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Acuerdo para el reconocimiento y ejecución de las sentencias arbitrales extranjeras

Las partes se obligan a someter a arbitraje todas las diferencias respecto a una determinada relación jurídica.  Foto: rankia.mx

Las partes se obligan a someter a arbitraje todas las diferencias respecto a una determinada relación jurídica. Foto: rankia.mx

Karen Tapia Guzmán

00:00 / 28 de noviembre de 2014

Al reconocimiento es un asunto de Derecho Internacional privado. Es un juicio sobre la admisibilidad de los efectos de una decisión extranjera, reconociéndole la misma eficacia que produciría una decisión del foro de naturaleza equiparable. Es un acto formal y declarativo. Formal, porque prescinde de revisar el fondo del asunto, no se valoran los hechos, sino que se resuelve sobre las condiciones formales tasadas para pronunciar el reconocimiento o negarlo. Y, declarativo, porque deja que la cosa juzgada produzca los mismos efectos que produciría en su Estado de origen.

Morfología legal

Al ser un convenio internacional producto del consenso y la libertad soberana de los Estados para adherirse-obligarse a su cumplimiento es que la Convención de Nueva York contiene 16 artículos y la disposición de que “la presente Convención entrará en vigor el nonagésimo día siguiente a la fecha del depósito del tercer instrumento de ratificación o su adhesión”.

El acuerdo entró en vigor el 7 de junio de 1959 y hay 150 Estados obligados por la Convención sobre el reconocimiento y Ejecución de Sentencias Arbitrales Extranjeras (Convención de Nueva York, 1958). El Estado Plurinacional de Bolivia se adhirió a la Convención de Nueva York el 12 de agosto de 1994.Establece que todo Estado contratante podrá denunciar la convención mediante notificación escrita dirigida al Secretariado General de las Naciones Unidas.

La denuncia surtirá efecto un año después de la fecha en que el Secretario General haya recibido la notificación.

Además, que ningún Estado contratante podrá invocar las disposiciones de la convención respecto de otros Estados contratantes más que en la medida en que él mismo esté obligado a aplicar esta convención.

El ámbito de aplicación determinada para la convención corresponde al reconocimiento y la ejecución de las sentencias arbitrales dictadas en el territorio de un Estado distinto de aquel en que se pide el reconocimiento y la ejecución de dichas sentencias, y que tengan origen en las diferencias entre personas naturales o jurídicas.

Se aplicará también a las sentencias arbitrales que no sean consideradas sentencias nacionales en el Estado en el que se pide su reconocimiento y ejecución. La expresión “sentencia arbitral” comprende a las sentencias dictadas por:

-Los árbitros nombrados para casos determinados.

-Órganos arbitrales permanentes a los que las partes se hayan sometido (arbitraje institucional).

Lo anterior es a consecuencia de un “acuerdo por escrito”, ya que cada uno de los Estados contratantes reconocerá el acuerdo por escrito conforme al cual las partes se obliguen a someter a arbitraje todas las diferencias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto a una determinada relación jurídica, contractual o no contractual, concerniente a un asunto que pueda ser resuelto por arbitraje.

La manera conforme se procederá al reconocimiento de la eficacia de la sentencia arbitral y concederá su ejecución de conformidad con las normas del procedimiento vigentes en el territorio donde la sentencia sea invocada con arreglo a las condiciones siguientes de que la parte solicitante deberá presentar junto con la demanda:

a) El original debidamente autenticado de la sentencia o una copia de ese original que reúna las condiciones reque- ridas para su autenticidad, y

b) El original del acuerdo a que se refiere el artículo II (acuerdo por escrito) o una copia que reúna las condiciones requeridas para su autenticidad.

Si esa sentencia o ese acuerdo no estuvieran en un idioma oficial del país en que se invoca la sentencia, la parte que pida el reconocimiento y la ejecución de esta última deberá presentar una traducción a ese idioma de dichos documentos. La traducción deberá ser certificada por un traductor oficial, un traductor jurado o por un agente diplomático o consular.

Solo se podrá denegar el reconocimiento y la ejecución de la sentencia a instancia de la parte contra la cual es invocada, si esta parte prueba ante la autoridad competente del país en que se pide el reconocimiento y la ejecución:

a) Que las partes en el acuerdo a que se refiere el artículo II (acuerdo escrito) estaban sujetas a alguna incapacidad en virtud de la que les es aplicable o que dicho acuerdo no es válido en virtud de la ley a que las partes lo han sometido o si nada se hubiera indicado a este respecto en virtud de la ley del país en que se haya dictado la sentencia; o

b) Que la parte contra la cual se invoca la sentencia arbitral no ha sido debidamente notificada de la designación del árbitro o del procedimiento de arbitraje o no ha podido, por cualquiera otra razón, hacer valer sus medios de defensa; o

c) Que la sentencia se refiere a una diferencia no prevista en el compromiso o no comprendida en las disposiciones de la cláusula compromisoria o contiene decisiones que exceden de los términos del compromiso de la cláusula compromisoria; no obstante, si las disposiciones de la sentencia que se refieren a las cuestiones sometidas al arbitraje pueden separarse de las que no han sido sometidas al arbitraje, se podrá dar reconocimiento y ejecución a las primeras; o

d) Que la constitución del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no se han ajustado al acuerdo celebrado entre las partes o, en defecto de tal acuerdo, que la constitución del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no se han ajustado a la ley del país donde se ha efectuado el arbitraje; o

e) Que la sentencia no es aún obligatoria para las partes o ha sido anulada o suspendida por una autoridad competente del país en que, conforme a cuya ley, ha sido dictada esa sentencia.

También se podrá denegar el reconocimiento y la ejecución de una sentencia arbitral si la autoridad competente del país en que se pide el reconocimiento y la ejecución, comprueba:

a) Que, según la ley de ese país, el objeto de la diferencia no es susceptible de solución por vía de arbitraje, o

b) Que el reconocimiento o la ejecución de la sentencia serían contrarios al orden público de ese país (buenas costumbres, moral, etc.).

Las disposiciones de la presente convención no afectarán la validez de los acuerdos multilaterales o bilaterales relativos al reconocimiento y la ejecución de las sentencias arbitrales concertados por los Estados contratantes ni privarán a ninguna de las partes interesadas de cualquier derecho que pudieran tener a hacer valer una sentencia arbitral en la forma y medida admitidas por la legislación o los tratados del país donde dicha sentencia se invoque.

ConclusionesLa Convención de Nueva York es uno de los tratados más importantes y eficaces de las Naciones Unidas en la esfera del derecho mercantil internacional. Aunque las Naciones Unidas prepararon la Convención, aprobada por una conferencia diplomática el 10 de junio de 1958, antes de que se creara la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (cnudmi).

La promoción de la Convención es una parte integrante del programa de trabajo de la cnudmi. La Convención está reconocida ampliamente como uno de los instrumentos fundacionales del arbitraje internacional y su texto exige que los tribunales de los Estados contratantes ante los que se interponga una demanda concerniente a una cuestión que sea objeto de un acuerdo de arbitraje remitan esa causa a arbitraje, al tiempo que dichos tribunales deberán reconocer y dar fuerza ejecutoria a los laudos emitidos en otros Estados.

El 6 de diciembre de 2007 la Asamblea General aprobó la resolución 62/659 en que se reconocía el valor del arbitraje como método de solución de controversias en las relaciones comerciales internacionales de manera que contribuya a la armonía de las relaciones comerciales, estimule el comercio internacional y el desarrollo y promueva el estado de derecho a nivel nacional e internacional.

La Asamblea General expresó su convencimiento de que la Convención fortalecía el respeto de los compromisos vinculantes, inspiraba confianza en el estado de derecho y aseguraba un trato justo en la solución de controversias relacionadas con los derechos y obligaciones contractuales. Puso de relieve la necesidad de que se realizarán mayores esfuerzos a nivel nacional para lograr la adhesión universal a la Convención, así como su interpretación uniforme y aplicación efectiva.

La Asamblea General expresó la esperanza de que los Estados que todavía no eran parte en la Convención pasarán a serlo en un futuro cercano, lo que aseguraría el goce universal de la certeza jurídica que proporcionaba la Convención y reduciría el nivel de riesgo y los costos de las operaciones realizadas en el mundo de los negocios, promoviendo así el comercio internacional.

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