La Gaceta Jurídica

Alcance normativo de la inmunidad de jefes de Estado

El 21 de noviembre del 2001, a la luz del caso Al-Adsani versus Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos manifestó que “el principio de inmunidad sostiene como apoyatura fáctica el principio par in parem non habet imperium” (1), el cual pregona que no existe jurisdicción entre iguales, afianzando el principio de igualdad soberana de los Estados.

Las inmunidades de representantes ante algunos organismos internacionales las regula la ONU.

Las inmunidades de representantes ante algunos organismos internacionales las regula la ONU. Foto: panelnaranja.es

La Gaceta Jurídica / Mijhail Pavel Pardo Lafuente

00:00 / 23 de julio de 2013

El Derecho Internacional, punto de inflexión evaluativa, reconoce un cierto número de privilegios a los gobernantes, que constituyen un régimen propio de inmunidades que les permiten evitar la aplicación del Derecho común. Robespierre defendía en cambio la necesidad de la responsabilidad individual de los dirigentes de la nación y, en su proceso sumario, cierto es que no pudo hacer valer ningún tipo de inmunidad respectiva (2).

Sin perjuicio de lo anterior, ello no constituye bajo ninguna óptica la regla habitual hoy, en Derecho Internacional, cuando se plantea la posibilidad de juzgar a un gobernante ante tribunales extranjeros. Sólo puede ser considerado, y en ciertos casos, como la excepción a la regla.

Ahora bien, la identificación entre Estado y jefe de Estado, ilustrada por la conocida expresión de Louis XIV “L’Etat, c’est moi” (el Estado soy yo) (3) ha sido superada y aunque se halle en el origen de las inmunidades, no constituye fundamento valedero contemporáneo. Hoy se admite de forma general que la inmunidad de los jefes de Estado es más amplia que la de los Estados propiamente.

Encontramos la razón en la distinción ciertamente nítida de las dos inmunidades, la que concierne los actos oficiales y la que concierne los actos privados. En tal entendido, a prori, es preciso señalar que cuando nos referimos al principio de inmunidad es necesario enfatizar que éste no sólo abarca las actividades instrumentalizadas por el Estado en cuestión, sino también aquellos actos cometidos por altos funcionarios de un determinado Gobierno, téngase al respecto el jefe de un Estado, los miembros del servicio diplomático y consular, los ministros de Relaciones Exteriores y otros ministros cuya travesía se halla enmarcado en misiones oficiales al exterior.

A su vez, a diferencia de las inmunidades funcionales, las inmunidades personales, al ser inmunidades otorgadas al agente estatal que desempeña sus funciones en el exterior, sólo podrán ser invocadas vis-à-vis (cara a cara) por el Estado en el que el agente se encuentre desempeñando sus funciones (ello, preciso aclarar, principalmente en el caso de los agentes diplomáticos, mas no en el caso de los jefes de Estado, jefes de gobierno y, de ser el escenario, algunos ministros del gabinete) (4).

Bases de evolución

En secuencia referencial a los jefes de Estado y en concreto quienes se encuentran en actividad, el principio de inmunidad de los mismos ha sido objeto de una evolución a lo largo del desarrollo del Derecho Internacional stricto sensu (marco jurídico-histórico). En base a ello, dicha evolución ha implicado tanto la despersonificación de la figura del Estado en su máxima autoridad (lo que ha dado lugar a inmunidades diferenciadas entre el Estado, por un lado, y el jefe de Estado, por otro) así como a una restricción de este principio.

La sentencia de 1812 de la Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso de The Schooner Exchange versus McFaddon (5) fue emblemática en este sentido, en cuanto sentó las bases para una evolución del principio de inmunidad que llevó a la afirmación de la existencia de una teoría restringida del principio de inmunidad, por lo que se distingue claramente la naturaleza de los actos llevados a cabo por el Estado, identificando claramente los actos privados, de naturaleza comercial o actos ius gestionis (el Estado actúa como particular), por un lado, y los actos públicos de carácter oficial o actos  ius imperii (el Estado actúa como Estado), por otro.

Las fuentes de este principio han sido reguladas desde la génesis de su constitución por el Derecho internacional consuetudinario; no obstante de ello con el desarrollo de las inmunidades separadas se posibilito la regulación convencional de algunas de ellas, como es el caso de la inmunidad del Estado (regulada en diversos instrumentos de signo normativo tales como la Convención de Naciones Unidas sobre Inmunidades Jurisdiccionales de los Estados y de sus Bienes, la Convención Europea sobre Inmunidad Estatal y diversas espectros jurídicos de carácter interno que regulan el principio de inmunidad de Estados extranjeros y la inmunidad de los agentes diplomáticos y consulares, regulada ésta última tanto por la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares respectivamente).

Inmunidades

También están las inmunidades de los representantes ante algunas organizaciones internacionales, cuyo ejemplo regulador contempla las inmunidades acordadas a algunos funcionarios de la Organización de Naciones Unidas (onu) según los términos del artículo 105.1 de la Carta de Naciones Unidas, o las inmunidades acordadas a los magistrados, fiscales adjuntos y secretarios de la Corte Penal Internacional, en concordancia con lo dispuesto por el artículo 48 del Estatuto de Roma convenientemente.

A su vez, cabe hacer referencia a la Convención sobre las Misiones Especiales del 8 de diciembre de 1969, la cual regula en su artículo 21 la inmunidad de los jefes de Estado que participan en misiones especiales. No obstante, esta última no abarca el amplio espectro de actividades de los jefes de Estado ni mucho menos los aspectos del principio de inmunidad y han sido proclive dentro del contexto analítico local-internacional (caso avión presidencial del presidente Morales del Estado Plurinacional de Bolivia) de una serie de interpretaciones alegóricas en detrimento de la validez normativa y alcance jurídico de la misma (6).

Ante este escenario, la jurisprudencia  lato sensu ha generado el principal aporte a la regulación del principio de inmunidad de los jefes de Estado.

Una imperiosa precisión conlleva a concentrarnos en el fundamento de este principio en correlación a las escuetas evaluaciones vertidas. De modo general, este consiste en permitir que el sujeto que goza de ese privilegio pueda ejercer sus funciones de manera cabal e independiente.

En este sentido, la justificación radica en facilitar las relaciones entre los Estados, Estados que son iguales ante el Derecho internacional. Así, podemos identificar este fundamento en el cuarto párrafo del Preámbulo de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, adoptada el 18 de abril de 1961, el cual señala lo siguiente:

“Reconociendo que tales inmunidades y privilegios se conceden, no en beneficio de las personas, sino con el fin de garantizar el desempeño eficaz de las funciones de las misiones diplomáticas en calidad de representantes de los Estados” (7). Tal como señala Broomhall, jurisconsulto británico, este mismo fin funcional e impersonal se aplica, mutatis mutand (cambiando lo que se deba cambiar) a la figura del jefe de Estado, así como a otros altos funcionarios.

Notas

1. Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sentencia del 21 de noviembre del 2001, caso Al-Adsani c. Reino Unido, párrafo 54. www.uma.es/Investigadores/Grupos/incodeum/Archivos/DDHH

2. García Linera Álvaro, “El Estado campo de Lucha”, Muela del Diablo Editores, Clacso, La Paz, Bolivia 2010, Pág. 6.

3. Barahona Mejía Valentín, “El Estado soy yo, Luis VIX, rey de Francia” El Nuevo Diario, Miércoles 03 de febrero del 2009. http://impreso.elnuevodiario.com.ni/2009/02/03/opinion/94767.

4. Corte Suprema de Chile, sentencia del 11 de julio de 2007, Sentencia del Juez O. Álvarez sobre la extradición de Alberto Fujimori, pág. 34.

5. Hasson, Adam Isaac, “Jurisdicción extraterritorial y Soberana inmunidad ante los Tribunales”, Universidad Internacional de Boston y Derecho Comparado, Vol. 25, N° 1, 2002, pág. 6.

6. Diario de Circulación Nacional, “La Razón”, opinión especializada en entrevista a Julio Jiménez Alcócer, especialista en Derecho Internacional, 02 de julio de 2013.

7. La Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas es un tratado internacional que regula las relaciones diplomáticas entre los países y la inmunidad del personal diplomático. Fue adoptada el 18 de abril de 1961 en Viena (Austria) y entró en vigor el 24 de abril de 1964.

Es estudiante asociado del Instituto de Estudios Internacionales IDEI-Bolivia.

Tomado de: Revista del Instituto de Estudios Internacionales IDEI-Bolivia, año 3, Nº 64, julio de 2013.

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