La Gaceta Jurídica

Alfabetismo y Constitución

…es obvio suponer que mucha gente no vuelve a inscribirse o que todavía existe abandono, por lo que se debe apelar a los artículos constitucionales para aplicar programas que deben ser complementarios para la motivación, porque el Estado debe garantizar la permanencia de la población en el sistema educativo.

Editorial

00:00 / 25 de marzo de 2014

El 20 de diciembre de 2008 el presidente Evo Morales declaró a Bolivia “territorio libre de analfabetismo”, luego de una actividad de enseñanza de lectoescritura iniciada el 13 de abril de 2006, cuando se estableció el Programa Nacional de Alfabetización “Yo Sí Puedo” mediante el Decreto Supremo Nº 28675. Con este trabajo se alcanzó la cifra de 819.417 personas graduadas de un primer nivel, es decir que habían aprendido a leer y escribir.

Posteriormente, el 11 de febrero de 2009 se emitió el Decreto Supremo 0004 que creó el Programa Nacional de Post Alfabetización (pnp) “Yo, Sí Puedo Seguir”, con, precisamente, el objetivo que continuar la formación de las personas que habían logrado superar el obstáculo de ser iletradas.

Todo esto estuvo apoyado en lo establecido por la Constitución Política del Estado (cpe) que, en su Artículo 77.I, señala que “la educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla”. Además, el artículo 82.I de la ley fundamental instituye que “el Estado garantizará el acceso a la educación y la permanencia de todas las ciudadanas y los ciudadanos en condiciones de plena igualdad”, y el artículo 84 indica que “el Estado y la sociedad tienen el deber de erradicar el analfabetismo a través de programas acordes con la realidad cultural y lingüística de la población”.

En este marco, el pasado viernes, al recordarse el lanzamiento del PNP en la comunidad de Chipaya de Oruro, el 22 de marzo de 2009, se dio a conocer los resultados alcanzados hasta ahora, con las personas matriculadas en el plan de estudios del nivel primario, pues 111.167 vencieron el segundo de primaria; 66.824 el tercero; las agencias no informan sobre el cuarto; 32.103 el quinto y 24.713 el sexto, éstas últimas concluyeron la primaria y podrán continuar estudios secundarios hasta el bachillerato.

Estos resultados son bastante alentadores en el desarrollo de estos programas de alfabetización, pues, hasta el momento, han logrado que miles de personas salgan de la oscuridad que significa la falta de instrucción básica, con posibilidades de que se convierta en superior si se tiene la voluntad y las posibilidades de seguir adelante. Otro punto positivo es que el 70 por ciento de la matriculación corresponde al sexo femenino.

Es precisamente en el tema de seguir adelante que el Estado, a través de los mecanismos e instancias con las que desarrolla los programas de alfabetización y continuidad de estudios, debe hacer mayor énfasis para “recaptar” a las personas que fueron parte del primer escalón, porque, de las más de 800.000 conocidas cuando se declaró al país libre del analfabetismo, sólo alrededor de la mitad siguió los cursos restantes hasta finalizar la primaria, además que, según los guarismos citados, existe cada vez menor cantidad de alumnos y alumnas promovidas al grado superior.

Si bien la información no da cuenta exacta de lo que sucede, es obvio suponer que mucha gente no vuelve a inscribirse o que todavía existe abandono, por lo que se debe apelar a los artículos constitucionales para aplicar programas que deben ser complementarios para la motivación, porque el Estado debe garantizar la permanencia de la población en el sistema educativo.

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