La Gaceta Jurídica

Adivinanzas de “giles”

Puerta opuesta

La Gaceta Jurídica / Orlando Rojas Baspineiro

00:00 / 19 de junio de 2012

Cuándo seremos un Estado o República donde las leyes se observen rigurosamente? ¿Para qué la Asamblea Legislativa Plurinacional hace una pantomima y legisla sobre temas que luego no serán cumplidos? ¿Las instituciones judiciales no deberían ser las primeras en, por lo menos, intentar cumplir las normas?

Como esas, hay miles de preguntas sin respuesta con relación a la responsabilidad de los legisladores del país de emitir leyes y la obligación del Ejecutivo de hacer cumplir las mismas, pero como en la actualidad y casi siempre hemos vivido en un remedo, en una caricatura de Estado es imposible observar esas normas en su real alcance y no sólo de la manera que más le conviene al detentador del poder que está de turno.

Los bolivianos de ahora y de antes vemos con una lamentable pasividad cómo las autoridades sean del Legislativo, del Judicial o del Ejecutivo se pasan las leyes por donde más les conviene y sólo cuando –de alguna manera afecta a sus intereses– se preocupan porque alguna norma de las miles que se tienen en nuestra economía jurídica pueda ser observada; es más, hay normas que por la ineficiencia de quienes tienen a su cargo la publicación y divulgación de las mismas ni siquiera son conocidas por los habitantes de este país.

Pero, veamos, a propósito de qué vienen estas disquisiciones acerca de cumplir o no las normas legales vigentes en el país. El 23 de diciembre de 2011 fue promulgada, con toda la solemnidad y el protocolo al que ya nos tiene acostumbrados el actual régimen, la Ley de Transición para el Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura y Tribunal Constitucional Plurinacional, una norma que está orientada a regularizar toda la etapa de transformación del antiguo Poder Judicial al supuestamente renovado, esperanzador y ventajoso Órgano Judicial para que la ruptura entre el antiguo sistema y el nuevo, no sea caótica y desorganizada.

Con ese objetivo otorga directivas que están orientadas como señala el artículo Nº 1 de la ley 212 a “regular la transición, traspaso, transferencia y funcionamiento ordenado y transparente de la administración financiera, activos, pasivos y otros del Poder Judicial al Órgano Judicial y al Tribunal Constitucional”.

También otorga plazos a las nuevas instituciones judiciales para prever tiempos razonables en la liquidación de causas, aspecto al que ya nos referimos anteriormente para demostrar que, por ejemplo, el Consejo de la Magistratura ya dilapidó seis de los 12 meses que tiene para resolver todos los casos que fueron de conocimiento del extinto Consejo de la Judicatura, en este caso se trata de asuntos disciplinarios.

Similar situación se demostró con asuntos que conoce el Tribunal Supremo de Justicia, institución que, de acuerdo a los esmirriados avances que lograron los magistrados liquidadores, podría concluir las causas en liquidación en más de nueve años, eso recurriendo a las cifras que mostraron para el primer trimestre y que, seguramente, serán ratificadas por el informe que se prevé brindar a la conclusión de los primeros seis meses de trabajo.

Antes no nos referimos a entidades como el Tribunal Agroambiental y el Tribunal constitucional Plurinacional porque, sencillamente, ambas instituciones parecen ser inexistentes. A más de las bochornosas declaraciones de uno de los magistrados del Tribunal Constitucional que señaló que recurría a la lectura de las hojas de coca para resolver los casos difíciles, parece que esa instancia no cuenta con ningún tipo de organización que anticipe y prometa algún resultado positivo como los que, aparentemente, esperaba el Gobierno nacional respecto al trabajo de esas entidades judiciales.

El caso del Tribunal Constitucional Plurinacional es ilustrativo respecto a la inobservancia e incumplimiento de la Ley de Transición. Hace poco acudimos a las oficinas de esta institución para intentar obtener alguna información estadística referida a la liquidación de causas, pero lamentablemente no conseguimos llegar hasta algún funcionario que supiera dar razón sobre nuestra inquietud, pero, contrariamente, observamos que la burocracia aumentó en niveles alarmantes, al punto que hay oficinas ocupadas por ocho y nueve personas y lo que resulta hasta risible es que muchos de ellos no saben ni qué hacen o deben hacer en ese lugar.

La Ley Nº 212, en sus artículos 20, 21, 22 y 23 se refiere a las obligaciones que debe cumplir el Tribunal Constitucional, una de ellas es la ya citada liquidación, de la cual no se tiene la más mínima sospecha en cuanto al número de causas despachadas; otra es la que hace referencia a que las autoridades de dicha institución deberían haber lanzado una convocatoria pública nacional, a concurso de méritos y examen de competencia para cubrir todos los cargos que tiene la entidad, empezando por el secretario general, director administrativo, cuerpo de asesores y todos los servidores y servidoras dependientes de la misma (artículo 21).

Para ello, la citada ley otorga 90 días a partir de la posesión de sus autoridades (3 de enero de 2012) con el objeto de que elaboren el Reglamento de Funciones y Requisitos de Designación de toda la planta de funcionarios del Tribunal, pero hasta la fecha esa instancia judicial no dio muestras de intentar, por lo menos, institucionalizar a su personal, lo único que en apariencia han hecho (y muy bien) es atiborrar de gente sus oficinas, pero sin saber si son o no idóneos para los cargos y las características del trabajo que se exige en la mencionada institución.

Me preguntó ¿habrán acudido a las hojas de coca para verificar la competencia de la multitud de funcionarios que contrataron? O, como no cualquier “gil” está capacitado para acceder a la lectura de la hoja sagrada, ¿seremos “giles” todos los bolivianos y estas lumbreras nos quieren meter gato por liebre? ¿Será posible que la afamada coca permita vislumbrar el futuro y obtener salidas legales sin necesidad de consultar las manidas e incumplidas normas nacionales? ¿Será el Tribunal Constitucional Plurinacional el oráculo que permitirá desentrañar todas estas dudas e inquietudes que persiguen a mi ser animado y pedestre?

Esperemos que así sea.

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