La Gaceta Jurídica

Administración de justicia: suma y sigue

Realidades jurídicas

Gabriel Peláez G.

00:00 / 07 de marzo de 2014

Los trascendidos y las realidades referidas a la función de administrar justicia han alcanzado, tras los últimos hechos, una dimensión tal que, en buena manera, nos lleva al asombro, pero también hasta la vergüenza.

Comencemos anotando que nada menos que un Presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional (tcp) comienza denunciando en un medio televisivo que sus teléfonos estaban controlados por oficinas de inteligencia del Gobierno. Poco después dice lo contrario, destacando que lo sacaron de contexto. Luego añade que, en razón de esos y otros hechos, ha resuelto presentar su renuncia. Y la “novela” sigue… Debo aclarar –destaca– que, en cuanto a mi renuncia, ésta no es irrevocable. Si la Sala Plena del Tribunal me lo pide, estoy dispuesto a “reasumir” mis funciones (¿!).

Y la cosa no termina ahí. La prensa, al informar sobre la final aceptación de la renuncia, detalla que el expresidente del Tribunal Constitucional intentó, a última hora, “el retiro” de su carta de renuncia. ¿Hasta dónde más?

Pero se sumaron otros hechos. El singular magistrado de este tribunal, Gualberto Cusi, sale a los medios de comunicación para denunciar lo que califica de “trampa” en la renuncia del ex Presidente del Tribunal Constitucio- nal, destacando que, al utilizar la misma en Sala Plena, intentará, en la realidad, una especie de reelección.

Luego, al ponerse en abierta pugna con personeros del Gobierno central, éstos lo acusan de “conspiración” (no se sabe exactamente contra qué) e, incluso, dirigentes de los ayllus a los que supuestamente pertenece el magistrado amenazan con marchar hasta Sucre y sacarlo del cargo.

Por último, el magistrado aludido se declara en la “clandestinidad” y se niega a formular declaraciones a la prensa. Para continuar el glosario de anécdotas, antes había intentado sin éxito, desde luego, mediante una nota eliminar su firma de un sonado fallo del Tribunal Constitucional en el tema del aborto, tras que el mismo ya llevará su rúbrica.

Antes de que se sucedieran aquellos hechos conformando una verdadera “cadena de bochornos”, había también renunciado, sólo que en forma irrevocable, el Presidente del Tribunal Supremo de Justicia (tsj).

A su vez, para no quedar atrás, en el Tribunal Agroambiental los vocales piden la renuncia del Presidente de esta instancia. Éste tiene otra respuesta que se suma al anecdotario. Dice que él no tiene motivos para renunciar (a lo que está en su derecho) y que saldrán en su defensa los movimientos sociales de los ayllus respectivos, porque, finalmente, fueron éstos los que determinaron su elección. (¿Gran sistema no es verdad?).

Y la cereza sobre la torta. En el distrito de Potosí varios jueces, en sus respectivos despachos, fueron encontrados in fraganti bebiendo y en estado etílico rodeados de botellas de whisky.

Entre tanto y en medio de este cúmulo de desaciertos y de insensateces, ha surgido incluso entre algunos legisladores la idea de aprobar una ley que disponga la “revocatoria” de los mandatos de aquellos magistrados elegidos, cuando por primera vez se estaba dando cumplimiento a lo que dispone el texto del artículo 183 de la nueva Constitución Política del Estado (cpe), artículo 188 de la misma, así como los artículos 194 y 200 de la misma ley fundamental.

Precisamente por lo que acabamos de anotar, o sea el tenor de los textos constitucionales, el proyecto de la mencionada ley de revocatoria de los mandatos es abierto y claramente inconstitucional, por lo que resulta fuera de toda lógica jurídica insistir en su próxima aprobación.

Por otra parte, aquella ni siquiera puede mostrarse como una de las posibles soluciones que se busca a esta gravísima crisis de la administración de justicia. ¿No se ha pensado acaso que un simple cambio de personas (magistrados) por otras no acaba haciendo otra cosa que retornar el esquema al mismo sitio?

¿No se ve que ese cambio deja subsistente toda la estructura orgánica judicial y en nada, pero en nada, cambia los vicios arraigados dentro el respectivo órgano del Estado?

El otro detalle se refiere a la reforma ya comenzada de la codificación nacional.

Se ha emprendido aquella tarea comenzando por el Código Procesal Civil, o sea uno de los Códigos Adjetivos y que con mayor frecuencia deberán aplicar los magistrados y jueces. Lamentablemente aquel cuerpo de leyes resulta, en la práctica, otro hecho aislado en el contexto de la aguda crisis de la administración de justicia. Su vigencia no ha formado parte de un trabajo de carácter integral.

Y es que sigue faltando una revisión completa de la temática, que incluso llegue a empezar por la enseñanza de los futuros abogados en las carreras de Derecho de las universidades públicas y privadas. En este último campo, no se ha avanzado nada. Peor aún, en los hechos ni siquiera se ha comenzado y tampoco se ha avanzado planes básicos para apuntar al menos a ciertos parámetros.

Pensamos que la función de administrar justicia no sólo ha descendido a niveles realmente preocupantes, sino que ha llegado incluso a lo risible, Y este detalle es realmente intolerable, no sólo para Bolivia, sino para cualquier país del mundo.

Es urgente que, tanto los organismos del Estado en su conjunto como los que representan a la sociedad civil, aúnen esfuerzos y voluntades en busca de soluciones rápidas y prácticas. Ya no es posible continuar añadiendo leña al fuego y llenándonos de puros discursos, de puras poses demagógicas. Ya dejémonos de engañarnos tratando de mostrar al Órgano Judicial como “independiente”.

Es abogado analista de la constitucionalidad.

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