La Gaceta Jurídica

Agenda legislativa

La perfectibilidad de las leyes no deberá convertirse en un inacabable procedimiento que sigue a cada norma después de su promulgación cuando ésta ha sido observada sectorialmente; para evitar esto se apela a la socialización de cada propuesta de ley, pero las discusiones suelen ser muy sectarias o insuficientes hasta su imposición…

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01:00 / 09 de diciembre de 2011

Según versiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional (alp), en la gestión que termina, 2011-2012, se ha logrado la aprobación del 80 por ciento de las leyes que se encontraban en agenda y que la proporción faltante pudo haberse demorado debido a que la coyuntura provoca un cambio de planes, por lo que se debe atender otras normas inmediatas o urgentes. Del mismo modo, en esa evaluación preliminar sobre el trabajo de este año se tuvo la certeza de percibir que para las siguientes gestiones se tendrá que preparar una agenda más completa que planifique el trabajo hasta 2015, año en que concluirá funciones esta legislatura.

En este sentido, la planificación es necesaria para que en este periodo de elaboración y renovación del sistema jurídico nacional se avance con paso seguro y sin apresuramientos que no correspondan por la trascendencia del trabajo. Sin embargo, esta programación de actividades debe tener la suficiente elasticidad para permitir variaciones ineludibles e importantes, más aún cuando se pretende que este plan sea elaborado en la “cumbre social”, con la participación de organizaciones que asistan al encuentro que se inicia el 12 de diciembre.

No obstante, este intento “participativo” puede convertirse en un espantajo de por lo menos dos cabezas, pues es posible que las organizaciones ligadas al partido de gobierno vayan a poner en relieve de manera autoritaria propuestas no consensuadas y de beneficios sectoriales, tal como se muestra en el caso de la construcción de la carretera a través del Tipnis, violando la garantía constitucional sobre las áreas protegidas, apelando a presuntos argumentos de desarrollo en el sentido liberal de hace más de medio siglo.

En la otra cabeza, las responsabilidades del régimen que administra el Estado serán apoyadas en presuntas demandas populares, atribuyendo a unos la representación mayoritaria para exigir aprobaciones de proyectos en la Asamblea Legislativa. De esta forma se ha obrado en algunos aspectos, “reinterpretando” postulados de la actual Constitución, alegando sentidos que luego se convierten en contradicciones en la misma ley fundamental.

Otra de las deficiencias que deberá ser considerada en la organización del futuro trabajo legislativo es la relacionada con los “parches” que se suceden en las leyes ya promulgadas, esto requerirá de un tiempo variable que retrasará el trabajo como sucedió en esta gestión, pues la falta de discusión profunda puede derivar en situaciones como, por ejemplo, los cambios que se hace a la Ley de Autonomías o la reglamentación prolongada de las normas (esto sin contradecir que cada regulación es perfectible).

En todo caso, la perfectibilidad de las leyes no deberá convertirse en un inacabable procedimiento que sigue a cada norma después de su promulgación cuando ésta ha sido observada sectorialmente; para evitar esto se apela a la socialización de cada propuesta de ley, pero las discusiones suelen ser muy sectarias o insuficientes hasta su imposición en las cámaras legislativas, lo que trae repercusiones. Particularmente es de cuidado el tratamiento que se debe dar a las leyes faltantes del sistema judicial, pues la construcción de códigos y normas relacionadas es delicada para que a partir de éstos sean interpretadas las medidas para toda la sociedad.

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