La Gaceta Jurídica

Acerca de la rigidez y flexibilidad de la Constitución boliviana

Apunte legal

Alan E. Vargas Lima

00:00 / 04 de noviembre de 2015

Debemos comenzar señalando que la Constitución es la Ley suprema del Estado que regula todo el sistema constitucional fijando las normas básicas de convivencia pacífica para lograr una construcción democrática de la sociedad y, por ello, resulta de vital importancia que la misma esté dotada de una garantía de estabilidad, lo que significa que no debe estar sometida a modificaciones o reformas frecuentes, emergentes de los cambios políticos en la conducción del Estado.

Asimismo, de acuerdo a la función que cumple, de limitar el ejercicio del poder político y constituirse en un instrumento de estabilidad social, política y económica, la Constitución debe estar provista de mecanismos y sistemas de defensa contra decisiones, resoluciones o disposiciones que la infrinjan o que contradigan sus preceptos.

En este sentido, Rivera Santiváñez dice que una forma de garantizar y preservar el principio de supremacía constitucional consiste en que la propia Cons- titución prevea, entre sus normas, los mecanismos e instituciones que garanticen su cumplimiento, ya que, de lo contrario, sus normas quedarían en una simple declaración formal, debido a que siempre existirá el riesgo de que alguna autoridad pública gubernamental, un órgano de poder o un particular, inclusive, encontrándose en situación de poder o autoridad, por acción u omisión, incumpla con el citado principio e infrinja la normativa constitucional.

Es por ello que, generalmente, el constituyente prevé medios y mecanismos de defensa de la Constitución y del principio de la supremacía constitucional. Entre esos mecanismos de defensa se puede identificar básicamente los siguientes: a) el procedimiento especial o rígido para la reforma de la Cons- titución; y b) un sistema de control de constitucionalidad.

En esta oportunidad nos interesa desentrañar únicamente el primer elemento, que ciertamente constituye un requisito esencial para la existencia del control de constitucionalidad (de las leyes y de los actos estatales): que la Constitución sea rígida total o parcialmente, es decir que esté ubicada en la cima de la jerarquía normativa y que, además, solo pueda ser reformada mediante un procedimiento especial, con una votación parlamentaria cualificada, distinta a la que se emplea para reformar una ley ordinaria.

Esto supone necesariamente que la misma deberá ser reformada, bien sea por el poder constituyente derivado (Asamblea Constituyente o Referén- dum popular) o por el poder constitucional reformador (Órgano Legislativo).

En este sentido, la Constitución boliviana, aprobada en enero de 2009, ha previsto la posibilidad de la reforma total o parcial de su contenido (artículo 411), teniendo en cada caso condiciones específicas de procedencia y supeditando su validez a la participación ciudadana en forma ineludible mediante el referendo constitucional convocado al efecto.

Cabe agregar que, de acuerdo a los mecanismos existentes para realizar la reforma de la Constitución, la doctrina constitucional hace una diferencia entre constituciones flexibles y rígidas.

Las constituciones flexibles son aquellas que ofrecen facilidad para incorporar modificaciones en su contenido, es decir que no requieren para ese propósito procedimientos complicados ni prohibitivos, sino que se puede modificarlas y aun cambiarlas por medio de los procedimientos legislativos ordinarios.

En este sistema, el Poder Constitu- yente y el Poder Legislativo ordinario residen en un mismo órgano que tiene la competencia para dictar la legislación ordinaria y la constitucional.

Las constituciones rígidas son aquellas cuyos preceptos no se puede abrogar ni modificar por medio del Poder (u Órgano) Legislativo, o sea, siguiendo los procedimientos ordinarios para la abrogación, derogación o modificación de las leyes comunes, sino que se requiere de la reunión de un cuerpo constituyente especial que puede ser una Asamblea o Convención, en especial convocada para ese efecto.

Muchas veces también es necesario –para darle legitimidad al texto constitucional– someter la reforma a revisión constitucional, es decir, a la aprobación del pueblo mediante un referéndum.

Sin embargo, también existe una solución intermedia, es decir, un sistema mixto que combina ambos aspectos. En este sistema se establece en el mismo texto constitucional la facultad de declarar y sancionar, previamente, en una legislatura ordinaria la necesidad de reforma parcial de la Constitu- ción y discutirla y aprobarla en una legislatura ordinaria posterior por los medios comunes de elaboración y aprobación de una ley, promulgándola también a través del mismo procedimiento legislativo (Cfr. Alipio Valencia Vega. Desarrollo del Constitucionalis- mo. Págs.56-57).

Éste era el procedimiento de reforma constitucional que estuvo vigente en Bolivia hasta antes de la puesta en vigencia de la Constitución promulgada (y publicada) en 2009.

Es conveniente realizar estas precisiones porque el Tribunal Constitucio- nal Plurinacional (tcp) ha emitido la Declaración Constitucional Plurina- cional Nº 0193/2015, de 21 de octubre, donde ha catalogado a la Constitución boliviana situándola en un punto medio, de acuerdo al procedimiento previsto para su reforma.

En este sentido, y después de precisar las modalidades de reforma (total y parcial) que prevé la Cons- titución y la necesidad de un referéndum constitucional aprobatorio en ambos casos, el Tribunal ha señalado que “el propio constituyente boliviano ha previsto la figura de la reforma total y reforma parcial de la Constitu- ción Política del Estado; razón por la cual, es posible afirmar que nuestra Constitución ingresa –según la doctrina– dentro de las denominadas constituciones flexibles, pero con sus particularidades y exigencias propias y/o específicas que para ciertos autores también la clasificarían como intermedia entre la rígida y la flexible, dado que si bien puede darse mediante una Ley de reforma parcial, aprobada por dos tercios de votos, empero, para su validez, necesariamente debe ser aprobada mediante referendo; con lo cual, no solo adquiría legalidad sino legitimidad, como es el caso boliviano”.

Así, la Declaración Constitucional concluye señalando que, “si bien lo ide- al es que la Constitución Política del Estado, como norma suprema de la estructura jurídica, se mantenga inalterable en el tiempo, resulta también ser una realidad la previsión constitucional de su reforma, siempre y cuando –como se dijo precedentemente– se refrende y/o ratifique en las urnas mediante el referendo, que es una de las máximas expresiones del soberano”.

En conclusión, la Constitución boliviana se encuentra dentro de los alcances del sistema mixto, dado que, si bien se ha flexibilizado el procedimiento de reforma constitucional (que ahora se aprueba mediante el procedimiento legislativo ordinario), se requiere consultar la voluntad del soberano (el pueblo boliviano), expresada mediante voto en el referendo constitucional para que apruebe o rechace la reforma (parcial, en este caso) de las disposiciones de la Ley Fundamental.

Es abogado maestrante en Derecho Constitucional (UMSA) y responsable del blog jurídico Tren Fugitivo Boliviano, http://alanvargas4784.blogspot.com

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