La Gaceta Jurídica

“Ambiciosa pero poco eficaz”

Norma sobre trata de personas

Los grupos más vulnerables para este delito son mujeres, niñas y niños.

Los grupos más vulnerables para este delito son mujeres, niñas y niños. Foto: histeriqasmufasyotras.blogspot.com

Periódico Digital Pieb

00:00 / 18 de abril de 2014

La trata y tráfico de personas es un delito cuya persecución está sustentada en una norma teórica “ambiciosa” pero poco eficaz al momento de investigar e intervenir en estas situaciones, según los sociólogos Pamela Alcócer y Franco Gamboa, en su investigación “Ensayo Sobre la Tristeza. Derechos Humanos y Problemas de Trata de Personas en Bolivia”.

Gamboa explicó que el estudio verificó que la trata y tráfico de personas es una forma de esclavitud moderna a nivel mundial; que existe debilidad institucional del Estado para garantizar derechos fundamentales a los ciudadanos; que hay revictimización desde las instancias públicas hacia las víctimas y sus familiares; que entidades como la Defensoría del Pueblo o la Asamblea de Derechos Humanos de Bolivia enfrentan ineficiencia, y que existe una sobre politización al actuar en defensa de las víctimas.

Para ambos, la Ley contra la Trata y Tráfico de Personas “es un conglomerado de normas de carácter retórico, bastante ambicioso teóricamente pero poco eficaz en el ámbito organizacional para asegurar su implementación”. La norma involucra en la gestión de estos hechos a ocho ministerios que aparecen sin una función punitiva ni posibilidades de intervención en una investigación criminal.

En la intervención para la investigación de estos casos se expresa las debilidades citadas por Gamboa, como el hecho de que los operadores (fiscales, policías investigadores, empleados judiciales) muestran ineficiencia institucional al intervenir de manera tardía en los casos apremiantes.

Alcocer señaló que existen varios cuellos de botella administrativos que también obstaculizan la investigación policial, como la falta de personal y tecnología para elaborar retratos hablados (cuando no hay fotografía de la persona desaparecida) o la demanda de refrigerios, pasajes y viáticos de los policías a la familia de la víctima para “moverse” en una gestión.

“El nudo central del problema está en comprender que la trata y tráfico de personas en Bolivia reside en la incapacidad institucional del Estado al momento de efectivizar el cumplimiento de la ley; sabemos que existe una Ley contra la Trata y Tráfico de Personas pero es un conglomerado de normas de carácter teórico, es bastante ambicioso teóricamente, pero poco eficaz en el ámbito organizacional para asegurar su implementación…”, dice Alcócer.

Agrega que “todo es demasiado burocrático, obviamente que la desintitucionalización es uno de los problemas estatales graves, estimula que haya pérdida y ausencia de autoridad política e ideológica para conducir adecuadamente la defensa de los derechos humanos. Esta situación, a la vez, va a conducir a que los ciudadanos desconfíen de cualquier patrón de justicia”.

La intervención de los aparatos estatales en este caso muestra, a decir de los autores, un “Estado anómico” que se manifiesta en la violación a las garantías fundamentales de libertad y protección de derechos (debilidad institucional), la descomposición de instituciones clave, la existencia de alicientes a la impunidad y las condiciones de injusticia.

Testimonios sobre esa presencia estatal

“Una vez que supimos de la desaparición de mi hija, tuvimos que rogar a los policías para que presenten las denuncias e informes ante el fiscal, pero nos pidieron dinero antes de ponerse a trabajar. Hemos gastado en todo, timbres, memoriales, almuerzo para los policías, pasajes de transporte, viáticos y así intentamos movilizar los procedimientos porque de otra manera nadie interviene; es más, fuimos maltratados y algunos policías intentaron hacernos desistir de nuestra búsqueda”.

“Cuando mi hija desapareció a los 14 años tuvimos que rescatarla de una casa (a) donde iban los varones a emborracharse en Quillacollo, Cochabamba; la Policía me dijo que no podía hacer nada sin antes establecer la denuncia en La Paz, de donde es mi familia. Al rescatar a mi hija tratamos de olvidar la pesadilla, nadie quiso ayudarnos, ni las defensorías, ni el Defensor del Pueblo, de tal manera que tampoco deseábamos traumatizar más de lo debido a mi hija y preferimos dejar todo como estaba”.

El estudio abarca la trata y tráfico de personas como fenómeno sociológico y político; la conciencia internacional del problema y los pocos resultados en la práctica; la violencia estructural y las manifestaciones de “Estado anómico” en Bolivia; y una reflexión sobre la transgresión como forma de vida.

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