desarrollarse la democracia en esta parte del mundo.

La participación social ha quedado pendiendo de la decisión política.

La participación social ha quedado pendiendo de la decisión política. Foto: Archivo La Razón

La Gaceta Jurídica / Henry A. Pinto Dávalos

00:20 / 20 de diciembre de 2011

Ambas son todavía asignaturas pendientes a pesar de que la Constitución Política del Estado (cpe) de enero de 2009 establece un amplio conjunto de derechos que, en los papeles, resuelven la exclusión de los sectores menos favorecidos del país –undamentalmente indígenas–, pero también reconoce un complejo sistema autonómico de cuatro niveles territoriales, cuya aplicación es y será difícil.

Los últimos años, desde la asunción al poder del Estado de Evo Morales, se han acuñado diversos eslóganes de fuerte contenido simbólico. Tal vez el más interesante, ya que refiere a un objetivo deseado por toda la sociedad boliviana, es el “vivir bien”. Y esto puede operar en diferentes dimensiones: en la democracia, el departamento, el municipio, la comunidad indígena originario campesina, la familia y, por supuesto, en cada uno de los ciudadanos y ciudadanas que aspiran a “vivir bien”, pero también “vivir mejor”.

En este sentido, el proyecto “Para Vivir Bien con Autonomías” desarrollado por la Asociación Boliviana de Ciencia Política (abcp) a lo largo de 2011 tiene una orientación positiva en el sentido que es posible construir un Estado con autonomías y que ellas pueden determinar las condiciones apropiadas para el “vivir bien” de la sociedad en su conjunto.

Desde 2010, el gobierno de Evo Morales ha determinado iniciar la construcción de la “institucionalidad” del nuevo Estado Plurinacional que, por supuesto, incluye el desarrollo del sistema autonómico cuyas características más importantes están señaladas en la cpe.

Para el efecto, se aprobó en julio de 2010 la Ley Marco de Autonomías y Descentralización (lmad) que en criterio de la ABCP presenta debilidades que han paralizado la implementación de las autonomías, a pesar que, como se mencionó, forman parte de una demanda social que en el caso de Santa Cruz –el departamento emblema de las autonomías– se remonta al siglo XIX.

Sin consensos

En el proceso de aprobación de la lmad uno de los problemas más visibles fue la ausencia de debate y discusión. El partido oficialista, que controla dos tercios de las cámaras de diputados y senadores de la Asamblea, no tomó en cuenta el criterio de la oposición, tampoco el de organizaciones de la sociedad civil. Esto es particularmente delicado en relación a las autonomías, ya que se debieron construir acuerdos y consensos con las regiones, organizaciones sociales y pueblos y naciones indígena originario campesinos, pues el futuro de su desarrollo económico y social depende de la forma en que se implemente la norma. En este contexto y previendo conflictos en la aplicación de la lmad, la abcp detectó cuatro temas fundamentales que llevó a discusión con expertos, actores políticos y sociedad civil en el desarrollo del proyecto “Para Vivir Bien con Autonomías”. El propósito ha sido generar insumos que contribuyan a encontrar consensos entre la sociedad civil, organizaciones indígenas, organizaciones cívicas, actores políticos y gobierno.

La memoria final del programa está divida en cuatro partes que abordan esos temas fundamentales desde una perspectiva democrática y pluralista.

Se conformaron paneles de discusión en las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, tanto con personalidades del partido de gobierno, oposición, expertos y analistas, pero también se recibió –y está registrado en el debate respectivo– el criterio y las inquietudes de la ciudadanía, opinión de inestimable valor que otorga a la iniciativa un valor auténticamente democrático.

El enfoque

Es importante mencionar que la abcp preparó cuatro documentos base que expresan algunos puntos de vista sobre las temáticas abordadas. El enfoque de la asociación es crítico porque se circunscribe a uno de sus objetivos estatutarios: promover la democracia desde un compromiso con los derechos humanos. A los panelistas invitados se les extendió una invitación con preguntas referidas a los temas analizados, dándoles toda la libertad para que desarrollen sus criterios y los expresen en los seminarios organizados.

En primer lugar, se abordó el procedimiento de suspensión temporal y destitución de las autoridades electas que ha sido planteado de manera poco afortunada. La lmad coloca en tela de juicio el valor del voto ciudadano, en otros términos, vulnera el principio de “preclusión”. Este asunto podría incluso afectar los fundamentos de la democracia boliviana, puesto que ha comenzado a generar fuertes tensiones en las regiones y municipios donde se ha procedido, de forma discrecional, a suspender autoridades electas bajo el amparo de esta disposición.

En segundo lugar, se revisó el asunto de la nueva Organización Territorial. Cabe mencionar que ya existe un proyecto de ley de características complejas que amenaza convertirse en una fuente permanente de conflictos. Este proyecto de ley no se pronuncia adecuadamente sobre la forma de resolver los actuales conflictos de “límites” de larga data entre departamentos y entre municipios. En este tema, la contribución de los panelistas y el debate con la ciudadanía, permitieron cuantificar la magnitud del problema de la organización territorial y la pertinencia de otorgarle un marco jurídico y operativo apropiado que mitigue los efectos de los conflictos de límites que existen y existirán entre las unidades territoriales.

En tercer lugar, se analizó el tema de las competencias y los recursos que deben ser transferidos desde el gobierno central a los gobiernos autónomos, ya que de esto depende en gran medida la viabilidad de las autonomías en Bolivia. Complementaria a la lmad, fue promulgada, en julio de 2011, la Ley 154 de “Clasificación y Definición de Impuestos y de Regulación para la Creación y/o Modificación de Impuestos de Dominio de los Gobiernos Autónomos”. Sin embargo, esta norma, aprobada también sin mayor discusión y/o participación con los representantes de las entidades territoriales autónomas, dificulta el cumplimiento de las competencias reconocidas por la cpe, ya que le otorga al gobierno central un fuerte control sobre los recursos que deben ser asignados para cristalizar las autonomías.

Finalmente, si bien la lmad promueve las autonomías indígenas, el acceso a las mismas establece una serie de condiciones que, paradójicamente, hacen muy difícil que los pueblos y naciones indígena originario campesinos puedan convertirse en autonomías. Incluso, algunas prerrogativas que la cpe reconoce a estos pueblos, han sido relativizadas por la lmad. Precisamente, la discusión de este tema coincidió con la VIII Marcha de los pueblos indígenas de tierras bajas, que arribaron a la sede de gobierno exigiendo la cancelación de un proyecto carretero violatorio de la cpe y convenios internacionales suscritos por el Estado Boliviano, que pretendía atravesar el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis). El mencionado conflicto mostró que las autonomías indígenas solo podrán ser efectivas cuando se implemente correctamente el conjunto del sistema autonómico.

La abcp considera que la construcción de la institucionalidad del Estado Plurinacional, así como la implementación de la cpe, requiere de la participación de la sociedad civil, de organizaciones sociales, indígenas y cívicas de tal modo que el proceso cuente con la legitimidad suficiente para perdurar en el tiempo. Asimismo, es imprescindible alentar el pluralismo democrático ya que no existen enfoques únicos o verdades absolutas.

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