La Gaceta Jurídica

Actores, modalidades y contenidos de la norma

Participación y control social en la gestión pública son los elementos transversales para supervisar y controlar a las instituciones estatales, entidades públicas, cooperativas y empresas privadas que trabajan con recursos públicos. Además, la norma otorgaría facultad para el control social, fiscalizar instituciones y transparentar recursos del Estado.

El Presidente recibió el proyecto de manos de las organizaciones sociales a fines de octubre.

El Presidente recibió el proyecto de manos de las organizaciones sociales a fines de octubre. Foto: Á́ngel Illanes

La Gaceta Jurídica / Raúl Morales Romero

00:00 / 16 de noviembre de 2012

El senador del Movimiento Al Socialismo (mas), Eugenio Rojas, afirmó que la ley de Participación y Control Social otorgará plena facultad a los grupos de realizar control social, fiscalizar a las instituciones y transparentar el uso de los recursos del Estado.

La ley tendría el objetivo de esclarecer casos en el marco general de la participación y control Social, definiendo los fines principios, atribuciones, derechos, obligaciones y formas de ejercicio en aplicación de los artículos 241 y 242 de la Constitución Política del estado Plurinacional (cpep).

Afirmó el senador oficialista que los grupos que ejercerán el control social, podrán constituirse en las instituciones donde administren recursos fiscales o naturales en el marco de la preservación y conservación de los derechos de la Madre Tierra.

Contenidos

Artículo 11. La Participación y el Control Social tendrán carácter amplio y participativo, salvo las siguientes restricciones: “no podrán participar y ejercer Control Social en temas de seguridad del Estado, sea interna o externa. No podrán acceder a la información de carácter secreto, reservado y/o confidencial definidos por Ley”.

Los actores (artículo 12) de la Participación y Control Social no recibirán ningún tipo de remuneración, regalo, premio ni aceptarán ofrecimientos o promesas de las entidades sobre las que ejercen la Participación y Control Social o de terceros (...) Los actores de la Participación y Control Social no podrán involucrar sus intereses personales y los intereses de sus mandantes con los intereses personales o políticos de los controlados.

Esta propuesta tendría coherencia con el artículo 26 de la cpep en su inciso I donde expresa que “todas las ciudadanas y los ciudadanos tienen derecho a participar libremente en la formación, ejercicio y control del poder político, directamente o por medio de sus representantes, y de manera individual o colectiva.

Recordemos que las organizaciones sociales presentaron al presidente Evo Morales el proyecto de Ley de Participación y Control Social el pasado 30 de octubre. El documento incorpora a sindicatos, comunidades y actores individuales al nuevo mecanismo. Sin embargo, excluye a los militares de ser parte del novedoso proceso de fiscalización.

Posiciones

En referencia, la diputada opositora Elizabeth Reyes dijo no compartir la idea de que sectores sociales conformen los grupos de control, porque éstos tendrían intereses precisamente sectoriales y no nacionales.

Agregó que “el control social debería estar conformado por la sociedad organizada de acuerdo a la problemática planteada. En el caso de la educación, serían los alumnos, profesores y padres de familia los que ejercerán este proceso”.

Participantes

Los actores colectivos, según el artículo 7, son aquellos que corresponderían a sectores sociales y/o sindicales organizados, reconocidos legalmente. Los comunitarios a las naciones y pueblos indígena originario campesinos, las comunidades interculturales, afrobolivianas y todas las reconocidas en la cpe.

Los circunstanciales son aquellos que se organizan para un fin determinado y, cuando el objetivo ha sido alcanzado, dejan de existir. Actores individuales son personas naturales que ejercen su derecho en la participación y Control Social de manera circunstancial.

El dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (csutcb), Rodolfo Machaca, explicó que el Consejo Nacional de Control Social –que será la instancia encargada de remitir las denuncias– no sólo estará conformado por dirigentes sindicales, sino también por profesionales de instituciones colegiadas y por ciudadanos individuales (La Razón 04/11/2012).

“Criticaron que el control social sólo será desarrollado por sectores sociales que apoyan iniciativas del Gobierno; eso no es así, el Consejo Nacional estará representado también por colegios de profesionales y otras organizaciones, como la cob (Central Obrera Boliviana), maestros urbanos y rurales, y entidades establecidas orgánicamente”.

Sin embargo, el proyecto documento no instaura la creación del Consejo Nacional, que aparte –según Machaca– será conformada por ramas departamentales y centros agrarios comunitarios. 

Según el artículo 18 del proyecto, el Órgano Ejecutivo, mediante sus ministerios, entidades públicas descentralizadas, desconcentradas, autárquicas y empresas públicas, garantizará la Participación y Control Social a través del acceso a la información, la rendición de cuentas, las iniciativas legislativas, normativas y las políticas públicas de acuerdo a su reglamento.

Consideraciones

Al respecto, la diputada Reyes consideró que algunos sectores sociales afines al Gobierno ya estarían ejerciendo desde hace mucho tiempo un sistema de control social en los ministerios y en el Órgano Legislativo para conseguir “pegas”.

El artículo 19 establece que el Órgano Judicial, mediante el Consejo de la Magistratura, garantizará la Participación y Control Social en el acceso a la información, rendición pública de cuentas, la evaluación de gestión, el control disciplinario y los procesos de postulación, preselección y selección de las (os) servidores judiciales.

Institucionalidad

En el ámbito de los recursos para sostener el nuevo mecanismo de Control Social, en todos los presupuestos que se programen para la gestión pública deberá figurar una parte destinada al ítem “Participación y Control Social”. Asimismo, se establece que en los convenios de cooperación internacional deberá haber un presupuesto para esa tarea.

Por otra parte, los dirigentes sindicales rechazaron que los actores del modelo de fiscalización tengan remuneración. Incluso, establecieron sanciones para los “sobornables”.

“La Participación se ejercerá de manera amplia, decisoria y vinculante sobre la gestión pública en todos los niveles de Estado, siendo el Control Social complementario y consecuencia de aquella (...)”.

Otras actuaciones

El Control Social coadyuvará y complementará a la fiscalización y/o control fiscal. Recomendará, con carácter vinculante para las autoridades competentes, el inicio de peritajes técnicos, auditorías y/o, en su caso, los procesos correspondientes. La fiscalización y/o control fiscal es función y competencia del Estado” (artículo 24).

El artículo 25 señala que las Fuerzas Armadas garantizarán la Participación y Control Social a través de la rendición pública de cuentas, la verificación del cumplimiento de los derechos humanos en el servicio militar y premilitar y el acceso a la información, siempre que la misma no sea considerada secreta, reservada y/o confidencial a la ley.

Algunos miembros de las Fuerzas Armadas –quienes no quisieron ser identificados– se pronunciaron por la exclusión de este sector. Sin embargo, pidieron ser incluidos para fiscalizar el accionar público de la propia institución militar.

Dijeron conocer cómo funcionan los mecanismos de la entidad militar. Por lo tanto, podrían establecer un proceso de fiscalización como mecanismo del control social.

Es periodista.

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